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Conforme a esta jurisprudencia de la Corte Suprema, que llamo “proporcionalidad-igualitaria”, la Administración, al momento de determinar la sanción a aplicar en un caso concreto, no sólo deberá considerar las reglas dispuestas al efecto por la ley, sino que también su práctica pasada, esto es, las sanciones que ha aplicado con anterioridad a “eventos semejantes”, “situaciones de similar entidad” o “precedentes asimilables”.

El dictamen metapericial o critique evidence, nombre con el que se conoce y utiliza en el sistema anglosajón del common law, en su esencia busca apoyar al sentenciador a resolver el conflicto que tiene a su vista, pero cuyo objeto de estudio, como ya se señaló, se centra en revisar y determinar si el informe del experto cumple o ha cumplido con los requisitos formales y objetivos de fondo para el cual fue solicitado y aportado en el proceso. No obstante, este dictamen, como todo medio de prueba, debe necesariamente ser regulado para permitir su entrada al juicio y regulado en su valoración, in

No se establece ningún deber de cada uno con los demás y con la comunidad. Pareciera que somos individuos sin vínculos sociales que nos obliguen más allá de los más evidentes como padres, encargados públicos, proveedores, etc. Y esto no queda compensado por las referencias a la solidaridad en la organización territorial o fiscal que contiene el texto propuesto, las que están básicamente referida al orden estatal. La propuesta, se desmarca de la Declaración Universal, pero también de una rica tradición latinoamericana que ha ubicado a los deberes como elementos básicos del orden democrático y c

Tratándose de los/las pacientes que son menores de edad, se ha entendido que debe ser una persona adulta quien decida por él/ella, a fin de alcanzar su mayor bienestar; sin embargo, esta situación afecta sustancialmente su participación activa en la toma de decisiones vinculadas con su salud, al no considerar su autonomía.

El Código Civil consagra dentro de sus disposiciones diversos nudos espistemológicos de género, frutos de la realidad histórica y cultural en la cual dicho cuerpo legal tiene su génesis. En la actualidad varias normas han sido suprimidas (como la derogación por la Ley 20.830 del artículo 128 vigente desde 1857 que impedía a la mujer contraer segundas nupcias inmediatamente de haber quedado nulo o disuelto el matrimonio anterior para evitar confusiones de paternidad que hoy se resuelven mediante un examen de ADN), muchas otras siguen vigentes envolviendo a la mujer en un manto de incapaz relati

Ampliar la competencia sin considerar aspectos básicos de acceso a la justicia y determinar qué aspectos pretende abordar, para superar lo que el proyecto considera un tema no resuelto, traspasando de una jurisdicción a otra, es contrario al principio mismo y podría desvirtuar no solo en el aumento de la competencia de estos tribunales, sino generar una sobrecarga de trabajo en dichos tribunales sin los elementos materiales para absorber esta nueva competencia y las que se pretenden implementar.

La incorporación de una presunción en el art. 10 N°6 CP podría verse como absolutamente beneficiosa para funcionarios policiales, pero debe analizarse con cuidado. Primero, podría sostenerse que es replicable la discusión sobre qué es aquello que se presume, como ha ocurrido desde antaño con la legítima defensa privilegiada, y que no todos los elementos se pueden presumir, siendo siempre necesario acreditar que existió agresión ilegítima.

Latinoamérica es el continente más reformista a nivel mundial. Así, entre 1979 y 2023, se han registrado más de 239 cambios a las reglas electorales en la región. Debiendo señalar que el activismo de las élites políticas regionales no ha sido homogéneo pudiendo clasificar a los países en hiperactivos (Ecuador, Perú, México y República Dominicana), moderados (Argentina, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Colombia) y pasivos (Uruguay y Paraguay).

Resulta sorprendente que algunos jueces del trabajo declaren la caducidad de los hechos, limitando el debate y la actividad probatoria a los sesenta días hábiles que preceden a la interposición de la denuncia. Esta “caducidad de hechos”, además de la impropiedad conceptual importará muchas veces una confusión entre causa y efecto o, para usar los términos legales, entre los hechos constitutivos de la lesión y los antecedentes en que se fundamenta, distinción prevista en el art. 490 del Código del Trabajo.

El lunes de esta semana el Pleno de la Comisión Experta votó las propuestas de norma que comienzan a dar forma al anteproyecto de Constitución que discutirá el Consejo Constitucional. Si bien las enmiendas que serán votadas prontamente impiden tener certeza absoluta sobre el futuro de las normas, en lo que respecta al derecho a la educación y la libertad de enseñanza, ya se pueden analizar sus principales características.

