Cartas al Director

Dentro de las materias que requieren quórum más alto tenemos la exclusión de la reelección presidencial consecutiva y la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen gastos directos al Fisco.

En el artículo 52° de la propuesta -que será plebiscitada este 4 de septiembre- se consagra por primera vez el derecho a la ciudad y el territorio, señalándose que “es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad”.

Como Fundación estamos en completo desacuerdo con este Plan, el cual es manifiestamente ilegal pues no se ajusta al estado actual de la legislación de protección animal y al principio de protección del bienestar animal que inspira nuestro ordenamiento jurídico.

Llamativo resulta el nivel de algunos “argumentos” esgrimidos por la opción Rechazo a propósito de la franja electoral del venidero Plebiscito Constitucional. Un Constitución, aun siendo la Ley Suprema, no tiene por qué escribirse con amor, ni las leyes en general. Es un despropósito y un sinsentido el fundar la validez o legitimidad de una norma basado en el amor con que ella se redactó.

La Corte Suprema sostuvo que la recurrente, designada para desempeñar el cargo de Directora de Seguridad Pública de la Municipalidad de nunca detentó la calidad de funcionaria de exclusiva confianza, por lo cual, al atribuirle tal calidad la Municipalidad sin existir norma legal que la sustentare, aparece que el Decreto Alcaldicio recurrido deviene en arbitrario e ilegal.

Esta semana se conoció que el Gobierno ingresó indicaciones al proyecto de ley de Nuevo Ministerio de Seguridad Pública presentado por el gobierno anterior, añadiéndole a su nombre “y Convivencia Ciudadana”.

Se resisten a señalar cuáles serían las reformas que en tal caso impulsarían, y esto se debe a que de verdad no tienen voluntad de reformar nada. Sólo se trata de una cuestión de estrategia electoral para confundir y obtener la voluntad de los electores en el plebiscito del 04 de septiembre.

La aprobación de dicha propuesta en el plebiscito ratificatorio y su implementación acarrearía no solo la destrucción de la nación chilena —una nación mestiza que hemos forjado entre todos a lo largo de casi cinco siglos de historia— sino que el descuajeringamiento del orden institucional de la República y el establecimiento de principios jurídicos y de normas de orden público económico que harían retroceder a Chile a lo que era hace cincuenta años.

Si no se demuelen los edificios ilegales de Estación Central, siempre que el gobierno asuma su rol en cuanto a las referidas compensaciones económicas, los departamentos de dichas torres contarán con recepciones finales de obras que permitirán ser entregados a sus promitentes compradores. Estamos hablando de unos 9.000 departamentos.

Esto ocurre principalmente por lo experimental y estrambótico que resulta ser el texto, ya que incluye un conjunto de principios constitucionales que quedan a una abierta interpretación. Entre los cuales me preocupan: los derechos sociales, los procesos de expropiación, la propiedad privada, la plurinacionalidad, entre otros.

Los miembros sostienen que el texto "introduce ambigüedades y contradicciones que podrán resultar importantes vulneraciones contra la dignidad y libertad de las personas"

El filósofo chino Shang Yang afirmó que “en la aplicación de la pena, una falta leve debería ser tratada, asimismo, como una falta grave, pues si no sucede así, las faltas leves no cesarán nunca y en lo sucesivo ocasionarán faltas graves. Si, por el contrario, se toman en serio las faltas más pequeñas, cesarán para siempre las sanciones mismas” (Shangjunshu, 13).

La conceptualización de la expresión justo precio, de la cual se sirve el artículo 80 del nuevo texto, el dominio sobre los fondos previsionales o los nuevos contornos o límites que fijaría la eventual nueva Carta Magna ha dividido a especialistas, alarmistas y público en general, incidiendo sustancialmente en sus preferencias.

Remodelar la Alameda no es un asunto fácil pues su carga histórica la convierte en un espacio altamente sensible para la opinión pública. Cabe recordar que cada vez que ha partido un nuevo ciclo político en el país, este lugar ha sido re-definido, re-diseñado y re-construido.

La normativa presenta problemas específicos, que parecen no prioritarios, pero que en su aplicación generan dificultades interpretativas, que complejizan las operaciones. Un ejemplo es la Ley 21.420, que cambió la concepción sobre el hecho gravado básico de IVA servicios.

Cabe destacar la claridad con que la cartera llamó a retornar a la presencialidad plena, no obstante, el Ministro parece haber olvidado que hace unos meses atrás autorizó la flexibilización a la JEC, lo que acortó de forma abrupta la presencialidad de las jornadas diarias de clases de los estudiantes.

El texto redactado por la Convención Constitucional nos retrotrae a la edad media al crear dentro del Estado de Chile los llamados territorios indígenas autónomos, verdaderos “cotos inmunes” en los cuales los dirigentes indigenistas, cual nuevos señores feudales, ejercerán funciones propias del poder público como son las de gobierno, administración, jurisdicción y policía; dictarán también normas e interpretarán la costumbre ancestral.

Una revisión al documento, nos permite calificarlo como “moderado” en cuanto al sentido de sus contenidos, ya que se rechazaron las propuestas más extremas planteadas dentro del proceso, en especial aquellas potencialmente perturbadoras para la política macroeconómica.

Puede presumirse que dichos artículos ( artículo 3 y 7 de la Ley de Migraciones) son letra muerta para el Servicio Nacional de Migraciones, organismo que insiste sistemáticamente en vulnerar los derechos de los extranjeros que hacen vida en el país, al adoptar medidas e interpretaciones que de forma sostenida desmejoran la situación jurídica de dichas personas.

Lo que propone el texto constitucional es un claro avance desde una perspectiva de derechos, ya que no solo se adecúa a las obligaciones internacionales que el Estado tiene sino que contiene herramientas que permiten hacer frente a la realidad de la movilidad humana bajo el prisma de protección, garantía y promoción de derechos en condiciones de igualdad y no discriminación.