Corte de Santiago reemplaza multa de 20 UTM por amonestación a Chilevisión por reportaje sobre presunto violador de TikTok

En cuanto al marco normativo, la Corte recordó que el artículo 1 de la Ley N°18.838 encomienda al CNTV fiscalizar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, asegurando que sus contenidos respeten la democracia, el pluralismo, la paz, la familia, el desarrollo regional, el medio ambiente, los pueblos originarios, la formación de niños y jóvenes, la dignidad humana, la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes.

Asimismo, señaló que el artículo 7 de las Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión exige informar sobre delitos, catástrofes y vulneraciones de derechos respetando la dignidad de las personas y evitando el sensacionalismo, la truculencia y la victimización secundaria. A ello se suman el artículo 19 N°4 de la Constitución, que protege la honra y vida privada, y el artículo 4 del Código Procesal Penal, que garantiza la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Finalmente, consideró el artículo 30 letra f) de la Ley N°19.733, sobre hechos de interés público, y el artículo 33 de la Ley N°18.838, que establece sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones, desde amonestaciones hasta la caducidad de la concesión. Las multas parten en 20 UTM y pueden alcanzar 200 UTM para determinadas concesionarias regionales, locales o comunitarias y 1.000 UTM para servicios nacionales, con posibilidad de duplicar el máximo en caso de reincidencia.

La Corte constató que el reportaje, emitido el 5 de julio de 2025 y realizado por el periodista Guillermo Toro, abordó la investigación contra un hombre que presuntamente contactaba a menores de edad mediante redes sociales. Aunque en algunos pasajes se reconocía su condición de imputado, en otros se le identificaba directamente como violador o pederasta, sin existir una condena firme por los hechos investigados. Además, un funcionario policial mencionó tres causas anteriores vinculadas a delitos sexuales en la Región del Biobío, sin precisar sus características ni su estado procesal.

El tribunal también estableció que se exhibieron imágenes de la fachada y parte del interior del domicilio durante la detención, además de una fotografía familiar con los rostros de terceros difuminados. Aunque no se informó la dirección exacta, sí se mencionó la comuna. Por ello, descartó que el CNTV hubiera incurrido en un error de hecho, pues las reclamantes reconocieron la difusión de esas imágenes y solo discreparon sobre la suficiencia de las medidas adoptadas para proteger la identidad de los involucrados.

Asimismo, rechazó que el interés público de la noticia permitiera justificar cualquier tratamiento informativo. Explicó que los medios pueden informar sobre investigaciones penales en curso, pero ello no los autoriza a anticipar un juicio de culpabilidad que corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia.

En esa línea, precisó que la libertad de emitir opinión e informar, garantizada por el artículo 19 N°12 de la Constitución, se ejerce sin censura previa, pero está sujeta a las responsabilidades posteriores que establezca la ley por los abusos cometidos en su ejercicio.

También desestimó el cuestionamiento a la competencia del CNTV, señalando que el organismo no había dictado una resolución judicial destinada a proteger derechos fundamentales de un particular, sino que ejerció las facultades de fiscalización y supervisión que le reconocen la Constitución y los artículos 1, 12, 13 y 33 de la Ley N°18.838.

Respecto de la fundamentación de la sanción, la Corte reconoció que uno de los apartados de la resolución administrativa era breve, pero sostuvo que el acto debía examinarse en su conjunto. Desde esa perspectiva, concluyó que contenía una descripción detallada de los hechos, identificaba las normas aplicables, explicaba las razones de la infracción y abordaba los argumentos relativos a la libertad de informar y la ausencia de intencionalidad, cumpliendo así las exigencias de motivación de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

La Corte coincidió con el CNTV en que se configuró la infracción, pues el reportaje no adoptó los resguardos necesarios para proteger la honra de una persona que aún no había sido condenada. Explicó que la presunción de inocencia, reconocida en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, no solo rige durante el proceso penal, sino que también impide tratar públicamente como culpable a un imputado. Por ello, identificarlo como violador ante una audiencia nacional afecta su reputación, independientemente del resultado posterior de la investigación, y contraviene el deber de informar respetando la dignidad humana.

Asimismo, el tribunal advirtió una afectación de la vida privada del investigado y su familia, debido a la exhibición de imágenes de su vivienda, detención y grupo familiar, junto con antecedentes sobre su edad, estado civil, hijos y comuna de residencia. Consideró insuficiente difuminar los rostros de su esposa e hijos, pues la combinación de esos elementos permitía que personas de su entorno los identificaran. En consecuencia, concluyó que el reportaje comprometió tanto la honra del imputado como la privacidad de su hogar y familia, protegidas por el artículo 19 N°4 de la Constitución.

Aunque confirmó la existencia de la infracción, la Corte advirtió que el CNTV había calificado inicialmente la conducta como leve y luego la redujo a levísima, considerando que la concesionaria no registraba sanciones similares durante los doce meses anteriores y que el reportaje abordaba un hecho de interés general. Pese a ello, impuso una multa de 20 UTM sin justificar por qué descartaba la amonestación, sanción de menor gravedad contemplada en el artículo 33 de la Ley N°18.838.

El tribunal estimó que esta decisión vulneraba el principio de proporcionalidad, pues la sanción debía ser coherente con la calificación de la infracción. Además, recordó que el artículo 7 de la Resolución N°610 de 2021 del CNTV permite sustituir multas por amonestaciones, salvo cuando la ley exige necesariamente una sanción pecuniaria.

En consecuencia, la Corte de Santiago acogió parcialmente, sin costas, la reclamación de la Universidad de Chile y Chilevisión, sustituyendo la multa de 20 UTM por una amonestación, que consideró suficiente para cumplir la finalidad preventiva y sancionadora. En todo lo demás, confirmó la resolución del CNTV, manteniendo establecidas la infracción y la responsabilidad de la concesionaria.

La sentencia incluye una prevención del ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, quien sostuvo que la ley contempla expresamente un recurso de apelación contra las sanciones del CNTV, por lo que la revisión judicial debe abarcar tanto los hechos como el derecho, y no limitarse al control de legalidad del acto administrativo.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°438-2026 (Contencioso Administrativo).