Cartas al Director

Chile a nivel global se ubica en el lugar 18 de países con los niveles más altos de terrorismo, siendo también el segundo país con más ataques en Latinoamérica situándose solo detrás de Colombia.

Cuando hizo esa afirmación, seguro estaba leyendo la Constitución de 1980 y no la propuesta de Nueva Constitución. Pues es en la Carta de Pinochet donde se afirma que: “la ley protege la vida del que está por nacer” pero, una vez fuera del vientre, ni la persona recién nacida o su madre tienen derecho a la salud, sino que deben hacerse cargo de los costos que implica vivir.

La state action forma parte de la doctrina clásica del derecho constitucional norteamericano y ha sido utilizada en la resolución de asuntos de muy variada naturaleza. En oposición a la estructura horizontal de la mittelbare Drittwirkung alemana, la state action es valorada como el paradigma del enfoque polar, estrictamente “vertical" de los derechos constitucionales, pero también como un considerable vacío en la protección constitucional. Los autores concluyen que la state action no es la contrapartida de la mittelbare Drittwirkung, sino que, por el contrario, en lugar de una comparación de i

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que los constituyentes de mayoría (indigenistas y extrema izquierda) que controlan la Convención han tomado los resguardos necesarios para que el texto que ellos han redactado y proponen, luego de ser aprobado en el plebiscito de salida, resulte en la práctica imposible de modificar. Se trata de un “cerrojo” magistralmente diseñado para evitar que, en el futuro, la Constitución que proponen pueda ser rectificada o corregida.

Es respecto a este -relativamente- nuevo derecho digital que (todavía en desarrollo y de permanente ambivalencia jurisprudencial en cuanto aplicación se refiere en los Tribunales Superiores de Justicia) se ha dicho puede entrar en colisión -aparente a mi juicio- con otros derechos fundamentales, entre ellos y por antonomasia, la libertad de expresión e información.

Esta nota trata dos aspectos de la reforma constitucional, que merecen analizarse: la igualdad y el costo de los derechos. La razón se sustenta en el trato dispensado por la nueva redacción, donde resumidamente se puede decir, que respecto a la igualdad se incursiona en apreciaciones que están comprendida en la literalidad del nuevo texto propuesto; y que incluso, en supuestos de discriminación, se incurriría en inconstitucionalidades. En cuanto, al costo de los derechos, surge la inquietud, por la numerosidad de obligaciones que se imponen al Estado, respecto a la protección de los derechos y

El primer motivo de rechazo consiste en los graves errores lingüísticos y conceptuales de los que adolece su Presentación y que son inadmisibles en la Constitución Política de un país civilizado.

Podemos aseverar que, en todas las regiones del país durante más de 40 años, con la sola "autorización" del SAG, se han posibilitado estas operaciones mercantiles que están reduciendo paulatina y dramáticamente la capacidad de producción agrícola y por ende la alimentación de quienes vivimos en Chile.

Dicho libro (“Proyecto de una Nueva Constitución Política de la República de Chile”) luego de ser publicado por nuestro Centro de Estudios ha tenido ediciones en España y Francia, lo que llevó a una serie de constituyentes a interesarse por este, quienes lo han tenido en sus manos, lo han ojeado, leído y releído, extrayendo ideas que hoy se encuentran plasmadas en el proyecto que pasó a la Comisión de Armonización, entre ellos el Derecho a la Vivienda, por citar un dato.

La Convención Constitucional, en el nuevo texto que nos propone aprobar, ha disminuido notablemente la eficacia de este recurso al modificar su carácter de extraordinario y de inmediato conocimiento y resolución, para convertirlo en un recurso ordinario más, de lato conocimiento, que, con el nombre de “acción de tutela”, será conocido en primera instancia por un juez de jurisdicción común.

Es muy difícil entender que un estallido social, con la violencia que hubo en las principales ciudades del país tuviera como causa principal la constitución vigente, que debe contener más de 200 materias legales diferentes y que ha estado funcionando 42 años, hasta hoy día.

La baja escolaridad y la poca o nula capacitación laboral a la que accede esta población definen en gran medida las posibilidades de inserción laboral en ámbitos de trabajo formal.

Por la calle Bandera, a un costado de la antigua sede del poder legislativo, transcurría el Camino del Inca. Siglos después, la calle Bandera vuelve a tener un importante significado simbólico, asociado esta vez al proyecto decimonónico de la naciente República de Chile.

Algunas de las compañías de luz baratas están comenzando a comercializar energías renovables a través de la adquisición de electricidad a productores de energías limpias como la energía solar o la eólica. De esta forma los consumidores remuneran y apoyan la producción de energía renovable con las llamadas tarifas ecológicas.

Lo que la ley presume justificado para todos los efectos legales es el tope máximo fijado por la Superintendencia y no el porcentaje en que cada Isapre decida aumentar sus respectivos planes.

La norma del artículo 103 del mismo Código establece un beneficio temporal objetivo denominado impropiamente “media prescripción”, ya que su naturaleza es absolutamente diferente al de la prescripción, pues trabaja sobre el elemento temporal no para extinguir la responsabilidad penal como en la prescripción, sino que para reducir la pena imponible.

Si revisamos constituciones de otros países, y no me refiero precisamente a estados dominados por ideologías de izquierda (como si ello fuera malo per se) nos daremos cuenta de que la propuesta de la Convención es mucho más robusta que los casos de España o Alemania.

Se deja en claro que ni el actual alcalde de Estación Central, conforme lo señala el artículo 148°de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), ni la Seremi de Vivienda y Urbanismo, acorde al mandato del artículo 157° de la misma LGUC, han ordenado la demolición de las torres ilegales, como tampoco lo han exigido los aludidos 6 ciudadanos.

Es especialmente llamativo que la resolución que dispuso la prisión preventiva y que fue revocada por la Corte, señale como supuesto fundamento que, en esta segunda oportunidad, el Tribunal tenía “una integración distinta”; como si los criterios personales de los jueces permitieran modificar resoluciones del mismo tribunal, sin necesidad de justificar el cambio de circunstancias, tal como lo exige la ley.

Es pertinente hablar del proceso constituyente, una movilización sin líderes, pero como una masa pensante, a su vez, con tópicos claros, más derechos, garantías de cambios y el concepto más relevante -DIGNIDAD-, la masa unida para hacerse escuchar frente a un momento caótico.