Legislativo

En el Diario Oficial del día de ayer fue publicada la Ley Nº 20.391 que permite a los habitantes de Chaitén, afectados por la erupción del Volcán de dicha localidad, votar en los comicios del 13 de diciembre de este año en Puerto Montt, Castro, Ayacara y Villa Santa Lucía, estas últimas ubicadas en la…

La moción, patrocinada por los diputados Edmundo Eluchans, Jorge Burgos, Juan Bustos, Alberto Cardemil y Guillermo Ceroni modificaba el artículo 51 de la Constitución, a fin de establecer que las elecciones de diputados y de senadores se efectuarían conjuntamente y que los senadores podrían ser reelegidos sucesivamente en el cargo sólo por una vez y…

El proyecto de ley iniciado por Mensaje e ingresado a la Cámara de Diputados, establece que "toda persona tiene derecho a recibir información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, en forma clara; comprensible; completa; y, en su caso, confidencial". Además, que "esta información deberá abarcar todas las alternativas eficaces para decidir sobre…

“En la práctica, al exigir la ley que los patrocinantes de candidaturas independientes a cargos de representación popular deban firmar ante un notario, no permitiendo que el notario se limite a certificar las firmas, está dificultándose la participación de independientes con infracción a la normativa constitucional”.

Plantea que un ciudadano podrá patrocinar por elección una declaración para diputado, una para senador y una para Presidente de la República, simultánea o separadamente, según lo decida, y si suscribe más de una para alguno de esos cargos, sólo será válida la que se hubiere presentado primero al Director del Servicio Electoral.

La Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Acuerdo que solicita a la Presidenta de la República que remita un proyecto de ley que establezca una asignación permanente para quienes sirvan como Vocales de Mesa en las elecciones que se realicen en el país.Se recuerda que en la elección municipal de 26 de octubre de…

Los diputados Burgos, Ceroni, Díaz, Eluchans, Harboe, Pérez, Soto y Tuma, proponen modificar la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para establecer el procedimiento conforme al cual se debiera solicitar la indemnización de perjuicios por la acción errónea o arbitraria de los fiscales del Ministerio Público.El proyecto se fundamenta en que la ley orgánica de…

La Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Acuerdo que llama a la comunidad internacional, en especial a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, a adoptar medidas conducentes a restablecer los derechos, hoy conculcados en Venezuela, y a exigir el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias de los órganos competentes del…

La reforma constitucional de 2005 reafirmó la tuición ética de los Colegios Profesionales sobre sus miembros. Dicha enmienda, sin embargo, no consagró la colegiatura obligatoria, y al regular la tuición ética la estructuró en base a dos criterios: a) Los Colegios constituidos conforme a la ley, tienen la tuición ética de sus afiliados. De las…

Agrega que el efecto de la declaración de inconstitucionalidad significa que lo que estaba regulado desaparece, dando lugar a un vacío normativo, situación que en muchos casos se traduce en que el efecto contrario a la Constitución persiste, por cuanto la norma existente se ha desvanecido. De aquí entonces que la derogación inmediata del precepto legal considerado contrario a la Constitución, pueda dar lugar a efectos perniciosos.

La enmienda referida se hizo necesaria luego de que el TC acogiera un requerimiento formulado por 35 diputados y resolviera que "el Tratado que contiene el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,... para su aprobación por el Congreso Nacional y su posterior ratificación por el Presidente de la República, requiere de reforma constitucional previa". (STC, 8 de abril de 2002, Rol Nº 346. Votación dividida).

Señalan que esa enmienda se justifica para ajustarla al sentido y alcance de la inhabilidad parlamentaria prevista en el artículo 60, inciso segundo de la Constitución.

Un 12,9% de la población chilena tiene algún tipo de discapacidad (Encuesta sobre Discapacidad 2004, FONADIS e INE). Lo anterior significa que más de un millón de potenciales electores se quedan literalmente sin saber cuáles son las proposiciones de sus candidatos, y de este universo un 8.74% tiene discapacidad auditiva.

