Cartas al Director

Sin perjuicio del imperativo de encontrar a todos los culpables, aplicando a éstos el rigor de la ley, hay una arista que las autoridades y organismos policiales, al parecer, han dejado de lado o no han investigado lo suficiente: ¿CÓMO Y DE DÓNDE, estas bandas criminales obtienen esas armas con alto poder de fuego y sus municiones?

Que vuelva a ser obligatoria la Enseñanza de la Historia de Chile, en todo establecimiento de Educación en Chile.

Se constata una vez más que la ineficiencia de la acción pública y el síndrome populista de nuestra clase política provoca fallas que afectan a los contribuyentes en nombre de mayor justicia social. Y que realmente, no existe algo como un “precio justo” sino que más bien solo existe un precio, en el que cada individuo desde un juicio personal determina el valor que le quiera asignar, siendo ese valor subjetivo.

La Comisión considera que la decisión del expresidente Pedro Castillo no se ajustaba a ninguna causal constitucional que habilitara la disolución del Congreso; tampoco estaba facultado constitucionalmente para ordenar la reorganización del Poder Judicial de manera unilateral. Por tal motivo, condena la decisión y la califica como un rompimiento del orden constitucional.

El Día de los Patrimonios se instauró en el año 1999 como una instancia de encuentro y reflexión en torno al patrimonio nacional, a celebrarse el último domingo de cada mes de mayo. Desde esa época, pese a las trabas burocráticas e incomprensiones institucionales que ha enfrentado durante su historia, esta celebración se ha convertido en un “clásico” de la cartelera cultural nacional para millones de ciudadanos cada año, quienes han pasado de ser meros espectadores a protagonistas de la jornada.

La periodista de El Mercurio pidió determinada información a la USACH porque la ley de transparencia le franquea esa posibilidad; la profesora Elisa Loncón se negó a que se entregara su información personal porque la ley le entrega la posibilidad de negarse (otra cosa distinta es si las razones para ello son válidas y sostenibles); a su turno, la Universidad de Santiago de Chile no entregó la información requerida, pues está legalmente impedida de hacerlo, y no por una cuestión de capricho.

Cabe destacar que han existido cientos de jóvenes licenciados de derecho que han sufrido la vulneración de sus derechos humanos en materia de titulación ante la Corte Suprema, lo cual ha venido ocurriendo por una falta de control en la gestión administrativa interna del Máximo Tribunal en dichos asuntos no judiciales, y ello ha venido socavando derechos constitucionales de las personas licenciadas de derecho.

La ley 21.484, cuyo estandarte es la retención de fondos AFP para el pago de la deuda alimenticia (artículo 19 quinquies), no ha tenido la recepción esperada por la ciudadanía, y peor aún, no ha tenido buena recepción por parte de los mismos Tribunales de Justicia. Esto debido a que se han dado señales confusas sobre su aplicación.

Los interesados detractores de la Corte Suprema argumentan que ella carece de atribuciones para involucrarse en esta materia, a quienes les respondemos que, si dicha Corte, no se "hubiera mojado el potito" para zanjar esta situación ilegal, el problema continuaría campante a vista y paciencia de todos los involucrados.

Recientemente se suma un nuevo acto terrorista a la lista de atentados. Esta vez en Panguipulli (región de los Ríos) donde un grupo armado ataca a Carabineros, mientras cumplían labores preventivas. Lo anterior, refleja que el conflicto sigue en escalada y que la expansión de este no puede reducirse a un factor meramente territorial o reivindicatorio, ya que, es importante también considerar que el conflicto responde -además- a un proceso de subversión.

Cabría comentar que la ley 21.124 del 18 de enero de 2019 —que aumentó desde la mitad hasta dos tercios de la condena el tiempo mínimo que debe transcurrir respecto de ciertos delitos para poder solicitar el beneficio de la libertad condicional— no debe ser aplicada con efecto retroactivo.

Los Consejos de Cuenca no están recogidos ni en la Constitución ni en la ley, cuestión que desde ya nos permite delimitar sus posibles alcances, porque mientras los privados podemos ejecutar todo lo que la ley no nos prohíba, los órganos públicos sólo pueden ejecutar lo que la ley les mandata.

Ante los avances tecnológicos de hoy en día, en el que se visualiza que la inteligencia artificial cada día más puede aplicarse en distintos ámbitos, cabe preguntarse cómo está podría ayudar a hacer más rápido y eficiente el proceso.

El actual Consejo Constitucional no es un órgano constituyente originario, con poderes ilimitados, omnímodos o refundacionales, es decir, no parte de una “hoja en blanco”, sino de los límites que la Constitución vigente les fija, en forma y contenido, entre las cuales están las “bases de la institucionalidad” de los doce numerales del artículo 154, que “deberá contener” la propuesta de nueva Constitución, sin perjuicio de que el mencionado Consejo añada otras bases.

Quien debía cuidarnos no lo hizo. Por el contrario, la primera en "entregar todo" ante este asalto, fue la clase política que de manera casi unánime, les dijo a los chilenos, cuál era la salida. Y naturalmente, como en una encerrona o portonazo, los chilenos coaccionados también entregaron "las llaves" en aquel plebiscito de entrada.

El histórico y bondadoso cauce constitucional comparado parece no tener ninguna gravitación positiva en nuestro país, puesto que, cuando los gobernantes de un sistema político creadores de una Constitución (7-10-2009) se vuelven intolerantes con el modelo de Estado Plurinacional y frecuentemente violan la Constitución convirtiéndola en un instrumento “de poder político”, sin que el Tribunal Constitucional ofrezca las mínimas garantías, la postura del supremo garante no deja de provocar inseguridad jurídica y hasta de una presencia omisiva responsable.

La eficiencia del gasto público es una constante sin alcanzar por las administraciones públicas, ya que ellas, carecen de cálculo económico y explicado de otra forma, nunca asumen las pérdidas. A esto sumado que, durante los últimos años ha sido más que evidente la expansión del aparato burocrático, sin ningún tipo de freno.

La reciente elección de los integrantes del Consejo Constitucional cambia el panorama político en relación a la redacción de la nueva Constitución. La amplia victoria obtenida en las urnas en todo el país por el Partido Republicano, sumado a los escaños también obtenidos por Chile Seguro, deja a este sector en una posición de control de lo que serán los resultados del proceso constitucional. Los efectos que esto tendrá en lo inmediato en la actual etapa, que realiza la Comisión Experta, aún son inciertos.

La Constitución de 1980 dista de ser la Constitución de Pinochet, sino más bien aquella que surge en un momento de inestabilidad política a partir del trabajo de una comisión integrada por expertos es derecho constitucional: Jaime Guzmán, Enrique Ortúzar, Luz Bulnes, Raúl Bertelsen, Gustavo Lorca, entre otros. Ellos realizaron un anteproyecto que revisó el gobierno, para luego someterlo al plebiscito del que puede ser válida una duda sobre su conformidad ante derecho. En cualquier caso, todo aquello de lo que esa Constitución pudo haber incluido para favorecer el gobierno de la Junta Militar,

Los usuarios de plataformas digitales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, se encargan se enjuiciar, mejor dicho, de condenar y lapidar públicamente a un individuo, sin miramientos, enlodando de forma masiva y sistemática la imagen de un ser humano, dejando de lado todo tipo de empatía y el daño colateral que estos acontecimientos pueden causar en la vida de la víctima de una funa.