Cartas al Director

El tribunal estimó que los hechos expuestos en la querella por eventual prevaricación imprudente presentan mérito suficiente para ser investigados, destacando la activación de los mecanismos de control y responsabilidad propios del sistema judicial.

La discusión sobre sancionar a apoderados por casos de bullying reabre el debate sobre la corresponsabilidad entre familia y escuela, evidenciando que las medidas legales no sustituyen el rol formativo y preventivo que deben asumir los adultos en la convivencia escolar.

La difusión de contenidos digitales que generan asociaciones marcarias ambiguas —sin claridad sobre su origen o intención— plantea nuevos desafíos para el derecho de marcas, al evidenciar que el valor y la reputación pueden construirse incluso fuera de los esquemas tradicionales de control y atribución.

Chile ha avanzado en estrategias nacionales de inteligencia artificial, pero los debates sobre gobernanza tecnológica recién comienzan. La experiencia internacional muestra que estas discusiones no pueden postergarse hasta que la tecnología ya esté completamente integrada en las estructuras del Estado. Así, pareciera que la próxima gran discusión sobre inteligencia artificial probablemente no será tecnológica, sino institucional: quién tiene la autoridad para decidir cómo y para qué se utilizan las tecnologías más poderosas de nuestra era.

La discusión sobre el uso de tarjetas de coordenadas evidencia la brecha entre modernización tecnológica y seguridad de los usuarios, especialmente adultos mayores, quienes enfrentan dificultades de acceso y riesgos tanto físicos como digitales en el sistema bancario.

La agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral evidencia un preocupante deterioro en la convivencia democrática y plantea la necesidad de reafirmar el respeto por la autoridad, la libertad de expresión y el debate sin violencia.

La agresión a la ministra de Ciencias reabre el debate sobre la normalización de la violencia en el espacio público, evidenciando la necesidad de una condena transversal y sin ambigüedades para resguardar la convivencia democrática.

El problema pareciera ser conceptual. El sistema marcario no fue diseñado para monopolizar lenguaje, sino para proteger y evitar confusión en el consumidor. Sin embargo, cuando se relajan los estándares de distintividad, especialmente en signos compuestos por expresiones genéricas o de uso común, se abre la puerta a exclusividades difíciles de justificar.

El aumento de la violencia escolar en Chile, sumado a cifras preocupantes sobre salud mental infantil, evidencia la necesidad urgente de fortalecer estrategias preventivas y un enfoque integral que involucre a familias, escuelas y al Estado para garantizar entornos seguros para niños, niñas y adolescentes.

La Ley 21.772 impulsa una modernización del sistema de Conservadores de Bienes Raíces, fortaleciendo la transparencia, digitalización y certeza jurídica, en un giro que busca facilitar el acceso de las personas a un servicio clave para el ejercicio del derecho de propiedad.

Los recientes casos de agresiones a profesoras y profesores en establecimientos educativos de Chile han desatado un debate sobre la convivencia escolar, la autoridad docente y la respuesta del Estado. Este artículo propone leer estos hechos no solo como conflictos individuales ni como emergencias disciplinarias aisladas, sino como síntomas de fallas institucionales profundas. Recurriendo a la Teoría de la Elección Pública, sistematizada por James Buchanan, se argumenta que las instituciones educativas y las políticas de convivencia escolar están diseñadas asumiendo virtud en sus actores ,famil

La revisión regulatoria de la Comisión para el Mercado Financiero abre la puerta a excepciones en el uso de tarjetas de coordenadas, evidenciando un giro hacia políticas públicas más sensibles a las brechas digitales y a la realidad de los usuarios, especialmente adultos mayores.

El caso de Banksy reabre el debate sobre el anonimato en el arte y su compatibilidad con el derecho de autor, evidenciando que la protección jurídica recae en la obra misma y no en la identidad de quien la crea.

A 208 años del fusilamiento de los hermanos Carrera en Mendoza, el episodio revive el debate histórico sobre las tensiones políticas en los albores de la República y las controversias en torno a sus juicios, ejecución y consecuencias para su familia.

El archivo de solicitudes de residencia por parte del Servicio Nacional de Migraciones, en lugar de su rechazo formal, genera un limbo jurídico que impide a las familias ejercer su derecho a defensa y deja a niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión, tensionando el principio del interés superior del niño.

El avance de la inteligencia artificial abre un debate que trasciende lo tecnológico: la tensión entre innovación y límites al poder —estatal y privado— plantea desafíos directos a la libertad individual, la verdad pública y la dignidad humana en sociedades democráticas.

Reducir la nueva ley de convivencia al uso de detectores de metales, es leer apenas la punta del iceberg. Es una salida vistosa para tiempos de miedo, pero débil como respuesta de fondo. La violencia escolar no nace en la puerta del colegio, sino mucho antes, en vínculos deteriorados e invisibilización del sufrimiento, en la cultura de convivencia social, en valores culturales y los referentes que los encarnan. En eso debiera centrarse un debate serio y comprometido con el cambio.

La automatización de la Operación Renta ha simplificado el proceso formal, pero no la complejidad jurídica del cumplimiento tributario, trasladando al contribuyente mayores exigencias de coherencia, análisis y responsabilidad en sus declaraciones.

El análisis plantea una creciente inquietud sobre la coherencia del sistema de justicia frente a hechos de violencia de similar gravedad, cuestionando las diferencias en su tratamiento jurídico, oportunidad y efectos en la percepción de igualdad ante la ley.

Contrario a una supuesta erosión del Estado de derecho, suprimir el indulto presidencial bajo esta visión restrictiva y formalista es someter a la República a un sistema punitivo inexorable. Más allá de su raigambre histórica, esta prerrogativa resulta plenamente vital: constituye una vía excepcional y un contrapeso indispensable para el sistema garantista en lo jurídico, y una herramienta de prudencia esencial para el orden republicano en lo político.