
EXTRADICIÓN
En cuanto a la relevancia internacional, resulta fundamental el principio de reciprocidad, aunque no exista tratado internacional entre los estados sobre la materia.

En cuanto a la relevancia internacional, resulta fundamental el principio de reciprocidad, aunque no exista tratado internacional entre los estados sobre la materia.

En Chile, las normas sobre extranjeros se disponen en el DL 1094 del 19 de julio de 1975.

Los beneficios otorgados por este concepto por el estado, deben constar en la ley de presupuestos con la finalidad de que anualmente puedan ser sometidos a revisión.

Pese a que los funcionarios públicos tienen su propio estatuto, son los tribunales laborales los que conocen sobre sus procesos de violación a las garantías laborales que los afecten.

En el año 2009 la ley 20337, modificó la constitución en su artículo 18, con la finalidad que la LOC respectiva incluyera el gasto electoral en el sistema electoral nacional.

Los nombramientos, retiros y ascensos están regulado en una ley orgánica constitucional.

Es en el estado de excepción constitucional cuando más se requiere que las distintas potestades públicas mantengan sus atribuciones, lo que genera un control ante posibles excesos.

Si bien el concepto es indeterminado en términos legales, no es posible ignorar las obligaciones esenciales que devienen de la protección internacional de los derechos de los niños y niñas, siendo inexcusable su inobservancia.

La separación entre la iglesia y el estado, permite que cada persona que pudiera investirse como presidente de la república, manifieste, con total libertad, el compromiso a servir fielmente los intereses de la nación, inspirado en algún credo o en la laicidad.

Es el poder-deber del estado, realizado por los tribunales competentes, en que determina el derecho de las partes, dirimiendo conflictos y litigios, determinando su resolución bajo la autoridad de la cosa juzgada y ejecutándola.

En general debe entenderse en una aplicación general a autoridades públicas, y de forma restringida a los jueces de la república.

Nº 19.640 Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Publico.

Es el DL 211 el que fija normas para la defensa de la libre competencia, en ella se establecen las funciones de la Fiscalía Nacional Económica, quien supervigila el cumplimiento de dicho DL, actuando como parte ante el Tribunal Económico para perseguir los delitos económicos que detecte.

Se entiende como la actuación formalizada de la Administración del estado.

En la organización local, a nivel comunal, es la máxima autoridad. Su elección es por votación popular.

La condición de una persona de no poseer nacionalidad, es contraria a los tratados internacionales y a todo derecho humano.

En nuestro país este sistema se ha utilizado solo respecto de votaciones presidenciales, a partir del año 1999 ininterrumpidamente.

Se consagra en el artículo 19 n°3, inciso 6, pero se extiende como un principio que cruza toda disposición procesal.

La constitución se refiere a la derogación en el artículo 66, en que señala que para efectuarla se requieren ciertos quorum, dependiendo la materia de la norma.

El Ministerio Público, está dirigido por un Fiscal Nacional, quien tiene la jefatura superior de dicho organismo, existen también fiscales regionales, quienes representan el mandato legal del ministerio público en cada región del país.

Su finalidad no solo es el depósito de valores, sino también su custodia, recaudación y, por supuesto, la distribución.

Se diferencia indulto de administía, ya que ésta última corresponde a un beneficio otorgado a quien nunca ha cometido un delito.

Las normas que rigen la inhabilidad son de derecho estricto, por ende, no pueden ser creadas otras que la ley señala.

Cuando es el presidente quien inicia el proceso de formación legal, el proyecto que se ingresa se denomina “mensaje”, cuando lo hacen los parlamentarios se denomina “moción”, así lo indica el artículo 65 de la carta magna.

El a quo se refiere el juez que ha emitido una sentencia frente a la cual se ha interpuesto un recurso o apelación. El ad quem hace referencia al juez superior (tribunal en este caso) frente al que se interpone el recurso o la apelación.

las personas tenemos la especial característica de tener discernimiento, lo cual se entiende como un juicio que se basa en la razón que permite distinguir cuáles conductas son correctas y cuáles no. En el ámbito del derecho existen diferencias de importancia al momento de sancionar una conducta que se realizó de forma contraria a la […]

Facultad legal que permite a los bancos el denegar información de transacciones que sus clientes, a terceros ajenos que no cuenten con un motivo justificado judicialmente para obtener esta información

Se encargan principalmente de la protección a los derechos fundamentales del imputado, la víctima y los testigos.

Los tratados pueden versar sobre temas económicos, políticos o sociales y pueden estar o no escriturados.

Dictados en periodos de ausencia, conflicto o quiebre constitucional y son generalmente de carácter temporal