Bien conocemos, que es precisamente el Consejo de Seguridad y sus Miembros Permanentes, a quienes les corresponde la responsabilidad primordial de la paz, y el tan polémico derecho a “veto” que poseen, es el que justamente obliga a las cinco Grandes Potencias, a que no sea posible imponerse mutuamente, obligaciones ni sanciones, en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz, o actos de agresión (Capítulo VII de la Carta). Lo que precisamente Rusia ha aprovechado en su favor, sabiendo que el sistema no podría serle impuesto sin su aceptación, o bien, habría una nueva confrontación mun

La legítima defensa es un derecho humano fundamental que se encuentra reconocido en el derecho interno de los países, incluido Chile. El presente artículo tiene por objeto analizar la importancia de la legítima defensa privilegiada en Chile y su relación con la función policial. En este sentido, se aborda el concepto y características de la legítima defensa, la figura de la legítima defensa privilegiada en el ordenamiento jurídico chileno y su relación con la labor policial, especialmente en situaciones de riesgo.

En cuanto a la regulación de la acción de inaplicabilidad, la propuesta no innova mucho. Sigue afirmando que es un control “concreto” (en su fundamentación), desconociendo que dicho carácter es controvertido por la doctrina y que, además, no hay un entendimiento unívoco acerca de qué se entiende por “concreto”, si es concreto por los efectos, por su relación con un caso “real” o porque el análisis de constitucionalidad es diferente a uno abstracto (sin tampoco haber entendimiento unívoco sobre lo que es el control abstracto).

La reformalización constituye una práctica muy extendida a nivel nacional cuyo uso por el Ministerio Público, como ha reconocido nuestra Corte Suprema, puede devenir en una afectación sustancial de los derechos de los imputados. En este sentido, lo resuelto recientemente por la Corte Suprema a instancias de la Defensoría Penal Pública debiese motivar una importante reflexión en los intervinientes a nivel nacional, incluyendo a la Fiscalía y los tribunales.

En un contexto de alta criminalidad e impacto dentro de la comunidad de un hecho de tal envergadura como el ocurrido (muerte de un carabinero), es que en el último tiempo es normal recurrir al populismo penal como respuesta. Esta estrategia resulta atractiva para algunos sectores de la población debido a la sensación inmediata de seguridad que proporciona y por el gran nivel de notoriedad que conlleva. Sin embargo, si bien es significativo destacar los resultados positivos obtenidos en términos de control y disuasión, no hay certeza acerca del impacto real que dichas medidas tienen sobre los p

Vargas Llosa en su discurso, sobre la importancia de la literatura en la vida de los seres humanos apunta lo siguiente: “Una vida sin literatura sería horrible, siniestra, despojada de las experiencias más ricas y diversas, una rutina intolerable, hecha de obligaciones que se irían repitiendo diariamente como un conjunto de compromisos sin promesa de remisión”. A propósito de ello, Vargas Llosa se pregunta lo siguiente: ¿Puede un libro salvarnos? El nuevo inmortal responde diciendo: “Es factible que, en la fantasía, al menos los libros que hemos leído e inventado, en los que hemos creído, nos

La valiente determinación del edil puede configurar una manifestación de lo que en la doctrina administrativa se conoce como “desviación de poder”: la dictación de un acto administrativo en consideración a un fin distinto –sea de interés público o privado– a aquel que se tuvo a la vista al conferirse los poderes jurídicos a la Administración (Giorgi). Ciertamente la LGU no fue diseñada para combatir el narcotráfico, puesto que la atribución edilicia de derribar ampliaciones ilegales mira al interés público de planificación urbana y no al de seguridad. En consecuencia, los actos administrativos

La causa trata sobre un ciudadano venezolano, quien solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado en Chile, en dependencias del entonces Departamento de Extranjería y Migración, hoy, Servicio Nacional de Migraciones. En el caso, la persona afectada había ingresado por un paso no habilitado al país, y, por esta razón, la autoridad recurrida no dio curso a su solicitud de asilo, indicándole en un análisis de admisibilidad previo, que debía realizar el trámite de “autodenuncia” como condición para poder iniciar el procedimiento.

En nuestros tiempos hay más tecnología, pero menos comunicación y comprensión; hay más riqueza, pero menos vida y mucha depresión; hay más consumo, pero mucha más desigualdad; hay más conectividad, pero mayores barreras sociales entre unos y otros. El Derecho no es ajeno a esto, y no puede seguirse con la irracional separación conceptual entre moral y derecho, presuponiendo un rechazo a una vinculación lógica o necesaria entre ambos conforme al paradigma nominalista moderno.

En la práctica, las manifestaciones de expulsión que no se colocan dentro de procedimientos administrativos justos, denominados devoluciones en caliente, claramente generan la vulneración de garantía de cualquier sistema legal, debido a que no se respeta el debido proceso ni los derechos humanos; y mucho menos el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Obsérvese que el ingreso masivo de extranjeros, por paso no habilitado, no empodera al Estado para vulnerar sus propias normas sobre Migración y Extranjería. En definitiva, las devoluciones en caliente, en su esencia, constituyen una vul