Plazo de dos años rige para reclamar indemnización por despido cuando se discute la existencia de una relación laboral

La Corte Suprema acogió un recurso de queja interpuesto contra integrantes de una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y dejó sin efecto las resoluciones que habían declarado la caducidad de la acción de cobro de la indemnización sustitutiva del aviso previo presentada por una trabajadora contra su empleador. El máximo Tribunal concluyó que no correspondía aplicar el plazo de caducidad de las acciones derivadas del despido, debido a que la demandante solicitaba previamente que se reconociera la existencia de una relación laboral cuya naturaleza estaba controvertida.

La controversia se originó cuando una trabajadora demandó a su empleador ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, solicitando el reconocimiento de una relación laboral, la declaración de despido indirecto y nulidad del despido, además del pago de indemnizaciones y prestaciones adeudadas.

Según expuso, trabajó desde abril de 2025 como operaria multifuncional en un local de venta de jugos, bajo subordinación y dependencia, pero sin contrato escrito. En febrero de 2026 rechazó una propuesta de contrato que no reconocía su antigüedad ni el carácter indefinido del vínculo. Ante el incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, decidió autodespedirse y posteriormente presentó un reclamo ante la Inspección del Trabajo, que, a su juicio, suspendía el plazo para demandar.

Sin embargo, el tribunal declaró de oficio la caducidad de la acción por indemnización sustitutiva del aviso previo, al considerar que habían transcurrido más de 60 días hábiles desde el autodespido y que el reclamo administrativo no suspendía ese plazo. Las demás pretensiones quedaron pendientes. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión, con el voto en contra de uno de sus integrantes, quien estuvo por permitir la tramitación de todas las acciones.

La trabajadora interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema, alegando que los jueces incurrieron en falta o abuso grave al declarar la caducidad de su acción. Sostuvo que, al solicitar primero el reconocimiento judicial de una relación laboral, las indemnizaciones derivadas del despido dependían de esa declaración, por lo que correspondía aplicar el plazo de prescripción de dos años del artículo 510 del Código del Trabajo y no el de caducidad previsto en los artículos 168 y 171, invocando jurisprudencia del máximo Tribunal.