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Es fundamental que, por una parte, dentro de la normativa que regula la organización administrativa del Estado existan normas de común aplicación a los Órganos Administrativos Autónomos OAA, señalando su naturaleza y relación con el Presidente de la República, así como con el resto de los Poderes del Estado; y, por otra parte, se refiera a los casos específicos en que estamos en presencia de uno de ellos.

Bases institucionales y legales, sumadas a la interdependencia entre las naciones, han creado un ámbito mundial capaz de sortear, con pragmatismo, los diferendos que siempre existirán, solucionándolos de manera pacífica; o si se traducen en episodios bélicos pese a los esfuerzos, se ha impedido que alcancen dimensiones mundiales mayores, o de larga duración. No es así en la actualidad. Hay ejemplos que lo confirman. La agresión de Rusia a Ucrania que prosigue, y se intensifica sin avizorar ninguna solución.

Cabe hacer presente que la aceptación de condiciones por el imputado no constituye de manera alguna una aceptación de responsabilidad penal, sino que la materia del juicio – que solo puede terminarse por sentencia definitiva – no se discute finalmente, dando por solucionado el caso sin pronunciamiento final. Es del caso señalar que el artículo 237 inciso final prescribe expresamente “La suspensión condicional del procedimiento no impedirá de modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.”

La LGPA en su Título XI consagra la normativa especial sobre caducidades, estableciendo en su artículo 142° una serie de causales de caducidad aplicables a este tipo de concesiones. Entre ellas, se encuentra el literal e), el cual contempla dos hipótesis distintas que dan lugar a la caducidad. La primera de estas hipótesis se produce “cuando no se han iniciado operaciones en el centro de cultivo dentro del plazo de un año contado desde la entrega material de la concesión”, mientras que la segunda, tiene lugar “cuando se han paralizado actividades por más de dos años consecutivos, sin causa leg

Una de las derivadas conflictivas del artículo 8° de la CPR y de la Ley N°20.285 que lo operativiza, es el amplísimo alcance que la jurisprudencia administrativa vía Decisiones de Amparo le ha dado a los artículos 4° y 5°. Sigue siendo necesario precisar que es aquello que puede ser accesado y conocido, por cualquier persona y sin expresar causal de legitimación. Recientemente se ha hecho ampliando en demasía la interpretación de lo que –por ley- debe ser transparentado, y así lo han dictaminado la ICA de Santiago, la Excelentísima Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en dos oportunidade

El problema nace cuando el Liquidador Concursal no tiene conocimiento del domicilio de los trabajadores, de manera que se encuentra impedido de enviar las cartas informando el término del contrato de trabajo. El incumplimiento de esta obligación por parte del Liquidador Concursal tiene aparejado las sanciones contempladas en el inciso 3° del artículo 163 bis del Código del Trabajo, conforme al cual la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento podrá sancionar los hechos imputables al Liquidador, de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de la Ley 20.720.

Que la Corte Suprema señale que aceptar una Suspensión Condicional en sede penal supone una "presunción legítima" de haberse asumido la responsabilidad puede resultar controversial, teniendo presente que a diferencia de otras legislaciones (Panamá y Costa Rica, por ejemplo) o incluso de la regulación del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, nuestro Código descartó expresamente incluir como condición o consecuencia de la Suspensión Condicional que esta supusiese o requiriese la admisión de la hechos o de la responsabilidad penal.

El empleo de sorteos para la adopción de determinadas decisiones por los órganos del Estado, ya sea por disposición del Ordenamiento Jurídico o por la práctica de la Administración, es bastante más extendido de lo que podría haberse pensado en una primera aproximación. Los sorteos llevados a cabo por los órganos del Estado, ya sea por disposición del Ordenamiento Jurídico o por la práctica de la Administración, deben observar una serie de requisitos de forma y de fondo.

Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el principal mecanismo utilizado en los procesos de cambio constitucional, es la comisión de expertos (36%), seguida de la asamblea constituyente (26%). No obstante, en Latinoamérica, casi la mitad de los 28 cambios constitucionales realizados a partir del año 1947, han sido por medio de asambleas constituyentes (46%), convirtiéndose en la regla general durante los últimos 15 años, siendo la comisión o comité de expertos, una excepción (11%). PNUD advierte también que, la utilización de los diferentes mecanismos de

Esperamos que esta veleta halle un rumbo, pues no podemos olvidar que el malestar constitucional persiste y que al final del día tratar de controlar normativamente a los procesos sociales es como “ponerle puertas al campo”. Y esta introducción que hago en términos políticos tiene su aval en potentes referentes jurídicos. Me refiero al célebre Norberto Bobbio contestando ideas de Hans Kelsen.

