Columnas

Chile cuenta hoy con un sistema robusto de protección al consumidor. El desafío no es más poder, sino un mejor uso del que ya existe.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Cecilia Ramos Durand, ocurrida durante el programa estatal de planificación familiar de los años noventa. El tribunal concluyó que la intervención se realizó bajo coerción, en un contexto de política pública dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad, y que además existió una grave falta de diligencia en la investigación judicial del caso.

Un reciente fallo de la Corte Suprema argentina que absolvió a Starbucks por un robo armado dentro de un local reabre el debate sobre los límites del deber de seguridad de los comercios frente a delitos cometidos por terceros. El caso ofrece una referencia útil para Chile, donde la legislación del consumidor reconoce el derecho a la seguridad, pero también contempla la eximente de fuerza mayor cuando se trata de hechos imprevisibles e irresistibles.

El sistema de compras públicas en Chile, articulado en torno a la Ley 19.886 y sus reformas recientes, constituye una herramienta estratégica para el uso eficiente y transparente de los recursos del Estado, pero enfrenta desafíos persistentes en materia de competencia, profesionalización de los equipos compradores, digitalización y control de probidad.

El procedimiento iniciado por el Consejo Nacional de Televisión contra HBO Max por la emisión de publicidad de casas de apuestas online durante el horario de protección de menores abre un debate jurídico sobre los límites de la regulación audiovisual en el ecosistema digital. El caso pone en tensión la aplicación de la Ley N° 18.838 frente a las plataformas OTT y plantea si los estándares de protección de audiencias vulnerables deben extenderse también a los servicios de distribución audiovisual por internet, en un contexto marcado por la convergencia tecnológica y la creciente presencia de co

El litigio radicado en los tribunales de Viña del Mar por un premio de $3.816 millones no pagado por el Casino Enjoy es mucho más que una millonaria disputa contractual; es un test de estrés para nuestra arquitectura jurídica. Bajo el pretexto de un "error de sistema", nos enfrentamos a una tesis que pretende subordinar la fuerza obligatoria del contrato a la opacidad de un código fuente. Si el azar solo es válido cuando favorece al deudor, estamos ante el fin del contrato aleatorio y el nacimiento de una peligrosa inmunidad tecnológica.

Un reciente estudio de la Universidad de Stanford revela que los principales desarrolladores de chatbots de inteligencia artificial utilizan por defecto las conversaciones de los usuarios para entrenar sus modelos, lo que reabre el debate sobre consentimiento real, privacidad digital y el rol de los marcos regulatorios frente a estas tecnologías.

La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección y ordenó reincorporar a una vecina a un grupo de WhatsApp utilizado por su comunidad como canal de información, deliberación y votación, al estimar que su exclusión constituía una discriminación arbitraria que vulneraba su derecho a participar en las decisiones del condominio.

El debate generado por los casos de funcionarios que viajaron al extranjero con licencia médica ha expuesto tensiones entre control administrativo, debido proceso y proporcionalidad de las sanciones, abriendo una discusión jurídica sobre los límites del poder disciplinario del Estado y el rol de los tribunales en su revisión.

El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial ha abierto un debate global sobre sus efectos en la democracia, la libertad y la propia condición humana, impulsando a los Estados a avanzar en marcos regulatorios que permitan controlar sus riesgos sin frenar la innovación tecnológica.

La prohibición de ingreso a Estados Unidos impuesta al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, su equipo y familiares tensiona la relación bilateral y expone que el conflicto no sería meramente comercial, sino de seguridad estratégica. El foco estaría en el proyecto de cable submarino Valparaíso–Hong Kong financiado por China Mobile, que Washington considera un riesgo de injerencia y captura de datos, abriendo para Chile el dilema de cómo equilibrar su vínculo con EE.UU. y China en un escenario internacional cada vez más duro y transaccional.

La Ley N° 21.807 introduce plazos máximos y consolida la figura del silencio administrativo positivo para acelerar la elaboración y modificación de planes reguladores, buscando modernizar un sistema cuya antigüedad promedio supera las dos décadas. La reforma incorpora además capacitación obligatoria y reglas transitorias que permiten a procesos en curso acogerse a las nuevas disposiciones más ágiles.

El Autor analiza los alcances jurídicos del uso de inteligencia artificial en la actividad administrativa, tomando como referencia el caso español del sistema BOSCO. A partir de este precedente, reflexiona sobre la transparencia algorítmica, el derecho de acceso a la información pública y los límites entre propiedad intelectual, seguridad y control ciudadano en decisiones automatizadas del Estado.

La autora analiza recientes casos de extrema violencia para evidenciar el vacío normativo existente en Chile respecto del canibalismo, advirtiendo que su falta de tipificación penal genera incertidumbre jurídica y riesgos para la dignidad humana y la salud pública, y llamando a una respuesta legislativa clara y proporcional.

El autor, luego de analizar el marco normativo directo, conformado por el DL 799, y el marco normativo indirecto, conformado por la Constitución, concluye que la Contraloría General de la República carece de la facultad para destituir a alcaldes por el mal uso del automóvil fiscal (por muy reprochable que esta conducta sea). Reivindica al efecto el criterio hermenéutico de la interpretación conforme a la Constitución.

La inteligencia artificial generativa llegó para quedarse. Su uso se expande con rapidez en casi todos los campos del conocimiento y el mundo del derecho no es la excepción. A diario aparecen nuevas herramientas, informes y promesas de eficiencia —desde la redacción de escritos hasta la investigación jurisprudencial—, pero, como todo avance tecnológico, su uso responsable no depende del software, sino del ser humano que lo opera.

La autora examina críticamente el proyecto de ley sobre maternidad subrogada, advirtiendo el uso expansivo del derecho penal como respuesta automática frente a prácticas consideradas aborrecibles. Sostiene que la criminalización propuesta presenta serias deficiencias dogmáticas y puede resultar ineficaz —e incluso perjudicial— para la protección real de mujeres y niños.

El 18 de diciembre de 2025, se informó públicamente de un ataque de ransomware atribuido al grupo “Devman” contra un prestador institucional de salud de alta complejidad, que habría culminado con la exfiltración de 250 GB de información altamente sensible. En los días posteriores, se reportó la publicación en la dark web de antecedentes que…

La reiteración de incendios forestales vuelve a tensionar el marco jurídico de protección del patrimonio inmobiliario en Chile. Aunque el seguro de incendio ha avanzado desde una lógica reactiva hacia una cobertura obligatoria en créditos hipotecarios y copropiedad, la dispersión normativa, la lentitud regulatoria y la débil cultura preventiva evidencian que el sistema sigue respondiendo a la catástrofe más que anticipándola.

La absolución del ex oficial Claudio Crespo y las críticas presidenciales al fallo reabren un debate de fondo sobre la independencia judicial y los límites del poder político. En un Estado constitucional de derecho, la legitimidad de las sentencias no depende de su aceptación pública ni de su consonancia con expectativas morales o políticas, sino de su sujeción al debido proceso, a los estándares probatorios y al principio de juridicidad.