Cartas al Director

El autor destaca el reciente éxito de la negociación colectiva del Sindicato de Trabajadores del Parque Cultural de Valparaíso, subrayando cómo el diálogo, la buena fe y la voluntad de las partes permitieron superar obstáculos legales y evitar la judicialización del conflicto, reafirmando el valor práctico de la libertad sindical y la paz social en instituciones financiadas con fondos públicos.

El autor presenta la iniciativa “Contraloría Ciudadana GEC” como un mecanismo de control social orientado a fortalecer la transparencia y la gobernanza en el sistema escolar, planteando que la integridad educativa exige canales responsables de denuncia, estándares técnicos claros y respeto irrestricto por el debido proceso.

El autor reflexiona sobre las exigencias éticas y de probidad que deben observar los jueces de los más altos tribunales, advirtiendo que los cuestionamientos recientes al Poder Judicial impactan directamente en la confianza ciudadana. Sostiene que fortalecer la independencia judicial requiere también transparencia, control institucional y rendición de cuentas efectiva.

El autor denuncia el incumplimiento y la demora de Gendarmería en ejecutar fallos de la Corte Suprema en materias penitenciarias, advirtiendo que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y socavan la autoridad del Poder Judicial y el Estado de Derecho.

Cuando el parentesco por sí solo no es suficiente para probar el daño. Un comentario a propósito de un reciente fallo de la Excelentísima Corte Suprema que reafirma el criterio que no hay indemnización sin daño probado, aunque la culpa esté acreditada.

El autor reflexiona sobre la crisis venezolana a la luz del derecho internacional y plantea que el actual escenario abre una oportunidad para que la diplomacia demuestre su eficacia como vía para restaurar la democracia, evitando el recurso a la fuerza.

El autor cuestiona la idea de que el Poder Judicial sea el único garante del Estado de Derecho, sosteniendo que su vigencia depende del equilibrio entre todas las instituciones del sistema democrático. A partir de un fallo reciente y del debate público que generó, defiende una concepción amplia del derecho y critica la interpretación judicial que, a su juicio, vulnera las reglas comunes y debilita la confianza ciudadana.

El autor reflexiona sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, destacando su proyección desde el Sur Global y cuestionando el carácter estructuralmente excluyente del veto de las potencias permanentes del Consejo de Seguridad.

La autora rescata los antecedentes históricos que dieron origen a La Aurora de Chile, destacando el rol decisivo de José Miguel Carrera en la instalación de la imprenta, la creación del primer periódico nacional y la temprana consagración de la libertad de prensa en el proceso independentista chileno.

El autor analiza un reciente fallo que flexibiliza los requisitos para acceder al Beneficio para el Adulto Mayor en materia de contribuciones, advirtiendo la tensión que ello genera entre la protección de los derechos de las personas mayores y el principio de legalidad tributaria. Plantea la necesidad de una reforma legal que evite que esta corrección se produzca exclusivamente por vía interpretativa.

El autor aclara una información publicada previamente, precisando que las citas de jurisprudencia cuestionadas no eran inexistentes ni formaban parte de la demanda original, y solicita la corrección de la nota a fin de resguardar la precisión informativa.

El autor advierte sobre las debilidades estructurales en la seguridad digital del Servicio de Impuestos Internos, subrayando la falta de autenticación multifactor como un riesgo grave para el sistema tributario frente al aumento del cibercrimen.

La autora profundiza sobre el caso de Uber Inmobiliario y cómo el uso de la palabra "Uber" va generando una compleja situación debido a la posible colonización del lenguaje, pese a que los servicios de Uber Inmobiliario son totalmente diferentes a los que ofrece Uber como tal.

La autora explica que el reconocimiento jurídico de las familias multiespecies en Chile constituye un desafío pendiente para el derecho de familia, destacando la necesidad de integrar un enfoque psicosociojurídico que considere a los animales como seres sintientes y miembros del núcleo familiar, en coherencia con los vínculos afectivos existentes, la normativa vigente sobre tenencia responsable y las transformaciones sociales actuales.

La autora analiza críticamente la nueva ley de convivencia escolar, advirtiendo que el cambio normativo resulta insuficiente si no se acompaña de condiciones materiales, dotaciones profesionales estables y un rediseño estructural del sistema educativo. Sostiene que, sin coherencia entre discurso legal y realidad institucional, la convivencia escolar seguirá siendo una promesa que no logra materializarse en el aula.

El autor analiza la victoria de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica 2026, destacando el contexto de alta participación electoral, el respaldo al oficialismo y los desafíos políticos e institucionales que enfrenta el nuevo gobierno en un escenario regional marcado por el castigo a los partidos en el poder.

Avanza en el Congreso la tramitación del proyecto de ley que busca reconocer legalmente a los estudiantes con “altas capacidades”, estableciendo mecanismos de identificación y apoyo, junto con medidas pedagógicas como adecuaciones curriculares diferenciadas y, en determinados casos, aceleración curricular.

Durante décadas, el abogado corporativo fue valorado principalmente por su capacidad de conocer la ley, interpretarla y basado en ella reaccionar ante problemas, muchas veces cuando estos ya estaban sobre la mesa. Hoy, el modelo cambió y uno de los conductores principales es la IA. Sí, la IA está cambiando radicalmente el cómo, cuándo y…

La carta plantea que el esquema clásico de tres poderes ha sido superado por una estructura real de seis centros de influencia —Ministerio Público, medios y órganos contralores incluidos—, y advierte que el fortalecimiento del poder persecutor debe ir acompañado de límites, controles y responsabilidad institucional.

El autor examina críticamente el uso de la fuerza desde la perspectiva del Estado de Derecho, poniendo el acento en la necesidad de normas claras y verificables que distribuyan responsabilidades y otorguen legitimidad institucional a la actuación policial.