Columnas

La ampliación generalizada de la sustitución de penas que plantea el proyecto de ley, fundada en la edad del condenado, simplifica un problema jurídicamente complejo y puede afectar la intensidad real de la sanción, especialmente tratándose de delitos graves y de violaciones a los Derechos Fundamentales.

El autor analiza la eventual inclusión de sorteos en los procedimientos de nombramiento de jueces de los tribunales superiores de justicia. Por ejemplo, efectuando tales nombramientos, a través de sorteos, entre los candidatos previamente seleccionados, y que por ello cuentan con la necesaria idoneidad técnica (incluidos en las quinas o ternas, según el caso).

La nueva ley de extracción de áridos pone fin a la dispersión normativa y a la discrecionalidad municipal, instaurando un sistema de gobernanza mixta con control técnico vinculante de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, trazabilidad obligatoria del material y un régimen penal reforzado, aunque mantiene una omisión relevante al excluir los áridos marítimos del nuevo estándar regulatorio.

La Ley N° 21.155 reconoce y protege el derecho al amamantamiento libre como una garantía colectiva, respaldada por la evidencia científica y orientada a resguardar la salud, el desarrollo y los derechos de niños y niñas, consolidando la lactancia materna como una política pública estratégica para el país.

Un análisis crítico del régimen jurídico aplicable a los inmuebles urbanos declarados abandonados, la potestad sancionatoria municipal y sus límites, poniendo especial énfasis en el deber de notificación previa al propietario, las garantías del derecho de dominio y los riesgos que plantean las propuestas legislativas que buscan habilitar formas de intervención o destinación temporal de bienes raíces por vía administrativa.

La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema delimita con precisión la noción de cuentadante, reafirmando que solo quienes ejercen manejo directo de fondos públicos pueden ser sujetos pasivos del juicio de cuentas, reforzando así la legalidad y certeza en la responsabilidad patrimonial de los funcionarios.

Un análisis jurídico y comparado sobre la casilla electrónica y el domicilio digital único como eje de la modernización del Estado, sus efectos en la eficacia de las notificaciones administrativas y judiciales, y los desafíos que plantea su implementación en Chile, especialmente en la Justicia de Policía Local, frente al debido proceso, la seguridad jurídica y la brecha digital.

En esta columna, el autor responde al análisis de Héctor Sebastián Díaz O´kuinghttons sobre la denominada “ley de amarre”, profundizando el debate jurídico en torno al régimen de las contratas, el alcance del principio de confianza legítima y la necesidad de una reforma estructural al empleo público.

La detención y sometimiento de Nicolás Maduro a la justicia estadounidense no solo marca un quiebre personal y político para el líder venezolano, sino que expone cómo su estrategia de alinearse con Rusia, China e Irán terminó insertando a Venezuela en la disputa global de las grandes potencias, convirtiéndolo en un objetivo prioritario más allá de su propio caso interno.

El autor analiza el dictamen de la Contraloría General de la República Nº E561358-2024, que calificó como “asunto litigioso” lo relativo a la aplicación del principio de confianza legítima a los funcionarios públicos a contrata (habida consideración la “desalineación” en relación a esta materia entre la jurisprudencia administrativa y la jurisprudencia judicial), absteniéndose de pronunciarse al respecto, en lo sucesivo; así como también, la sentencia de la Corte Suprema Rol Nº 9.184-2025, primera que validó dicho criterio.

La captura y procesamiento judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos abre un escenario inédito para Venezuela, pero no garantiza por sí sola una transición democrática. Mientras figuras clave del régimen mantienen el control interno y Washington prioriza intereses estratégicos, el desafío central sigue siendo desmontar las estructuras autoritarias, asegurar justicia por las violaciones a los derechos humanos y permitir que el pueblo venezolano defina soberanamente su futuro político.

El debate por el reajuste del sector público reabre la discusión estructural sobre el régimen de la función pública, la estabilidad de los funcionarios a contrata y los límites jurídicos del recambio administrativo, descartando que el acuerdo permita “amarrar” cargos de exclusiva confianza y poniendo el foco en la exigencia de fundamentación de los actos administrativos y el control jurisdiccional de la Administración.

La consagración constitucional de la protección de datos personales en 2018 marcó un avance relevante, pero dejó un vacío esencial: la ausencia de una acción constitucional de habeas data que permita a los titulares controlar efectivamente el tratamiento de su información. Hoy, la discusión sobre identidad digital y autodeterminación informativa reabre el debate sobre la necesidad de dotar a estos derechos de un mecanismo procesal propio, directo y eficaz ante los tribunales.

Quiero partir por agradecer a los abogados Diego Lizama y Felipe Correa la atención prestada a mi columna sobre “El estándar probatorio del acoso sexual en Chile” publicada en este mismo medio. Me ha servido para repensar la tesis allí expuesta -que el estándar es más allá de toda duda razonable, reafirmarla y reforzar los…

El texto analiza críticamente la tesis que propone aplicar el estándar probatorio de “más allá de toda duda razonable” en las investigaciones de acoso sexual laboral, sosteniendo que el marco normativo vigente, la perspectiva de género incorporada al Código del Trabajo y la coherencia del sistema procesal conducen a concluir que el estándar aplicable es el de probabilidad prevalente, salvo que una reforma legal disponga expresamente lo contrario.

El financiamiento de litigios por terceros (Third Party Funding) se ha consolidado como una herramienta relevante para equilibrar el acceso a la justicia, especialmente en arbitrajes complejos y de alto costo. Sin embargo, su expansión plantea desafíos jurídicos ineludibles, particularmente en materia de conflictos de interés, deberes de revelación y resguardo de la autonomía de la parte financiada. La experiencia comparada y los instrumentos de soft law muestran caminos posibles para regular su uso sin desnaturalizar el proceso arbitral, cuestión que comienza a interpelar también al sistema c

El artículo analiza críticamente el uso extensivo de la tipología de “proyectos de desarrollo urbano o turístico” para exigir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de subdivisiones rurales reguladas por el DL N° 3.516, sosteniendo que dicha práctica desborda el principio de legalidad, confunde habilitación rural con urbanización y desnaturaliza el rol preventivo del SEIA, particularmente a la luz de la necesaria coordinación entre el SEA y la Superintendencia del Medio Ambiente.

La reiteración de escándalos de corrupción en Chile revela que el problema no se resuelve con más leyes, sino con un cambio de enfoque: fortalecer la ética pública, la formación permanente de los funcionarios y los sistemas de integridad, dotando a la Contraloría General de mayores atribuciones preventivas y sancionatorias, para reconstruir la confianza ciudadana y resguardar la democracia.

La decisión de INAPI y del Tribunal de Propiedad Industrial de rechazar el registro de la marca “Isla de Pascua” refuerza la función de la propiedad intelectual como herramienta de protección del patrimonio cultural, las identidades territoriales y los derechos colectivos de las comunidades. Más allá del ámbito comercial, el caso subraya la necesidad de políticas públicas, educación y acceso efectivo a mecanismos como indicaciones geográficas, denominaciones de origen y marcas colectivas para resguardar tradiciones, oficios y expresiones culturales frente a intentos de apropiación indebida.

El análisis de la inactividad administrativa como fuente de responsabilidad del Estado cobra especial relevancia en un contexto normativo que amplía los deberes de fiscalización pública. A partir de la distinción entre inactividad y falta de servicio, y del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema, el texto examina los criterios que permiten imputar responsabilidad al Estado-Administrador por omisiones en sus deberes de actuación, particularmente en materia de fiscalización de actividades riesgosas, proyectando además los desafíos que plantea la entrada en vigencia de la Ley Marco de Aut