Corte de Santiago rechaza nulidad y mantiene fallo que descartó relación laboral de manicurista y centro de estética

La tercera alegación cuestionó la valoración de documentos y testimonios. La recurrente mencionó, entre otros antecedentes, el certificado de nacimiento de su hijo, documentación médica, una ecotomografía obstétrica, certificados de cotizaciones previsionales, una cartola bancaria y documentos relacionados con el término de los servicios y el reclamo administrativo.

La Corte señaló que la causal del artículo 478 letra b) presupone una valoración de la prueba contraria a las reglas de la sana crítica. En cambio, la falta de consideración de determinados medios probatorios podría configurar eventualmente un defecto de fundamentación correspondiente a la causal del artículo 478 letra e), en relación con el artículo 459 N°4 del Código del Trabajo, que no fue invocada.

Además, precisó que la premisa de la recurrente no coincidía con lo efectivamente señalado en la sentencia. El fallo había considerado como declaraciones unilaterales posteriores al término de los servicios únicamente el aviso de término, su comprobante de envío y el reclamo ante la Inspección del Trabajo.

Los certificados médicos, el certificado de nacimiento y los antecedentes de cotizaciones habían sido descartados por una razón diferente: el tribunal estimó que, valorados en conjunto, no modificaban los hechos establecidos que sustentaban la conclusión de que no existía contrato de trabajo.

La cartola bancaria, en cambio, sí fue considerada para establecer la forma y los montos de la retribución. La prueba testimonial también fue analizada, explicándose que las testigos no tenían conocimiento suficiente de las circunstancias en que se desarrollaban los servicios. Por estas razones, la Corte descartó también este motivo de nulidad.

La cuarta alegación se refería a los conocimientos científicamente afianzados. La trabajadora cuestionó que el tribunal hubiera desestimado antecedentes médicos relativos a su embarazo, un cuadro de estrés y contracciones prematuras que habían motivado indicación de reposo.

Sostuvo, sobre la base de antecedentes atribuidos a la Organización Mundial de la Salud, que el estrés durante el embarazo podía asociarse a complicaciones obstétricas y que condiciones laborales precarias podían agravarlas. Añadió que la falta de consideración de estos elementos impedía identificar el motivo real de su autodespido.

La Corte recordó que los defectos que no influyen en lo dispositivo del fallo no producen nulidad. Por ello, para que este argumento pudiera prosperar debía demostrarse que la omisión denunciada habría cambiado la decisión.

El tribunal concluyó que ello no ocurría. La demanda había sido rechazada porque no se acreditó la existencia de subordinación y dependencia. Incluso aceptando la premisa científica planteada por la recurrente, los antecedentes médicos se referían al embarazo y a sus efectos en la salud, pero no permitían establecer las condiciones en que se desarrollaba la prestación de servicios, que constituía precisamente el aspecto decisivo del litigio.

Del mismo modo, el motivo del autodespido solo adquiría relevancia una vez establecida la existencia de un contrato de trabajo, circunstancia que el tribunal de primera instancia había descartado.

Por estas razones, la Corte concluyó que ninguno de los cuatro motivos demostraba una infracción manifiesta de las reglas de la sana crítica con influencia en la decisión y rechazó la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

La Corte rechazó también la causal subsidiaria del artículo 477 del Código del Trabajo, mediante la cual la trabajadora denunció infracciones a los artículos 7, 8, 162 y 201.

El tribunal recordó que esta causal permite revisar la correcta interpretación y aplicación de la ley sobre la base de los hechos establecidos en la sentencia. Tales hechos constituyen el presupuesto del recurso y no pueden ser modificados, agregados o reinterpretados por quien lo interpone.

En este caso, la recurrente había construido parte de sus argumentos sobre circunstancias que la sentencia no había establecido de esa manera. Entre ellas, que existía un horario regular con control de agenda y coordinación diaria, que una coordinadora interna era reconocida como jefa, que los grupos de WhatsApp eran administrados por la jefatura, que se impartían instrucciones operativas y organizativas y que la empresa controlaba el uso del uniforme.

