Tema
Procedimientos disciplinarios
La Contraloría General de la República impartió instrucciones a los organismos y servicios públicos sujetos a su fiscalización sobre la tramitación de sumarios administrativos, investigaciones sumarias y procedimientos sancionatorios especiales.
09 de octubre de 2026
Tecnología y prevención de riesgos laborales
El organismo fijó nuevos criterios para el uso de tecnologías que detectan somnolencia, fatiga o distracción con fines preventivos. Estableció que estos mecanismos son lícitos si el riesgo está identificado, los trabajadores son informados, los datos se utilizan exclusivamente para prevención y las alertas llegan oportunamente al trabajador. La información no podrá emplearse para medir productividad, evaluar desempeño, aplicar sanciones ni poner término al contrato.
10 de septiembre de 2026
Expulsión escolar por agresión
Concluyó que la sanción se ajustó a la normativa educacional, al fundarse en una conducta que afectó gravemente la convivencia escolar y en un procedimiento que respetó las garantías legales, tras acreditarse una agresión física y el porte de un objeto peligroso por parte del estudiante.
14 de julio de 2026
Fiscalización de establecimientos
Concluyó que la cancelación de una ceremonia de licenciatura adoptada para resguardar la seguridad de la comunidad educativa constituye una medida preventiva y no una sanción disciplinaria, por lo que no justificaba los cargos formulados por la Superintendencia de Educación.
14 de julio de 2026
Educación municipal
Dictamen establece que, al asumir la gestión del establecimiento, el administrador provisional reemplaza al sostenedor y puede continuar e iniciar procesos disciplinarios, incluso aquellos que impliquen el término de la relación laboral
23 de abril de 2026
Protección rechazada en alzada
El máximo Tribunal estimó que la expulsión de una estudiante por reiteración de faltas gravísimas no fue ilegal ni arbitraria, al haberse aplicado conforme al reglamento interno del establecimiento y mediante un procedimiento racional y justo, sin que corresponda a los tribunales sustituir el criterio disciplinario adoptado dentro del marco legal.
03 de enero de 2026
Acción protección rechazada
Determinó que no existe un derecho indubitado que permita revertir el sumario ni la destitución, considerando que la controversia sobre los plazos y su eventual carácter fatal debe resolverse en otra sede.
25 de noviembre de 2025
Acción de protección acogida
Ratifica la decisión de la Corte de Puerto Montt al estimar que la medida disciplinaria vulneró el derecho a la educación y la integridad psíquica de la alumna, al aplicarse de forma arbitraria y desproporcionada, sin ponderar sus antecedentes médicos ni académicos. La alumna había sido expulsada tras agredir a una compañera durante una crisis emocional.
04 de septiembre de 2025
Recurso de protección acogido
Lo concluido no se ve alterado por la renuncia voluntaria presentada por la funcionaria sancionada, como tampoco por la falta de ejecutividad de la sanción. Dichas circunstancias no excusan el deber de todo órgano del Estado de apegarse de modo estricto a la legalidad en la sustanciación de los procesos administrativos disciplinarios ni sanean los vicios constatados en su tramitación.
25 de diciembre de 2024
Recurso de protección acogido por Corte de San Miguel.
Se faltó a principios básicos del debido proceso al introducir un tratamiento distinto, injustificado e indebido respecto de la estudiante, como es, que no se respetara su derecho a ejercer su defensa, presentar sus descargos y rendir prueba; como asimismo, que las resoluciones que imponen la sanción no tuviesen la fundamentación necesaria.
26 de noviembre de 2024
Sentencia revocada por Corte Suprema.
La autoridad administrativa aplicó una sanción que se inserta dentro del rango contemplado en la ley, por lo que, al haberse descartado las ilegalidades reclamadas, resultaba improcedente la modificación de la sanción a la baja.
09 de noviembre de 2024
Sentencia revocada por Corte Suprema.
Tras la falta de la apoderada y secretaria del Centro General de Padres, se activaron los protocolos de actuación y se siguió el procedimiento establecido al efecto por el equipo de convivencia escolar, adoptando las medidas que la naturaleza de la falta gravísima trae aparejada.
15 de octubre de 2024
Sentencia revocada por Corte Suprema.
La forma de aplicar un reproche que sea proporcional a los hechos y, a la vez, asegurar el derecho del alumno a la continuidad del proceso educativo, se logra por la vía de aclarar que la sanción a la cual éste queda sometido es la cancelación de su matrícula para el año escolar 2025.
09 de octubre de 2024
Sentencia revocada por Corte Suprema.
La sanción aplicada ha quedado desprovista de la debida razonabilidad que debe guardar con el ilícito administrativo que le sirve de sustento, toda vez que, entre ambos, infracción y castigo, debe existir la debida congruencia y armonía, sustentado en una conducta que transgreda la normativa vigente.
26 de agosto de 2024
Sentencia revocada por Corte Suprema.
