Columnas

Las dificultades de la democracia son inherentes a su concepto, lo que hace difícil encontrar una ecuación que otorgue estabilidad y unidad a una sociedad heterogénea, tensionada por sus múltiples sueños, intereses, necesidades y deseos.

El incidente de la indicación de la diputada Vallejo revela que la Constitución limita a las mayorías también en lo referido a la división de los poderes y la distribución de sus competencias.

Cinco árbitros fallaron contra las pretensiones chinas, al no contar con evidencias históricas, haber causado daños graves a los arrecifes de coral y rechazar los nueve puntos sobre los que basa sus argumentos, entre más razones. Con los antecedentes previos y los actos de provocación, que se han intensificado, aumenta peligrosamente la posibilidad de un incidente grave.

La opción que parece adecuada para Chile es el reconocimiento de la interculturalidad y la plurinacionalidad.

Hay varias razones que pueden esgrimirse hoy, para sostener que resulta más conveniente que el conocimiento y resolución de todos los asuntos relacionados con la infracción de normas estatutarias esté radicado en el TRICEL y, en su caso, en los tribunales electorales regionales (TER).

Porque la peor consecuencia del BREXIT no es su impacto en la libra, en los mercados financieros y en el comercio europeo; todo eso tiene remedio. El gran fracaso sería la derrota del más ambicioso y fructífero proyecto de unidad europea que nunca antes prosperó.

Chile está aplicando a ciudadanos suyos procesos penales propios del pasado inquisitorial más ominoso.

A la luz de la ley de matrimonio civil, entonces, si el proyecto prospera, no sólo el cónyuge divorciado sino también el viudo, podrá casarse con su suegra (que ya no será pariente) o con la hija de su ex mujer (que no fuere además propia).

Básicamente el tema se centra en la concesión de libertades provisionales, en si las mismas normas pueden aplicarse a reos comunes o a reos condenados por delitos de lesa humanidad y si el criterio de la enfermedad incurable y de la edad avanzada opera solo o junto a otros criterios para el otorgamiento del beneficio.

Se ha determinado demandar, frente a tanta provocación, amenazas y hasta insultos de Bolivia. Ahora sí, y por decisión nuestra, de verdad tenemos un pleito sobre el Silala.

¿En qué medida el derecho, fundado en argumentos morales, da relevancia a un hecho científico o a cualquier otra circunstancia del mundo físico? ¿Bajo qué supuestos la moralidad, como fundamento ético del derecho, puede invocar a “los hechos” para justificar sus prescripciones?

Descarnada descripción de la dramática situación venezolana, y el accidentado proceso revocatorio en curso, con escasas probabilidades de hacerse realidad.

La convocatoria del gobierno a un proceso constituyente que desembocará en una nueva Constitución me provoca muchas dudas.

Lo que cuesta comprender es porqué normalmente actuamos según las pautas de Bolivia, y siempre reaccionando a ellas, jamás tomando alguna iniciativa, o tampoco las contrarrestamos suficientemente.

Se incurre en una confusión entre dos instituciones del Derecho Civil de Familia que son claramente diferentes: las guardas (tutelas y curatelas), por un lado, y el cuidado personal de los hijos menores, por otro.

El dictamen emitido es trascendente, ya que realiza un análisis adjetivo, fijando reglas o criterios comunes en un sistema que carece de unificación normativa.

El problema entonces no es atacar la independencia de los jueces o su irrestricta sujeción a la ley, sino más bien lograr entender y responder los problemas siempre en base a razones.

El razonamiento que realiza el Consejo estableció como regla jurisprudencial que la reserva de la información sólo es posible cuando tal reserva sea declarada así por una ley de quórum calificado.

Los alcances del control de constitucionalidad se vinculan con el modo de construir un sistema político en donde a diferencia de la antigüedad, no existe acuerdo sobre los medios ni fines de la convivencia política.

Si se mantiene el criterio contenido en la STC 2981, la Magistratura Constitucional debería afirmar que son los Juzgados de Policía Local los llamados a conocer de las infracciones a la normativa sobre propaganda electoral.