Riesgos psicosociales y prevención del suicidio laboral: un deber constitucional.

El suicidio laboral, entendido como el acto de quitarse la vida debido a condiciones laborales adversas o estresores propios del entorno de trabajo, representa un problema crítico en el ámbito de la salud ocupacional. Este fenómeno no es un evento aislado, sino el resultado extremo de riesgos psicosociales mal gestionados, definidos como condiciones derivadas del diseño, la organización y la gestión del trabajo que afectan negativamente la salud física, mental y social de los trabajadores (Moreno Jiménez & Báez León, 2010). La falta de prevención de estos riesgos no solo plantea desafíos éticos y de salud pública, sino que también infringe las obligaciones legales y constitucionales que exigen entornos laborales seguros y dignos.

En Chile, avances como la implementación del protocolo ISTAS 21 y, más recientemente, el protocolo CEAL-SM SUSESO, han permitido identificar algunos factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, el suicidio laboral sigue siendo invisibilizado como consecuencia directa de estas condiciones, incluso tras la promulgación de la Ley N° 21.643 (2024), conocida como «Ley Karin». Esta normativa, aunque aborda el acoso laboral, no reconoce explícitamente el suicidio como un desenlace posible de entornos laborales nocivos, lo que refleja una limitación significativa en las herramientas preventivas actuales. Desde una perspectiva psicológica, el sufrimiento psíquico relacionado con el trabajo a menudo se interpreta como un problema de salud común, desvinculándolo de su eventual origen laboral. Jurídicamente, esta omisión contraviene el deber de protección establecido en el Artículo 19 N°1 de la Constitución Política de Chile y el Artículo 184 del Código del Trabajo, que obligan a los empleadores a garantizar la integridad de los trabajadores.

El presente análisis argumenta que el suicidio laboral es una consecuencia previsible de la negligencia en la gestión de riesgos psicosociales, destacando la necesidad de estrategias preventivas integrales que aborden tanto las causas estructurales (jurídicas y organizacionales) como sus efectos psicológicos. A continuación, se delimitan los conceptos clave y se presenta la evidencia científica que sustenta esta relación.