También sostuvo que el tribunal había establecido que se encontraba embarazada al momento del autodespido y que esa condición era conocida por la empleadora.

La Corte precisó que tales afirmaciones no correspondían a las conclusiones fácticas asentadas en el fallo y que algunas incluso las contradecían. La sentencia había establecido que no se acreditó una obligación de asistencia, poder disciplinario, órdenes ni controles sobre la forma de ejecutar las labores, y que la agenda era flexible.

Por ello, concluyó que los argumentos del recurso se construían sobre una base fáctica distinta de aquella fijada por el tribunal del trabajo, lo que bastaba para desestimarlos.

Respecto de la supuesta infracción del artículo 7 del Código del Trabajo, la recurrente sostuvo que la sentencia había reconocido la prestación personal de servicios y el pago de una remuneración, pero había descartado la subordinación mediante una interpretación excesivamente rígida, al exigir elementos como control horario, instrucciones jerárquicas y reglamento interno.

La Corte recordó que el artículo 7 define el contrato individual de trabajo como aquel en que una persona presta servicios personales bajo dependencia y subordinación y recibe una remuneración. Precisó que la subordinación y dependencia es el elemento que diferencia el contrato de trabajo de otras formas de prestación de servicios y que debe determinarse a partir de los antecedentes de cada caso, sin que sea necesario que concurran todos los indicios posibles.

Sin embargo, concluyó que la sentencia no había aplicado la norma de manera restrictiva. El tribunal había identificado los antecedentes que normalmente pueden revelar subordinación y había analizado aquellos que efectivamente podían establecerse a partir de la prueba, sin exigir como requisitos indispensables un reglamento interno o un sistema de control horario.

A juicio de la Corte, la recurrente pretendía sustituir las conclusiones del juez sobre la prueba por las propias. Si estimaba que los hechos establecidos debían recibir una calificación jurídica diferente, esa alegación correspondía a la causal del artículo 478 letra c), que no fue invocada.

También se rechazó el argumento basado en el artículo 8 del Código del Trabajo. La recurrente sostuvo que la norma no había sido aplicada pese a que se habían acreditado hechos que permitían presumir la existencia de un contrato de trabajo y que el tribunal había impuesto indebidamente a la trabajadora la carga de demostrar una relación laboral formal.

La Corte explicó que el artículo 8 establece que toda prestación de servicios realizada en los términos del artículo 7 hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, con independencia de la denominación que las partes hayan dado a la relación.

Sin embargo, precisó que esa presunción requiere que concurran previamente los elementos que permiten configurar el contrato de trabajo, entre ellos la subordinación y dependencia, que en este caso el tribunal consideró no acreditada.

Además, descartó que la sentencia hubiera omitido aplicar el artículo 8, pues lo citó expresamente al desarrollar la doctrina sobre la presunción de existencia del contrato de trabajo y, a partir de ella, examinó los elementos del artículo 7.

Tampoco exigió acreditar un contrato escrito. Lo que se pidió a la demandante fue acreditar el vínculo laboral que alegaba, lo que no implicaba una infracción de la norma.

Finalmente, la Corte rechazó las alegaciones referidas a los artículos 162 y 201 del Código del Trabajo. La primera se relacionaba con la nulidad del despido por falta de pago de cotizaciones previsionales y el pago de remuneraciones hasta su convalidación, mientras que la segunda se refería al fuero maternal y a la compensación correspondiente.

El tribunal señaló que ambas consecuencias dependían de la existencia de un contrato de trabajo, que la sentencia había considerado no acreditado. Por ello, descartadas las infracciones a los artículos 7 y 8, los artículos 162 y 201 tampoco resultaban aplicables.

Agregó que, además, la sentencia no había establecido el conocimiento del embarazo por parte de la demandada en los términos que suponía el recurso.

En consecuencia, la Corte concluyó que no se configuró la causal principal ni ninguno de los motivos de la causal subsidiaria y rechazó el recurso de nulidad.

De este modo, la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago no es nula. El recurso fue rechazado sin costas.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°2695-2025 (Laboral – Cobranza).