Columnas

A pesar de reconocerse diferencias entre conceptos como la autodeterminación informativa y el derecho a la protección de datos personales, dada la difusión, aceptación y uso en Chile del concepto del derecho a la protección de datos personales –tanto a nivel constitucional como legal- se opta por usar esta denominación.

Muchas veces los bancos, según ha podido constatar esta parte, al revisar los contratos de arrendamiento con opción de compra (leasing) que celebran los bancos, establecen una cláusula contractual, que no parece relevante en un primer análisis, consistente en que los bancos: “pueden hacer caducar la oferta de compra si incurre en la falta de cumplimiento o pago oportuno e íntegro de cualquier acto, contrato y obligación que el arrendatario haya suscrito o contraído con el banco”.

Ad portas de la construcción y escritura de una Nueva Constitución, es importante reflexionar sobre la regulación constitucional que se les otorgará a los recursos naturales y el sentido de la misma, por lo que un análisis de las raíces de la normativa actual y sus consecuencias, nos puede dar luces para una mejor gestión de este tipo de bienes a partir de la norma constitucional.

Más allá de las explicaciones que la prensa ha difundido, lo cierto es que desconocemos el test de ponderación que se implementó al interior del Gobierno para “desencializar” a una actividad que desde los orígenes del mundo –la antropología tiene mucho qué decir en esto– ha hecho a la humanidad lo que es.

Lo que ha hecho la Corte Suprema ha sido corregir la errónea interpretación del artículo 27 de la Convención Americana. La Corte de Apelaciones de Arica había entendido que los artículos 30 y 32.2 de la Convención permitían la “suspensión” del derecho de libertad religiosa.

Resulta necesario analizar, porqué estos altos representantes, insisten en referirse a asuntos vecinales ya resueltos. A pesar de no tener ninguna posibilidad de replantearse como controversias a Chile, y someterlas a nuevos procedimientos de solución pacífica.

A pocos días de enterar un año con estado de catástrofe vigente, la ausencia de reflexión crítica en torno a las amenazas que sufren las libertades religiosas en nuestro país, hace pertinente una breve revisión jurídica sobre la materia. Asimismo es probable que la falta de voces autorizadas que releven estos asuntos en el debate público, haya hecho pensar al gobierno que prohibir toda actividad de culto en fase 2 (transición) no acarrearía graves consecuencias.

Esta pandemia del COVID-19 también ha significado una oportunidad para repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y de incorporar las nuevas tecnologías a la educación.

Si bien, el Poder Ejecutivo no ejerció su facultad constitucional respecto de la iniciativa que permitió el primer retiro de los fondos de pensiones (ley 21.248), ello no valida la constitucionalidad del contenido de los proyectos posteriores, y por tanto, al Tribunal no le correspondía emitir pronunciamiento ni reproche de inconsecuencia alguno, pues se trata de una facultad propia del Presidente de la República.

Se ha propuesto el aplazamiento de las elecciones de abril como una manera de protección y paliativo de la pandemia o al incremento de los contagios, pero no hay evidencia de que en el mes de mayo la situación sanitaria sea mejor que hoy.

La Excma Corte Suprema de Chile, en su fallo de 25 de marzo de 2021, acogió un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derehos Humanos, INDH, revocando el fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y señaló que «Toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones”.

Analizaremos en el presente artículo, si la prohibición contenida en el artículo 365 del Código Penal es conforme a los principios de igualdad y proporcionalidad.

Lamentablemente, hasta ahora hemos puesto el foco de atención en los recursos humanos y financieros relacionados con lo curativo y en la actividad hospitalaria para el salvataje de las personas graves contagiadas con el virus.

El juez natural es un elemento del debido proceso, por lo tanto, es un Derecho fundamental garantizado por el Sistema Interamericano y Europeo que engranan el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el mismo, constituye la garantía fundamental de protección al ser humano.

Podemos observar cómo se ha venido trazando un nuevo escenario de la libertad contractual, individual o colectiva, en el sector particular subvencionado a la sombra de carrera docente. Sin embargo, este sistema no es la única fuente normativa que limita la libertad de negociación de las partes.

La visión de la Iglesia Católica no es ni será agitar la incertidumbre, sino reducirla, otorgando importancia a las instituciones y organizaciones políticas que practican la verdad y justicia, debido a su incidencia en el condicionamiento de los comportamientos colectivos, que pasan a tener procesos de elección racional y limpios.

El lenguaje que se utilice en la redacción la Constitución debe ser claro e inclusivo, porque la ciudadanía debe entender lo que establece la norma más importante del ordenamiento jurídico nacional, y a su vez, debe ser un reflejo de la sociedad.

La manera errónea de desvincular al Administrador podría dar lugar a una situación bochornosa. En efecto, el condominio podría ser objeto de una acción judicial de cobro de honorarios, de indemnización de perjuicios o de nulidad del despido.

No existe en el sistema chileno de Derechos Fundamentales ningún dispositivo normativo que permita a las personas adoptar decisiones vitales relevantes y surtan efectos únicamente en su propia persona, pudiendo exigir del resto el respeto por tales decisiones, en tanto no atenten en contra de bienes objetivos – derechos de terceros, no meros intereses – o el ordenamiento constitucional.

Autores analizan en el presente artículo, si la resolución del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones que otorga o deniega una concesión o un permiso de telecomunicaciones, constituye el ejercicio de funciones jurisdiccionales o administrativas.