Siendo así, las vulneraciones al procedimiento de ingreso al establecimiento educacional, el que ha sido establecido para garantizar los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria, son faltas menos graves.
08 de agosto de 2024
Corte Suprema confirma sentencia con declaración.
Es necesario reconocer al establecimiento educacional la posibilidad de dilucidar si el actuar del alumno constituyó o no una infracción a las reglas de convivencia, en virtud de un procedimiento desarrollado con respeto al debido proceso.
02 de agosto de 2024
Recurso de protección acogido por Corte de Santiago.
La aplicación correcta del Reglamento es indispensable atendida la gravedad de la medida, que si bien no impide a las recurrentes del todo participar de la educación de sus hijos, indudablemente limita su posibilidad de vincularse al proceso educativo al no tener calidad de apoderadas ni poder ingresar al colegio.
27 de julio de 2024
Sentencia revocada por Corte Suprema.
Debe primar en la autoridad educacional una actividad de carácter preventivo para estimular el cumplimiento de la normativa educacional y tener a disposición y distribuir entre los sostenedores un formato tipo con la estructura y exigencias mínimas que debe tener un Reglamento Interno.
24 de abril de 2024
Recurso de protección acogido por Corte de Concepción.
Uno de los principios que deben orientar un debido proceso es aquél que permite al inculpado ser oído y rendir las pruebas que estima van en apoyo de su defensa o, al menos, indicar las razones por las cuales una determinada diligencia no se considera.
10 de abril de 2024
Sentencia revocada por Corte Suprema.
El establecimiento educacional sólo se ha limitado a cumplir de manera irrestricta lo resuelto por resolución judicial, cuestión que, no es baladí si se considera que la ejecución de los fallos es uno de los componentes esenciales de la tutela judicial efectiva.
13 de marzo de 2024
Corte Suprema confirma sentencia con voto en contra.
La Superintendencia de Educación tiene por objeto, entre otros cometidos, fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a la normativa educacional y si en el ejercicio de sus atribuciones detectare infracciones a la normativa educacional podrá ordenar la instrucción de un procedimiento administrativo sancionatorio.
07 de febrero de 2024
Sentencia revocada por Corte Suprema.
No se ha dado cuenta de las medidas de resguardo del interés superior de la niña afectada, principio que se manifiesta en el deber especial de cuidado del estudiante, no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del proceso educativo.
14 de diciembre de 2023
Sentencia revocada por Corte Suprema.
El colegio adoptó la sanción más gravosa de su reglamento interno en contra de uno de sus estudiantes por una única denuncia, sin considerar además las consecuencias derivadas de la decisión, atendida la separación de su comunidad estudiantil.
27 de noviembre de 2023
Recurso de protección rechazado por Corte de Valdivia.
No se vislumbra ilegalidad o arbitrariedad en el procedimiento disciplinario desplegado por el establecimiento, teniendo en vista la gravedad del hecho que motivó la medida.
14 de noviembre de 2023
Sentencia revocada Corte Suprema.
Sobre cada alumno, en tanto miembro de la comunidad educativa, y como contrapartida de los derechos que les asisten, pesan deberes expresamente contemplados en la normativa educacional, cuyo incumplimiento puede y debe ser objeto de investigación y corrección.
14 de octubre de 2023
Sentencia revocada por Corte Suprema.
No se vislumbra acto u omisión ilegal y arbitrario en la tramitación del procedimiento que concluyó con la cancelación de la matrícula del estudiante, ni que la sanción fuera desproporcionada, tanto en razón a la entidad de la falta establecida como por no tratarse de la primera medida aplicada al alumno.
03 de octubre de 2023
Recurso de protección acogido con voto en contra.
Una medida de gravedad extrema como la aplicada al estudiante requiere necesariamente de la existencia de un proceso investigativo que haya respetado sus derechos constitucionales y un debido proceso.
07 de julio de 2023
Calificado en lista 4.
El Tribunal de alzada desestimó la acción tras establecer que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el proceso de calificación cuestionado por el recurrente.
13 de junio de 2023
Recurso de protección acogido por Corte de Santiago.
La decisión es arbitraria por ausencia de motivación suficiente, al no explicarse la razón que llevó a la Universidad a aplicar al estudiante la máxima sanción posible, existiendo un catálogo de otras sanciones aplicables que resultaban más acorde a los hechos imputados.
02 de junio de 2023
Recurso de protección acogido por Corte de Concepción.
Establecimiento debió acompañar su Reglamento de Convivencia Escolar, toda vez que fundamenta la cancelación de matrícula en las faltas sancionadas con tal medida en ese instrumento.
17 de marzo de 2023
Recurso de Protección rechazado.
Recurrentes alegaron que el proceso sancionatorio seguido en su contra no respetó las garantías constitucionales del debido proceso y la prohibición de ser juzgados por comisiones especiales.
24 de febrero de 2023