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La ritualidad pasa así a erigirse en una suerte de garantía que –se aduce– vendría a canalizar las voces de los pueblos en torno al estatuto constitucionalizable en la nueva arquitectura jurídica, por cuanto sin ella existiría un inminente riesgo: disminuir su legitimidad.

Se propone adoptar un mecanismo para reconocer el efecto de los tratados internacional que aumenta la injerencia del Congreso Nacional y disminuya la incertidumbre que genera su aplicación por los tribunales de justicia.

Más relevante que la incorporación de legos al juzgamiento de delitos, es adoptar una estructura idónea que permita evitar algunos de los inconvenientes que han perseguido a los jurados a lo largo de su historia reciente. Para ello, resulta necesario, antes que todo, tener claridad acerca de las expectativas del rol que un jurado puede o no puede desempeñar.

Muchas veces en las decisiones que realiza el Ejecutivo, ambos organismos - DIPRES y MINSEGPRES, - no coinciden o uno anula la decisión del otro organismo. De todas formas, estos organismos cuentan con legitimidad, pero no siempre la legitimidad coincide con la legalidad.

En primer término hay que mencionar que el sistema tributario en su conjunto se ve influido por el sistema constitucional, dada que la Constitución ha de interpretarse y aplicarse de manera sistemática. En efecto, en los casos tributarios ventilados ante las Cortes de Apelaciones y Suprema y ante el Tribunal Constitucional se aplica una multiplicidad de normas, no sólo el artículo 19 Nº 20 de nuestra Constitución.

Aun cuando el Presidente promulgue y publique la ley interpretativa sobre la Cuestión de Confianza, o el Congreso la promulgue por insistencia, se presente una demanda de inconstitucionalidad contra la misma. Con lo cual, unas vez más, la suerte de la legislación aprobada por el Parlamento dependerá del juicio de los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional.

En términos personales su actitud es un tremendo error, y deberá cargar en su conciencia con los efectos de su actuación. En la historia, su nombre quedó irremediablemente dañado. En términos jurídicos, su actitud es posible de ser calificada de delito y están activadas las instancias pertinentes para determinarlo.

Hace unos días la Convención dispuso que el quorum de 2/3 que será sometido al pleno no necesitará ser aprobado por 2/3, sino por la mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio. Con ello, se facilitó considerablemente la aprobación de la regla que tanto revuelo ha a causado. Urge preguntarse por qué.

El voto voluntario no sólo disminuyó la participación ciudadana, sino que también profundizó el sesgo de clases: las personas que viven en comunas más ricas votan más que las que viven en las comunas más pobres.

Es muy común escuchar a quienes ejercen una potestad pública (que no necesariamente son ‘autoridades’ en el genuino sentido de la palabra), atacar a un sector o a otro en aras de impulsar modificaciones legales sistémicas que en nada ayudan a las personas que serán destinatarios finales de las mismas.

Afganistán regresa a uno de sus más lamentables períodos, la era Talibán. Un destino trágico que se suma a la convulsionada constante histórica de un país siempre confrontado entre sí o con extranjeros, desde tiempos remotos. Clanes y facciones en guerra constante, irreductibles, por territorios, drogas, honor, o conflictos ancestrales.

La nueva Constitución debe asegurar que los jueces estén sometidos únicamente a la ley y, con tal objeto, debe garantizar su independencia. Para lograr la efectiva vinculación de los jueces a la ley, la Constitución debe ser cuidadosa en la forma en que autoriza a los jueces a resolver aplicando directamente el derecho internacional y la propia Constitución.

En estas Elecciones Congresales Extraordinarias participaron 21 de los 24 partidos políticos que contaban con inscripción vigente, según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. De esos 21 partidos políticos tan solo 9 lograron alcanzar curules: Acción Popular (25), Alianza Para el Progreso (22), FREPAP (15), Fuerza Popular (15), Unión Por el Perú (14), Podemos Perú (11), Somos Perú (10), Frente Amplio (9) y Partido Morado (9).

El quid jurídico de lo debatido que me corresponde analizar es si aquel acto fraudulento (caso seguros) en su carácter de representante sindical puede importar una falta de la probidad del trabajador, más allá de las responsabilidades de índole jurídica y su eventual responsabilidad que pudieran ocurrir en sedes extra-laborales.

Las constituciones pueden otorgar a tribunales competencias para declarar inconstitucionales las leyes. Si se opta por ello, se debe optar además por el tipo de tribunales al que se confía dichas competencias; cuándo y cómo pueden ellas ejercerse, y cuáles son los efectos de su ejercicio. El artículo explora estas posibilidades en el derecho comparado y en el desarrollo histórico del derecho constitucional chileno.

Creemos que la digresión es pertinente: Mientras los primeros se erigen como derechos, reconocimientos o enfoques (SIC) oponibles por la sociedad en su amplio espectro a la Convención, los segundos comportan obligaciones de la Convención propiamente tal, en cuanto a deberes de actuación mínimos exigibles en el desempeño del mandato democrático.

El elemento nuclear diferenciador de la libertad de información respecto de la expresión radica en su objeto: si ésta última tiene como objeto, la idea, la de aquella es la noticia o el dato, el conjunto de hechos considerados noticiables, la noticia, siendo el valor protegido por esa libertad el interés de todos en conocer los hechos de actualidad que pueden tener trascendencia pública.

En dicho reportaje se expone que el 27 de febrero de 2020 en el Festival de Viña del Mar se conmemoró el décimo aniversario del terremoto del 27F, razón por la cual se mostró a tamaño gigante la icónica imagen del “hombre de la bandera”. Bruno Sandoval, el protagonista de la instantánea tomada en medio de los escombros de la localidad de Pelluhue, acusó que nadie le pidió autorización para utilizar la foto en el festival.

El acceso a la justicia como derecho humano implica la posibilidad de llevar nuestras pretensiones a un tribunal para que nuestros derechos sean protegidos de manera efectiva y bajo ciertas condiciones mínimas que aseguren un debido proceso. Desde un sentido amplio, el acceso a la justicia es un derecho en virtud del cual los Estados deben garantizar a los individuos no solo el derecho de acceder al proceso judicial, sino también a cualquier instancia pública que permita obtener una reparación o tutela efectiva de las necesidades legales de la población.

La independencia judicial tiene por objeto asegurar que las autoridades legislativas y de gobierno no puedan utilizar sus competencias legales para procurar que un caso sea resuelto ignorando el derecho. La independencia se garantiza, en primer lugar, limitando las competencias legales para afectar la posición de un juez. En particular, las autoridades legislativas y de gobierno deben carecer de competencia para remover a un juez, para trasladarlo contra su voluntad, o para disminuirle su sueldo. En segundo lugar, la independencia se garantiza prohibiendo a las autoridades sustraer un asunto d