Diario Constitucional

Acoso laboral en la administración

Ley Karin: Dificultades para su implementación en el sector público.

El debate sobre la aplicación de la Ley Karin en los procedimientos disciplinarios del sector público revela importantes tensiones entre la protección efectiva frente al acoso y el debido proceso funcionarial. Las interpretaciones contradictorias de la Contraloría sobre la sanción de destitución —siempre obligatoria o excepcionalmente sustituible— han generado incertidumbre jurídica y prolongación indebida de sumarios, vulnerando derechos fundamentales.

Por Francisco Aldunate Ramos·18 de octubre de 2025·8 min de lectura
Imagen: delsecanoradio.cl
Referencial

En su edición de 02 de octubre de 2025 se publicó opinión en la que me refería a las dificultades que he podido evidenciar en la implementación de la ley Karin en el sector público. Indicaba que una de estas dificultades se manifiesta en la correcta interpretación que se debe dar a infracciones de este tipo, atendida la interpretación armónica de las normas contenidas en el artículo 62 número 10 de la ley N°18.575, en relación con los artículos 84 letra l) y m)-sobre prohibiciones funcionarias- y 125, ambos de la ley N°18.834, dificultades que se ven alentadas por una contradictoria jurisprudencia emanada de Contraloría General de la República.

Esta opinión fue replicada por el abogado Alejandro Cárcamo Righetti, en columna de fecha 12 de octubre, a la cual me referiré a modo de mantener “vivo” este interesante debate.

En lo particular me ocupare de la opinión que entrega respecto de mi posición tendiente a prohibir la prórroga del plazo de indagatoria para este tipo de procedimientos y a la aplicación de una determinada sanción disciplinaria. Ciertamente mi opinión tendiente a buscar un cambio legislativo es un “exceso”, pero lo explico en la permanente creencia de que todos los problemas deben ser resueltos mediante leyes. En el caso de una correcta tramitación de sumarios administrativos en tiempo y forma no es un tema a resolver por vía legislativa, sino que, con un permanente compromiso de capacitación y formación de funcionarios, aunque, lamentablemente los recursos presupuestarios para ello resultan siempre escasos.

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