Cartas al Director

La CMF debe velar por el cumplimiento de su NCG N° 461 de noviembre del 2021 y por ello manifestamos que ahora los directores de los bancos como sus gerentes generales tienen las penas del infierno si no evalúan bien los riesgos de las operaciones crediticias pues si no desean ir a la cárcel, tendrán que ser muy serios y cautos al prestarles dinero a sus clientes.

Muy activa desde principio a fin, pagó un alto precio por sus decisiones e ideas libertarias. De sus manos nace la Primera Bandera y el Primer Escudo de Chile, solicita la educación de niñas y niños.

Las vulneraciones a las garantías manifestadas en medidas cautelares deben atender al principio de proporcionalidad e igualdad de trato, e iniciativas como el Criterio Valencia pretenden vulnerar la garantía de la libertad bajo la justificación de que esta puede significar un daño a la ciudadanía.

Mientras los gobiernos regionales y municipios solo se ocupan de la higiene de las arterias principales, el resto -a pocos metros de ellas- permanece en un estado de inmundicia, a lo que se suma el caos peatonal y vial. Es un signo de la pérdida absoluta del sentido de barrio y del respeto por los otros. Para combatir este tipo de suciedad estructural, que está arraigada en nuestra cultura urbana, recomendamos realizar el remojo o prelavado de todos aquellos que toman decisiones sobre la vida en la ciudad, su ordenamiento y limpieza.

Si se analiza el proyecto, es posible observar y anticipar un aumento de audiencias a futuro para las cuales las instituciones deberán estar preparadas. Como sabemos, el establecimiento del comiso sin condena deberá ser tramitado bajo un nuevo procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal, el cual fue recientemente incorporado por la Ley 21.577 de fecha 15.06.2023 que fortalece la persecución de los delitos de delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación.

Se anunció el régimen transparente -sistema tributario simplificado- sin confirmar que el régimen PYME integrado seguirá existiendo. Por otra parte, el monotributo se limitó a las empresas nacientes o en proceso de formalización, lo que deja fuera a la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, no se entrega un escenario de certezas necesarias, ya que todas estas medidas deberán esperar hasta el próximo año.

Absurdo, porque para obtener el bachillerato era necesario tener rendidos y aprobados los cursos de secundaria, los que no podría haber realizado entre los 6 y 10 años. Por eso es tan importante el documento publicado en 2018, en los Anales de la Universidad de Chile, donde Matilde (primera abogada de Chile) nos dice, de su puño y letra, en un documento firmado en 1887, la fecha correcta de su nacimiento

Los consejeros republicanos, cómodos con el estado de las cosas, y con el amparo del triunfo electoral coyuntural, están adoptando una táctica de atrincheramiento que pone en riesgo la realización de una verdadera renovación donde la convivencia democrática se encuentre efectivamente garantizada. Esta táctica se sustenta en una combinación de conservadurismo moral y una marcada inclinación hacia la conservación de un Estado mínimo, lo que podría llevar (llevará seguramente) a la inacción y a la perpetuación de una configuración constitucional obsoleta.

También es justo reconocer la preocupación -y por eso la pregunta- de quienes ponen en tela de juicio el carácter violento de algunas marchas, manifestaciones o concentraciones. Pensando en ellos consideramos importante resaltar que el TC (hace 18 años) ya indicó que deberá procederse a la inmediata detención de toda persona que atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada.

En las deliberaciones del órgano colegiado, cada juez trae consigo su forma de enfocar el asunto y su personalidad, lo que influye en mayor o menor grado en la resolución final. Esto puede generar diversas opiniones dentro del grupo, pero a través de la colegiación, se contrarrestan las singularidades de los jueces y se depuran subjetividades en la decisión. La confrontación de puntos de vista ayuda a alcanzar una decisión más objetiva y justa, reflejando lo que es justo desde un punto de vista más amplio y colectivo.

Respecto a la actual Constitución que se encuentra en elaboración por el Comité de Expertos desplegados por representantes de partidos políticos, ¿cuáles serán los lineamientos dentro de esta propuesta 2023 frente a la comunidad LGBTIQIA+?, ¿esta será un promotor o un de limitador de Derechos para la comunidad? e, inclusive, ¿acaso se mencionará a la comunidad LGBTQIA+ en algunos de los artículos de la Propuesta Constitucional 2023?

Es menester recalcar que la vulnerabilidad de la mujer embarazada privada de libertad, es una fragilidad “temporal”, que termina con el parto y, la indefensión relacionada al cuidado del hijo menor, expira cuando el pequeño cumple una edad determinada. En cambio, la vulnerabilidad de la vejez y enfermedad -sabemos- es progresiva -en especial en cárceles carentes de infraestructura médica ad hoc- y solo termina con la muerte de la persona.

En efecto, el CPTPP, a diferencia del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones de 1996, permite someter una reclamación a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), como también acordar cualquier otra institución arbitral o reglas de arbitraje, flexibilizando las posibilidades para los inversionistas. Además, estas alternativas permiten otorgar mayor certeza jurídica a éstos al contar con más alternativas de solución de controversias.

Entidades relevantes de la sociedad (universidades) prefieren acallar las denuncias y no activar y/o no iniciar protocolos de acción que proteja a las víctimas, relativizando las denuncias.

Esta norma introduce un factor no deseado de opacidad en los procesos de selección de los directivos superiores de instituciones de singular importancia para el sector de la cultura y las artes, y, además, importa una severa limitación para la búsqueda de las personas más calificadas para dirigir dichas entidades patrimoniales.

El largometraje ha causado una gran efusión en estos días, empapelando los edificios y pintando las calles de la ciudad de rosa. Evidenciando que son este tipo de eventos y estrenos, los que llaman la atención de la ciudadanía. ¿Por qué no se ha visto en las calles y/o edificios información de los y las Constituyentes? ¿O es que sólo se pueden pintar y empapelar infraestructuras privadas con información de comercio y del mundo del espectáculo?.

La garantía de acceso a una justicia civil efectiva es un derecho humano fundamental. Implica que todas las personas, sin importar su posición social o económica, tengan igualdad de oportunidades para acceder a los tribunales y hacer valer sus derechos. Este acceso no puede ser simplemente teórico; debe ser real y efectivo. La justicia civil efectiva no solo consiste en la posibilidad de presentar una demanda, sino también en obtener una respuesta pronta y adecuada.

Más allá de las distintas perspectivas sobre el concepto de servicios culturales, es importante destacar que el proyecto de ley podría representar un avance para el desenvolvimiento de iniciativas culturales y el reconocimiento de las asociaciones y cultores del patrimonio del país. Si bien se enfoca específicamente en aspectos de carácter tributario, su impacto podría ser más amplio, facilitando el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras del sector cultural y patrimonial.

Sin perjuicio de la discusión jurídica en torno a la validez de estas objeciones (p. ej. ¿habría impunidad si el preso anciano que accede al beneficio ya ha purgado varios años en la cárcel? o ¿si existe traición o incumplimiento al Derecho internacional cuando países vecinos como Argentina o Uruguay llevan años con legislaciones que recogen el espíritu de esta Enmienda?)

Frente a la inminente aprobación de la nueva norma vinculada a la protección de datos, todas las organizaciones tendrán que acelerar el paso si aún no han establecido, claramente, los protocolos destinados a proteger a los consumidores; y a evitar infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales, cuyas multas podrían superar los 380 millones de pesos aproximadamente.