Cartas al Director

Lo resuelto por la Tercera Sala de la Corte Suprema –reiterando algunas consideraciones de la sentencia de la causa Rol 97.283-2020– adolece de una serie de llamativas imprecisiones y contradicciones que tienen como único resultado un confuso concepto de la “identidad de género”.

Entendiendo que se busca frenar el alza de precios, se debería implementar un IVA personalizado, medida aplicada en Canadá, que implica la devolución de recursos a los que tienen menos.

Los debates en curso dejan en evidencia algo más complejo, parece haber una comprensión de la sociedad chilena que no ha “cuajado”, no resuelta, y, en varios casos, con miradas poco abiertas a reconocer que existen pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado.

Entendiendo el poco tiempo que hay para preparar este proceso, que implica una gran complejidad para los profesionales del área contable, cabe preguntarse si llegó el momento de modificar el plazo de la declaración de renta.

Violento es que los profesores y profesoras de Chile se tengan que hacer cargo solos, sin los apoyos y herramientas necesarias, cuando lo que ocurre en los colegios no es sólo responsabilidad suya, sino de una sociedad marcada día a día por hechos violentos que la autoridad no condena.

Para consolidar nuestra democracia, se requiere precisamente del fomento de la alternancia, principio contrario a lo que propiciará esta norma (el pleno de la Convención Constitucional aprobó la norma que eventualmente permitiría la reelección inmediata de la máxima autoridad nacional), la cual lo único que genera es concentrar aún más el poder político.

Desde Fundación Abogados por los Animales, manifestamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos, que vulneraron la integridad y dignidad del animal involucrado en esta actividad y que dio cuenta de la falta de cuidado por parte de los organizadores, además de la utilización de este animal como objeto de entretención.

Proponer este tipo de declaraciones son sólo un engaño destinado a conseguir votos para el apruebo en el plebiscito de salida. Obviamente, no es posible asegurar a 18 millones de chilenos una vivienda.

Cabe cuestionarse a futuro, ¿cómo la eventual Constitución podría regular mediante un recurso de protección el lucro de una entidad religiosa, en la cual, su representante legal hace las veces de empresario minero y las veces de pastor evangélico, será una frase para el bronce o simplemente letra muerta?

La Revocatoria de Mandato es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Nada hacía presagiar la incertidumbre que genera en los abogados y abogadas del mañana observar las atrocidades que se están aprobando actualmente en la Convención Constitucional.

Vengo en sugerir la siguiente propuesta, sustituir el inciso final del artículo 142 de la Carta Magna vigente.

Los recursos de protección por adecuación de plan de isapre son el tópico recurrente del círculo leguleyo durante marzo y abril, sea por dedicarse a ello, o por aventurar la jurisprudencia que vendrá luego de la ley 21.350 que ordena a la Superintendencia de Salud fijar un índice máximo de adecuación, y que en uno de sus pasajes más controversiales, blinda este ejercicio indicando “El índice de variación porcentual así fijado se entenderá justificado para todos los efectos legales”, pero que si lo vemos en detalle, este blindaje al parecer tiene ciertas falencias que seguramente serán explotad

En la Convención hemos visto más bien un espíritu de revancha y de venganza, una actitud que nos devuelve a la lógica de amigos y enemigos, donde unos toman fuerza contra otros.

Resulta necesario destacar que la coalición Pacto Histórico (que llevará como candidato presidencial al izquierdista Gustavo Petro), además de ser la consulta interna más votada, también alcanzó un importante resultado en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Se busca que los grupos empresariales –con ingresos superiores a los 750 millones de euros–, tengan una tasa mínima efectiva de un 15% sobre sus utilidades mundiales, pudiendo recaudar USD 150 mil millones, tras una implementación gradual a 10 años, según cifras de la OECD.

Da para pensar el discurso del presidente de la Corte Suprema, con ocasión de la inauguración del año judicial, cuando se refiere a la independencia de este poder, ya que difícilmente alguien que crea en la democracia podrá cuestionar la necesidad de la existencia y de la materialización de este principio. Lo que se extraña en su discurso es un cuestionamiento o autocrítica al propio Poder Judicial de Chile. Esta breve opinión pretende problematizar sobre este aspecto y criticar al poder judicial por la ausencia de una efectiva independencia de la que estimamos es esencialmente responsable la

La denominada “detención ciudadana” se extrae del artículo 129 de nuestro Código Procesal Penal el que, bajo determinadas circunstancias, permite a cualquier persona detener a quien fuere sorprendido cometiendo un delito.

El resultado fue magnífico: el artículo de consenso tiene un calce justo con la medida de nuestra sociedad, refleja lo que queremos para un Chile que avanza. Asimismo, la indicación 28, que busca la creación de un órgano estatal animal fomenta la eficiencia administrativa y económica del Estado, siendo un pendiente indiscutido ante la falta de armonía orgánica al respecto, tan criticada en nuestro país.

Estimo es ya demasiado tarde para alcanzar un acuerdo que modifique los términos del plebiscito de salida, como también que ello produciría enorme confusión entre los votantes y una torpe dispersión de los votos de quienes, ya crecientemente, por variadas y bien fundadas razones están tomado la decisión de rechazar el texto que en partes fundamentales se encuentra ya aprobado en la Convención.