Tribunales nacionales deben abstenerse de sentar precedentes jurisprudenciales que generen un riesgo de impunidad sistémica para los delitos de fraude, por contravenir el derecho de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en virtud de una decisión prejudicial, que las normas nacionales sobre los plazos de prescripción de la responsabilidad penal deben permitir una prevención y una sanción eficaces. Así, los tribunales nacionales están obligados, en principio, a hacer caso omiso de las normas o jurisprudencia de su país que crean un riesgo sistémico de que los delitos de fraude queden impunes.

El caso versa sobre varios ciudadanos rumanos que fueron condenados a penas de prisión por los delitos de evasión fiscal y fraude. Presentaron sendos recursos ante el tribunal ad quem, alegando la prescripción extintiva de su responsabilidad penal en virtud de dos precedentes jurisprudenciales.

A raíz de esta jurisprudencia, durante 4 años el derecho rumano no contempló mecanismo procesal que pudieran interrumpir los plazos de prescripción para estos delitos. Por ende, los condenados, en vista de la fecha de los hechos delictivos, alegaron que el plazo de prescripción expiró antes de que sus condenas quedaran firmes, lo que implicaba el sobreseimiento de sus procesos penales.