Cartas al Director

Dependiendo de la interpretación por la que optemos existirá una relación directa con uno de los principios que rigen al Derecho Laboral, nada más y nada menos que el principio protector, ya que, si determinamos que los trabajadores de dichas plataformas recibirán la categoría de empleados, les otorgarían ciertos derechos y protecciones laborales que no tendrían siendo un trabajador independiente, tales como salario mínimo, seguridad social, vacaciones pagadas, etc.

Como ex uniformados, nos enfrenamos ante un sistema judicial obsoleto, regido por un Código de Procedimiento Penal del año 1906, que no garantiza el debido proceso legal, un instituto básico en el Estado de Derecho democrático y moderno, y que constituye una verdadera protección de los ciudadanos frente al abuso de poder estatal arbitrario.

Muchas de esas sentencias, en efecto, son anuladas luego en sede de protección por la Corte de Apelaciones. ¿Por qué ocurre esto? La razón es simple: dichas organizaciones de la sociedad civil carecen de los recursos y del personal necesario para abordar investigaciones internas dando cumplimiento a las exigencias constitucionales en materia jurisdiccional.

La condonación al CAE es un proyecto de ley muerto desde que se implementó en el programa de gobierno. Inclusive, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicaba que no están las condiciones para efectuarlo. La gestión política es la acción, gestión y procesos en la cual se ejerce el poder político en la sociedad.

La igualdad en todos los ámbitos, idea rectora del discurso igualitario propio de todo socialismo —que está terminando de hundir los últimos vestigios del respeto y del principio de autoridad— tiene una motivación envidiosa.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, adoptados en 2011, proporcionan un marco integral para prevenir y abordar el impacto adverso de las actividades empresariales en los derechos humanos.

La ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, de la dictadura cívico-militar, creó dichas traviesas y lucrativas "corporaciones", las que según el texto del Diario Oficial, publicado el 31/03/1988, son fiscalizadas por las propias municipalidades, lo cual, a la luz de los desfalcos que se han conocido durante años, es una soberana mentira. Quienes se han aprovechado de las mismas han sido diversos alcaldes que han hecho pingües negocios debido a que ellas son entes privados, por lo tanto sin control de autoridad superior.

Tanto los municipios como los particulares deben tomar medidas preventivas para evitar interrupciones, especialmente las vinculadas con árboles cercanos a líneas eléctricas. Las empresas de electricidad y telecomunicaciones tienen la responsabilidad de mantener sus redes mediante podas y reemplazo de materiales, pero sus esfuerzos son insuficientes, como lo demuestra la falta de suministro en muchos hogares durante más de 72 horas.

El promedio de edad de los condenados es sobre los 72 años, por tanto, las penas dictadas por el ministro Mesa, son penas a muerte, sin tener participación en el hecho.

Nuestra Bandera es la heredera de la creada por Javiera Carrera en 1812. La Bandera de Chile simboliza la roja sangre de sus héroes, la azul vida, el blanco amor y la estrella de la Victoria y la Gloria. No existe una escuela, casa o una calle que no lleve el nombre de Arturo Prat.

Los informes serían deficitarios -como lo demostró el veredicto del Sr. Fuentealba- en cuanto a los métodos y procedimientos de análisis patrimoniales que vinculasen el delito base con los “procesos de blanqueamiento” (métricas). A mayor abundamiento, lo que se constata en la práctica procesal es que en dichos informes incriminatorios se justificaría un método patrimonial que es más bien restrictivo al ámbito tributario, más no penal.

Es importante reconocer y valorar las contribuciones positivas que muchos inmigrantes hacen a nuestra comunidad, pero no podemos ignorar la realidad alarmante de que una parte de la población inmigrante se ve involucrada en actividades delictivas.

En el año 1865, Chile y Perú se enfrentan a la Flota Naval Española, comandada por el Almirante Casto Méndez Núñez. Perú había encargado en Inglaterra construir un poderoso blindado el "Huáscar" y una fragata, la "Independencia". El Comandante Salcedo, fue nombrado Jefe de la misión encargada de la supervisión de la construcción de ambas naves.

Para perfeccionar esta ley, y futuras leyes que busquen regular esta materia, es fundamental: Generar un diálogo social que permita reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado, con el propósito de implementar mecanismos efectivos para redistribuir la carga laboral de las mujeres.

Veremos como la inobservancia por Gendarmería de Chile del factor anterior, sumado a la inexistencia de un médico de planta en los penales que albergan personas condenadas por causas de DDHH, como el penal de Colina I, cobró la vida de tres internos del Pabellón Asistir de dicho recinto durante solo este último año.

La seguridad pública es un derecho fundamental, entonces ¿por qué no se está garantizando? Es responsabilidad de las autoridades que este derecho sea asegurado a toda la población. Esta es la simple opinión de un adolescente que no es ciudadano aún, pero así es capaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo en su país.

Las empresas deben internalizar que el compliance no es un documento estático ni un requisito burocrático, sino un sistema vivo, esencial para la salud organizacional y la integridad del mercado. Este debe incluir una evaluación continua de riesgos que se ajuste a los cambios en la dinámica del mercado y la legislación vigente. En sectores propensos a la colusión, las evaluaciones deben ser particularmente meticulosas y frecuentes, adaptándose a las estructuras de mercado en constante cambio.

La justicia militar no es perfecta, funciona a la antigua y se vería mejorada si se le incorporan algunas practicas que la Reforma Procesal Penal trajo a la justicia ordinaria, que dicho sea de paso falla producto de no conocer el mundo militar y policial, lo que es más grave aun cuando cae en manos de fiscales y jueces que se dejan llevar por sus ideas progresistas, o bien claramente son del tipo activistas.

El problema es que los buenos jueces, que seguramente deben existir, se ven sobrepasados por una política judicial que, en los hechos, busca que se olviden pasadas omisiones sólo explicables en un período de anormalidad pero cuya expiación no puede seguir ad aeternum y transformarse en lo que es hoy una guerra judicial o Lawfare que se ha ensañado con los subalternos de hace 50 años y que, hoy en día, es evidente que inhibe la actuación de los llamados a imponer el orden y restablecer el derecho.

La amenaza contenida en la norma penal no vería afectada su eficacia (fidelidad al Derecho), ya que la humanización de la pena sería vista como necesaria, atendida tanto las circunstancias del condenado y el principio pro homine como el hecho que la sociedad chilena de hoy, enfrentada a una inseguridad generalizada a raíz del crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, no vería afectada su supuesto “deseo de justicia” por delitos pretéritos, cuyo cumplimiento efectivo se ha llevado a cabo.