Cartas al Director

En la actualidad, existen en nuestro país un entramado jurídico procesal altamente y me atrevería a señalar, innecesaria y/o culpablemente complejizado, de normas que, aunque muy similares unas de las otras, despiertan interpretaciones, reglas, o usos positivizados o no que, en definitiva, cambian en desmedro de la coherencia del sistema legal, el ejercicio profesional de los abogados.

Al terminar el año de conmemoración de los 50 años del “Golpe Militar” se le ha rendido, el domingo recién pasado, su mejor homenaje: La ratificación de la Constitución nacida en 1980.

Es fundamental no bajar la guardia, especialmente de cara a las festividades de fin de año, potenciando campañas como “Ni Una Gota” en grupos de riesgo, impulsada por Aprocor, junto con aquellas de SENDA, CONASET y otras organizaciones que contribuyen significativamente a enfatizar en los daños, riesgos y creencias erróneas en torno a la ingesta de bebidas con alcohol.

Exdirectores que nunca fueron condenados a pena aflictiva, única razón objetiva para intentar borrarlos de la memoria institucional.

Los actos de corrupción parecieran haberse enquistado en las principales esferas de poder de nuestro país. El reciente caso del abogado Luis Hermosilla destapó una serie de contradicciones, entre ellas el ejercicio ético y virtuoso de la profesión, así como también la distopía entre el bien común y la mera satisfacción personal.

Una novedad del proyecto consiste en permitir, en la determinación de los tributos, la deducción de los “gastos objetivos necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia”. Sin embargo, esta alternativa recuerda al artículo 31 de la Ley de la Renta que permite la rebaja de los gastos necesarios para producir la renta. En el texto, existe un intento de ampliar las posibilidades de rebaja para incluir gastos no vinculados con la generación de utilidades.

El fundamento jurídico haría revolcarse en su tumba al gran jurista Andrés Bello, autor de nuestro Código Civil. Pareciera que la DGMN confunde o no parece tener claro las diferencias entre los términos jurídicos de “Dominio”, “Posesión” y “Tenencia”.

Es posible afirmar que la extensión del capítulo del Banco Central no fue un mero capricho del Consejo. Por el contrario, es solo una consecuencia de un acuerdo político: el Congreso y el Consejo Constitucional estimaron inconveniente la existencia de leyes supramayoritarias. En efecto, el Congreso -hace tan solo un año- acordó que las leyes orgánicas constitucionales podrían ser derogadas o modificadas por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (y no por cuatro séptimos como ocurría previamente).

El llamado es a que las personas se informen y lean la propuesta de Constitución y la Constitución de 1980, y saquen sus propias conclusiones, sin que nadie les diga que es lo que tienen que hacer o como sufragar, el voto es libre e informado; además obligatorio.

Actualmente, no sólo tenemos una normativa que causa más dudas que certezas en cuanto a su aplicación, sino que también, tenemos un vacío en cuanto a la fiscalización de un organismo tantas veces cuestionada como lo es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Ante un enemigo jurado, como fue considerado en vida Novoa por el PC, todo vale, así esté fallecido e incapacitado de defenderse ante esta acusación que carece absolutamente de respaldo legal y que ignora una resolución a firme del poder judicial.

Gabriela tenía claridad de que la libertad y los derechos humanos eran fuente de bienestar para los pueblos, cuestión que está estrechamente ligada con el campo cultural, artístico y patrimonial. De hecho, este ámbito fue incluido en la Declaración de 1948, que en su artículo 27 dictamina que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

El artículo 114 de la propuesta de nueva Constitución Política minimiza a las FF.AA. y deja a sus miembros como meros funcionarios públicos, desvinculados del concepto de patria, su sustento espiritual.

Más de cien mil venezolanos pueden ejercer el derecho al voto en Chile, pero no pueden votar en las elecciones de su propio país.

Ahora, quienes nos quisieron vender esa casa, han llegado a la conclusión que no era necesaria su construcción y podíamos seguir viviendo en la que actualmente habitamos. Curiosa conclusión, pero, como habitualmente se dice, todos tienen derecho a “cambiar de opinión” o acomodarse a las circunstancias.

Temo que de eso se trate, provocar la caída de los prestadores privados para imponernos la “igualdad sustantiva” en materia de salud, esto es, ser todos parte de un único y obligatorio sistema estatal de salud, en el cual todos seremos “igualmente” mal atendidos y sin posibilidad de elegir.

En mérito a las diversas atribuciones y facultades que la Constitución Política de la República de Chile de 1980 concede al mandatario de turno es que se afirma que esta posee una tendencia hiperpresidencialista. A pesar de ello, esta tendencia se mantiene en el texto de propuesta de Nueva Constitución de Chile, debido a que el artículo 100, que establece las atribuciones especiales del presidente de la República, sigue estableciendo que el gobernante posee la atribución de nombrar a jueces y fiscales de todos los niveles.

Lo primero, es entender bien, que se está votando: es un a favor o un en contra de la propuesta que, esta vez, ha redactado el Consejo Constitucional, compuesto por miembros elegidos por la ciudadanía con voto obligatorio, de un anteproyecto redactado por una Comisión de Expertos de todos los partidos políticos, respetando doce bases institucionales (Art. 154 de la actual Constitución), que fueron acordadas por gran parte de los partidos políticos con representación parlamentaria. Todo lo anterior, en mi opinión, da legitimidad y transversalidad al texto constitucional.

La Declaración contempla normas originalmente carentes de obligatoriedad jurídica representando lo considerado por diversas sociedades como mínimo común protector de las personas. Esto ha cambiado. Ha evolucionado jurídicamente al considerarse obligatoria.

Entre las diversas proposiciones realizadas, hay un par que, si bien se tratan por separado, van en la misma dirección. Una de ellas, es aumentar el IVA hasta en un 22% y modificar los tramos del Impuesto Global Complementario, estableciendo tasas marginales de un 30% y 40% para los tramos más altos.