Los parlamentarios señalan que existen alrededor de 171.000 jóvenes con discapacidad, entre los 15 y los 29 años, distribuidos casi en partes iguales entre hombres y mujeres.

Por esa vía, agregan, se altera la voluntad ciudadana que eligió a un parlamentario que viene a reemplazarse por algún candidato que luego postula un partido político, lo que no resulta deseable.

Los parlamentarios observan que “tratándose de candidaturas independientes existen trabas innecesarias que en los tiempos actuales perjudican el desarrollo democrático de la nación”.

Agrega que el establecimiento de un número fijo de diputados en la Constitución, entorpece el diseño que el legislador puede hacer de un sistema electoral más representativo, pues éste puede significar un aumento de la cifra que la Constitución establece, haciendo inviable una modificación meramente legal que no fuera acompañada de una enmienda a la Carta Fundamental.

Quedó claro que no es imperativo que la formación de estas asociaciones diera lugar siempre a la constitución de personas jurídicas, pues es perfectamente posible que los municipios constituyan asociaciones de carácter transitorio, es decir, uniones que obedezcan a situaciones puramente circunstanciales, las que una vez superadas, carecen de razón de ser.

El Mensaje señala que es de público conocimiento la crisis económica que actualmente afecta al mundo entero y que también ha impactado a nuestro país, por lo que un feriado legal adicional supone un importante golpe a la economía nacional generando pérdidas por millones de dólares.

El establecimiento de un gobierno menos presidencialista, la modificación del sistema binominal, la compatibilidad entre el cargo de ministro y parlamentario, son algunos de los temas discutidos en el seno de esa Comisión.

En tanto, al genocidio se lo define como todo acto ejecutado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en su calidad de tal.

La enmienda sustituye el inciso primero del artículo 15, para establecer que “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”.

Estiman que con ello se vulnera el principio de igualdad y de inocencia, pues las condiciones que en algún momento autorizaron la formación de causa respecto del parlamentario se modifican sustancialmente luego de ser absueltos por un Tribunal de la Republica que conoció y falló en derecho sobre la imputación penal de que fueron objeto.

La moción, patrocinada por los diputados Accorsi, Aguiló, Enríquez-Ominami, Espinosa, Farías, Jiménez, Sule y Súnico, propone eliminar el Nº 7 del citado artículo 57, para permitir a los dirigentes sindicales ser candidatos a diputado o senador.

Por ello propone reestructurar su planta adecuándola a las actividades y controles que el perfeccionamiento del sistema electoral y político le demanda, facultándose al Presidente de la República para que a través de un decreto con fuerza de ley fije la nueva planta del Servicio con sujeción a las pautas que en ella se especifican.

Se busca terminar con el personalismo legislativo que tiene el poder ejecutivo para formular materias de ley.

Es el involucramiento en un delito grave y no la pena que se imponga lo que debe primar, porque estamos hablando de cargos públicos, señala la moción.

"Este Proyecto de Ley viene a encargarse de la responsabilidad política de quienes participaron directamente de la gestión administrativa y política del Gobierno Militar, impidiendo que todos los civiles que asumieron algún cargo de responsabilidad política puedan ejercer o postular a cargos públicos”.

La moción señala que el sistema actual, basado en la Ley N° 13.196, "Reservada del Cobre", no provee los requisitos mínimos de transparencia, eficiencia técnica, legitimación democrática y control de legalidad de los gastos en compra de armamento, el que “ha demostrado operar deficientemente, dando cabida a varios episodios de corrupción, que resultan difíciles de investigar y sancionar y dañan la moral y prestigio de nuestras Fuerzas Armadas".

La moción señala que la legislación procesal penal contiene un vacío en esta materia, pues si bien el artículo 347 del CPP establece que todas las medidas cautelares deben ser levantadas al momento de dictarse una sentencia absolutoria, la condición de desaforado se mantiene hasta que la sentencia este firme, es decir, hasta que se resuelvan los recursos que se presenten por todos los acusados.