Columnas

Actualmente el país está inmerso en una “revolución constitucional”, en la cual se identifican múltiples opiniones y diversos pareceres acerca de la Carta vigente.

La politiquería es la degeneración de la política: el aprovechamiento egoísta del poder o de la posición pública para fines de su vanidad o empobrecimiento.

Se requieren dos reformas importantes: la primera, pensar en qué casos los fallos de la Corte Suprema deben tener efectos generales, para así no afectar la igualdad ante la ley; y la segunda, que todas las contiendas de competencias sean conocidas por el TC.

El calificativo de “tercera cámara” no hace sino confundir a la ciudadanía respecto del rol que le corresponde desempeñar legítimamente al Tribunal Constitucional.

Comentario a la STC de 13 de diciembre de 2016, Rol N° 2983-16.

No parece coherente que si a los funcionarios públicos se les aplica el mismo régimen de pensiones que al resto de los chilenos, salvo contadas excepciones, los uniformados tengan una regulación distinta.

No existe el “economicidio”, y por lo mismo debemos contrarrestarlo de manera activa y no pasiva, como casi siempre ocurre con Bolivia y su persistente campaña anti-chilena.

Se ha criticado que la norma sería inconstitucional porque vulneraría el derecho de propiedad al aplicar retroactivamente causales de extinción que no estaban previstas cuando ellos fueron constituidos.

El perfeccionamiento de nuestra forma de gobierno y la búsqueda de mecanismos que aseguren un funcionamiento institucional más armónico y equilibrado entre los poderes del Estado es hoy un objetivo prioritario.

Se plantea la discusión en doctrina acerca de la naturaleza jurídica de la Acusación Constitucional que consagra nuestra Carta Fundamental. Los autores debaten sobre si se debe considerar este mecanismo como un instrumento netamente político o bien un mecanismo jurídico.

La Corte Suprema echó por tierra la que creemos es la buena doctrina, a saber, que se indemnicen los perjuicios a contar de la fecha en que el deudor debió pagar cada una de las asignaciones profesionales mensuales que adeudaba a los demandantes, pues ha retardado culpablemente su obligación.

La Administración Activa, impulsada por la Contraloría General de la República, ha entendido que por el hecho que la ley radique facultades desconcentradas en un órgano centralizado, automáticamente, asimila esta situación a la del jefe superior de un servicio descentralizado.

La modificación unilateral del domicilio electoral arroja sombras sobre la legitimidad del proceso electoral.

No puede existir una norma como ésta que impida cobrar los intereses por el retardo culpable en el cumplimiento de la obligación si no se ha interpelado previamente en forma judicial, ni menos discriminar, como lo hace la Corte Suprema…

¿Hay compatibilidad entre el cargo de Ministro del Tribunal Constitucional y de asesor del Congreso Nacional, según el artículo 14 de la Ley Orgánica Constitucional de la Magistratura?

Un aspecto que merece algunas dudas es el rol que cumplirá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente, la Subsecretaría en materia de juicios por violaciones masivas y sistemáticas y preservación de la memoria.

El resultado es un Brasil diferente en lo político, tanto interno como internacional. Ya no se muestra coincidente con los gobiernos populistas de la región pertenecientes al ALBA creada por Chávez.

Un Presidente con una mezcla de incapacidad y determinación ideológica, que le impide ver la realidad a la que ha arrastrado su país.

Solamente algunos ministros consideran el derecho internacional de los derechos humanos como fuente de derecho.

Un nuevo diseño constitucional debiera contener un tratamiento a lo menos de los siguientes temas: autonomía, tierras y territorios, participación, derechos colectivos, pluralismo jurídico y educación intercultural.