¿Puede un Gobierno de turno rechazar tratados de libre comercio por mero arbitrio arguyendo que aquellas convenciones no forman parte del plan de gobierno? El jefe de Estado debe velar por los intereses de la nación y para ello es imperativo tomar decisiones que beneficien a Chile. Para una economía pequeña como la chilena, la apertura de los tratados de libre comercio promueven la competencia en los sectores que producen bienes y servicios que compiten con importaciones.

Una Carta que pudo haber creado un reconocimiento a los pueblos indígenas, se redactó con los anteojos de personas que defienden dichos derechos desde el indigenismo militante y políticamente activo; una Carta que pudo crear métodos de participación ciudadana y el impulso de la participación popular, se centró mucho más en los slogans de la democracia paritaria e inclusiva, que en las herramientas que le dan poder al pueblo. Y así suma y sigue con los demás ejemplos, centrándose más las normas propuestas en representar una bandera o lucha de la forma más completa, en vez de proponer una Consti

Pocos momentos en la historia moderna, han congregado la concurrencia de la mayoría de los líderes mundiales, casas reales, vigentes y pretendientes, con representantes de la Mancomunidad, y dignatarios de todos los países. Una oportunidad notable y propicia para que, paralelamente al merecido homenaje a la difunta Reina, y al propio Reino Unido, los asistentes se encuentren, reanuden vínculos, e intercambien saludos, ideas y porqué no, hasta decisiones para el futuro político y económico entre sus respectivos Estados.

Columnista analiza el preámbulo de la primera ley de Chile (1811), en la que dicha Junta parafrasea la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, abriendo una discusión que persiste hasta el día de hoy, a propósito del Derecho a la Búsqueda de la Felicidad, patente incluso en la actual “cuestión constitucional”.

Esta nota es la consecuencia de las inquietudes que despiertan los comentarios sobre una nueva reforma, como la mayoría prevista en los artículos 127 y 130, a la luz de la evolución de este país, que desde 1980 a la fecha ha tenido uno de los desarrollos económicos más destacado del mundo, ubicándose como la cuarta economía latinoamericana, donde ha hecho cierto tres pilares esenciales para este logro, respeto a la ley, respeto a las instituciones, y desarrollo económico, se concluye, que la modalidad prevista en el artículo 127 y concordantes de la Constitución, a la luz de los hechos, es el

Lo que pretendo plantear en esta columna no se refiere al procedimiento para establecer las instancias que actuarán en el caso, sino más bien una forma de trabajar para realizar la labor utilizando lo actualmente vigente, poder combinarlo con lo que pueda ser necesario y compatible del rechazado texto constitucional, con el objeto de entregar una nueva carta fundamental moderna y ajustada la nueva realidad.

El dato más preocupante para la estabilidad del gobierno ha sido, sin lugar a dudas, la fractura del bloque de la centroizquierda. Como se sabe fueron la Centro Izquierda por el Rechazo, Amarillos por Chile, Una que nos Una, Gente del Sur, Proyecta Chile, entre otros, los movimientos de centro izquierda que decidieron cruzar el Rubicón y colocarse en la vereda del Rechazo en el PDS. Esta partición constituye uno de los hechos políticos más importantes para ese sector desde el regreso a la democracia en 1990. Sin embargo, las voces más importantes de este sector han manifestado su vocación de c

El Estatuto Administrativo establece una serie de deberes de los funcionarios públicos cuya contravención puede ser sancionada disciplinariamente. Y, entre ellos, destaca muy especialmente el deber de “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo” (artículo 61, letra i) por al menos dos razones: (i).- por la inespecificidad de dicha conducta (sin perjuicio de que la jurisprudencia administrativa, casuísticamente, la ha ido precisando), y (ii).- por el hecho de que no sólo comprende actuaciones en el servicio sino también fuera de él, vale decir, en la esfera de la vida privada del

Podemos observar que, en la actual carta magna, así como en la nueva propuesta de Constitución, no hay diferencias sustanciales en cuanto a la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos, en ambos casos la soberanía tiene como limitación los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y en ambos casos forman parte del ordenamiento jurídico chileno, por lo que el otorgamiento de la condición de refugiado tendría las mismas limitaciones tanto en el panorama actual constitucional así como en el escenario de un nuevo texto constitucional.

Los constitucionalistas del mundo seguimos con atención expectante el desarrollo de todo este proceso histórico que avanza en un país que se ha caracterizado por ser la excepción a los cánones tradicionales de la región, en un tríptico graficado por una seguridad jurídica apalancada en normas enraizadas en una larga dictadura militar, una economía tan pujante como elitista y concentrada en actividades con importante costo ambiental, y -finalmente- un equilibrio social precario ajeno a una perspectiva de desarrollo integral.