Municipalidad deberá pagar cotizaciones adeudadas a trabajador que estuvo contratado a honorarios por más de nueve años

En consecuencia, cuando las cotizaciones ya fueron pagadas directamente por el trabajador, no corresponde ordenar nuevamente su entero, pues ello implicaría un doble pago y no existiría un daño previsional pendiente de reparación. La condena solo puede comprender aquellas cotizaciones que efectivamente permanezcan adeudadas.

La Corte agregó que una situación similar se produce cuando, en un contrato a honorarios celebrado originalmente con un organismo estatal, el prestador asumió expresamente mediante una cláusula contractual la obligación de pagar directamente sus cotizaciones. Debido al origen de la contratación y a la presunción de legalidad que inicialmente la amparaba, esa estipulación produce efectos jurídicos.

Si el trabajador asumió contractualmente esa obligación, cualquier deuda derivada de su incumplimiento no puede ser atribuida posteriormente al organismo público. Esta regla, sin embargo, no comprende las cotizaciones del seguro de cesantía, porque los trabajadores independientes no estaban obligados a enterarlas y, por tanto, ese pago nunca pudo entenderse incorporado a ese tipo de cláusulas. Una vez reconocida judicialmente la existencia de la relación laboral, corresponde al empleador solucionar esas cotizaciones.

De este modo, la Corte Suprema fijó como regla que el empleador debe pagar las cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía adeudadas. Tratándose de una relación inicialmente formalizada mediante contratos de prestación de servicios con un órgano de la Administración, esta obligación puede variar si el trabajador asumió contractualmente el pago o las enteró directamente, total o parcialmente.

Si no existe una cláusula que coloque esa obligación a cargo del trabajador y las cotizaciones tampoco fueron íntegramente pagadas por este, corresponde que sean enteradas por el empleador.

Respecto de los recargos derivados del pago tardío, el máximo tribunal efectuó otra distinción. Señaló que los organismos de la Administración del Estado que celebraron contratos a honorarios bajo una presunción de legalidad no podían pagar libremente las cotizaciones durante la vigencia del vínculo, debido a las normas y reglas presupuestarias que los rigen, y requerían que una sentencia reconociera previamente la existencia de la relación laboral.

Por esa razón, concluyó que no corresponde considerarlos como deudores morosos durante ese período ni aplicarles multas o intereses penales. Las cotizaciones adeudadas deben reajustarse según las normas respectivas, mientras que los intereses se devengarán desde que quede ejecutoriada la sentencia que reconoció el carácter laboral del vínculo y deberán calcularse conforme al Código del Trabajo.

En materia de seguro de cesantía, la Corte recordó que su financiamiento es tripartito y que, tratándose de trabajadores con contrato indefinido, contempla un aporte equivalente al 0,6% de la remuneración imponible de cargo del trabajador, otro de 2,4% de cargo del empleador y un aporte estatal.

En consecuencia, cuando no existen pagos de estas cotizaciones durante la relación laboral, corresponde al empleador enterarlas íntegramente, incluyendo tanto el porcentaje que era de su cargo como aquel que debió descontar oportunamente de las remuneraciones del trabajador.

En el caso concreto, se estableció que la relación laboral se extendió por más de nueve años y fue formalizada mediante una sucesión de contratos a honorarios. Durante el primer período del vínculo, el trabajador no había asumido contractualmente el pago de sus cotizaciones de salud, mientras que posteriormente se incorporó una cláusula que puso esa obligación a su cargo.

Los antecedentes demostraron, además, que el trabajador pagó cotizaciones de AFP durante gran parte de la relación laboral, aunque existían períodos impagos, mientras que las cotizaciones del seguro de cesantía no fueron enteradas durante toda la vigencia del vínculo.

Por ello, la Corte Suprema concluyó que correspondía ordenar el pago de las cotizaciones de salud que permanecieran impagas durante el período anterior a que el trabajador asumiera contractualmente esa obligación, de los períodos pendientes de cotizaciones de AFP durante la relación laboral y de todas las cotizaciones del seguro de cesantía devengadas durante la vigencia del vínculo.

Determinó así que la Corte de San Miguel se equivocó al eximir a la municipalidad del pago de esas prestaciones y acogió el recurso de unificación presentado por el trabajador.

Por su parte, la Municipalidad de Talagante solicitó unificar la jurisprudencia respecto del régimen jurídico aplicable a una persona contratada a honorarios para desempeñarse en un programa social financiado con recursos externos provenientes de un organismo público o privado y destinado a cometidos específicos.

La municipalidad sostuvo que durante la relación contractual el trabajador prestó servicios para programas financiados inicialmente por el Servicio Nacional de la Mujer y posteriormente por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ejecutados por el municipio. Alegó que se trataba de funciones no esenciales ni permanentes y que, por ello, correspondían a cometidos específicos regulados por el artículo 4° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y no a una relación sometida al Código del Trabajo.

La Corte Suprema rechazó este recurso porque la sentencia impugnada no contenía un pronunciamiento de fondo sobre la materia jurídica que la municipalidad pretendía unificar. El fallo recurrido se había limitado a señalar que los argumentos municipales partían de hechos distintos de aquellos establecidos en la causa y que, sobre la base de estos últimos, el Código del Trabajo había sido correctamente aplicado. Al no existir una interpretación jurídica sobre el punto específico planteado por la municipalidad, no era posible efectuar la unificación solicitada.

En consecuencia, el máximo tribunal rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia de la municipalidad y acogió el presentado por el trabajador, invalidando parcialmente la sentencia de la Corte de San Miguel.

En el fallo de reemplazo, mantuvo establecido que el trabajador prestó servicios bajo subordinación y dependencia durante todo el período reconocido judicialmente como relación laboral. Asimismo, precisó que no correspondía pronunciarse sobre la aplicación de la sanción de nulidad del despido, porque esa materia no formó parte del objeto sometido a unificación.

Finalmente, la Corte Suprema condenó a la Municipalidad de Talagante a pagar las cotizaciones de salud que permanezcan impagas correspondientes al período anterior a que el trabajador asumiera contractualmente su pago; las cotizaciones de AFP no enteradas durante la relación laboral; y las cotizaciones del seguro de cesantía adeudadas durante toda la vigencia del vínculo, equivalentes al 3% de la remuneración imponible correspondiente en cada caso.

Las cantidades adeudadas deberán pagarse con los reajustes establecidos por la legislación previsional y con intereses calculados conforme al artículo 63 del Código del Trabajo, los que se devengarán únicamente desde que la sentencia quede ejecutoriada. La Corte descartó la aplicación de multas.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº1.799-2025.