Cartas al Director

Hemos visto como esa disparidad se ha ido matizando y, dirían varios, eliminando conforme pasan los años. Sin embargo, empezó a ocurrir un fenómeno tragicómico, que se ve reflejado en la promulgación de normas como la ley 20.545 de postnatal parental del 2011 hasta la actual ley Karin.

Los tribunales han señalado que el organismo fiscalizador ha pasado a llevar el principio de legalidad en materia tributaria. Cabe recordar que por la vía de la interpretación no se pueden crear o extinguir impuestos. Por lo tanto, es en los reglamentos de las respectivas leyes, donde se deben contener todos los elementos para determinar los tributos.

Preocupan ciertas declaraciones que hablan de una supuesta impunidad y la necesidad de modificar la LPC, con objeto que productores o importadores que no vendan directamente al público, sean calificados como proveedores para los efectos de la Ley de Protección a los Consumidores.

En el gobierno del Gral. José Miguel Carrera, (1811-1814), tuvo una especial consideración con la raza originaria mapuche, pues dictó decretos y proclamas, por ejemplo señaló que todo hijo de mapuche que abrazara la causa de la Independencia de Chile, estudiaría gratuitamente en el Instituto Nacional.

Según el 73% de las actas de votación transmitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en poder del sistema de control organizado por María Corina Machado en todo el país con los testigos de Actas en cada mesa electoral, fue la prueba suficiente para certificar y acreditar que “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia con el 70% de los votos a su favor y Maduro con el 30%”, aseveró Machado.

La Convención cambió la perspectiva que se tenía sobre la infancia: a partir de este tratado, niños y niñas ya no se consideran propiedad de sus padres; son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. Por eso ha causado tanta indignación que un senador de la República haya motejado de agrandada a una testigo de 14 años que grabó la escena en que el padre del senador abusaba de su hermana de ocho años.

Según los datos de la Dirección del Trabajo, en el año 2023 se recibieron más de 2.234 denuncias de acoso laboral y 1.019 denuncias de acoso sexual. Es notable que, de estas denuncias, aproximadamente el 20% fueron declaradas infundadas tras una investigación exhaustiva. Estos números reflejan tanto la magnitud del problema como la necesidad de un proceso de evaluación riguroso y justo.

Las consideraciones del fallo del 2018 difícilmente podrían repetirse con la conformación actual del TC. Los nuevos nombramientos y las tendencias jurídicas de los jueces que hoy conforman el tribunal hacen pensar que poderes sancionatorios otorgados al SERNAC serían considerados en la actualidad como plenamente constitucionales.

En Estados Unidos, la Corte Suprema ha reconocido el derecho de los satanistas a practicar su religión, pero ha establecido límites cuando sus prácticas violan leyes generales. En Canadá, el Tribunal Supremo ha sostenido que la libertad de religión no protege prácticas que inciten al odio o la discriminación. Estos precedentes son relevantes para nuestro análisis.

La injerencia que podemos tener en el proceso eleccionario de Venezuela es un asunto complejo, pues involucra recursos de un país que no es el nuestro, así como irregularidades y restricciones. Sin embargo, sí está en nuestras manos combatir la xenofobia y abrir puertas a reales posibilidades de regularización.

Actualmente, son muchos los procesados y condenados, oficiales subalternos, entre los que me encuentro, cabos y soldados conscriptos, quienes sometidos a un sistema judicial procesal ya obsoleto en nuestro país, son perseguidos en forma inquisitiva mediante un juez que investiga, procesa y condena, llegando incluso a imponer la pena de presidio perpetuo, alterando todas las reglas de un sistema de justicia moderno.

Resulta lógico que, desde Chile, sin dudas ni vacilaciones, se condene la dictadura venezolana y se utilicen todas las herramientas políticas y diplomáticas necesarias para ayudar a quienes viven bajo la opresión del actual chavismo.

Si bien son buenas noticias, ya que el país requiere de nuevos proyectos y más inversión, desde la Cámara Minera de Chile vemos con cautela este ciclo al alza de inversiones por cuanto el actual sistema no ayuda a la inversión extranjera, la excesiva burocracia estatal, la exuberante cantidad y tiempo de permisos; y la alta carga tributaria no han cambiado.

¿Qué es aquel leviatán de papel llamado Gobierno de Maduro en comparación con lo que fue la Unión Soviética? El régimen autoritario venezolano ya ha mostrado un enorme desgaste e inestabilidad. Esta elección, solo por haberse dado en las condiciones en que se dio, visibiliza las grietas y hemorragias en la vorágine de corrupción que ha ocurrido durante los últimos 25 años en ese país.

La única herida abierta está en el alma del PC y la extrema izquierda, quienes jamás verán saciada su sed de “justicia”. Que este pequeño grupo político se atribuya la representación de un sentir nacional, es una osadía que no tiene base en la realidad de hoy. La sociedad chilena, sobre todo en el último trienio, está más preocupada del crimen organizado y de “llegar a fin de mes”, que de exigir que octogenarios que no representan peligro alguno para la sociedad, sigan encarcelados por crímenes cometidos hace medio siglo o se les continúe enjuiciando por ellos.

Lo primero que advertimos es la trampa lingüística y de exposición que el proyecto (“Regula el proceso de transición sociocológica justa hacia la carbono neutralidad” (boletín 15.147-12) encierra, pues recurre a una complicada, novedosa y estudiada terminología (como la de su propio nombre) y dice fundarse en principios que resultarán fáciles de aceptar (como equidad, democratización o género), ocultando así su trasfondo ideológico.

Debo manifestar que no nos mueve ni la venganza ni el ensañamiento sino el ánimo de justicia respecto de los miles de chilenos y chilenas que sufrieron el horror de la tortura, la muerte o la desaparición forzada y respecto de los cuales, en su enorme mayoría, no se han logrado determinar las circunstancias ni responsables de sus padecimientos por la falta de colaboración y pactos de silencio de aquellos que han podido ser enjuiciados y de quienes han logrado la impunidad.

Si alguna autoridad o legislador quiere brillar, pues lo que sea que haga en esta materia, será considerado un avance, está botado.

A pesar del destino de la propuesta, recientemente hemos asistido a un auténtico sistema de justicia de facto. Uno, para la gente de izquierda, el otro, para los de derecha. Las diferencias entre uno y otro son tan evidentes que siquiera se molestan en disimularlo.

Se habla de “sacar a los militares a la calle”, no para que enfrenten a los delincuentes, sino para proteger a los Carabineros, como si en la actualidad se pudiera protegerlos sólo por presencia. ¿Acaso se olvida cómo, durante “el estallido”, fueron desafiados e incluso agredidos sin que tampoco hicieran uso de su armamento, salvo en contadas ocasiones y por las cuales quienes actuaron fueron procesados y condenados como simples particulares?