Columnas

Nuestro sistema constitucional tiene así el peor de los escenarios: lo jurisdiccional mezclado con las atribuciones disciplinarias y directivas en los mismos órganos, lo cual para el juez es un latente fantasma de eventuales consecuencias respecto de su independencia.

Integrar la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es una respuesta moderna, inteligente y pertinente a un sistema financiero integrado internacionalmente y de alta interconexión tecnológica.

Más allá de la naturaleza que quiera entregarse al DL. Nº 321, lo cierto es que aplicar la Ley Nº 21.124 sin atender, al menos a la fecha de inicio de la condena como límite, es aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de quienes ya habían conocido las reglas legales a las que serían sometidos durante su privación de libertad.

Chile, no puede ni debe tomar banderas por uno u otro, sino todo lo contrario, buscando mantenerse en el equilibrio necesario equidistante.

De ser eliminado el secreto de confesión se elimina también la misma confesión: ¿quién querrá confesarse de algo sabiendo que puede ser acusado por ese sacerdote ante otras personas (incluso ante la Justicia, en los casos más graves)?

Podemos observar que la presencia de mujeres en la judicatura, y distribución por sexo aún no es uniforme, debido a que la mayor cantidad de cargos ocupados por mujeres se encuentran en Tribunales de Primera Instancia.

Una de las principales banderas de lucha es encontrar formas efectivas de resguardar lo que consideramos como "nuestro".

El propósito central del juicio para Chile, consiste en que la Corte decida y declare que el rio Silala es internacional, por lo que tiene un uso compartido y no exclusivo de Bolivia, como lo sostiene.

La narco tiranía socialista de Cuba dirigida e impuesta por Maduro en Venezuela no saldrá con medidas de presión diplomáticas ni por diálogos.

Para terminar con estas situaciones críticas e inaceptables, algunos proponen ingenuamente simples cambios normativos -incluso Nueva Constitución-; otros proponen sanciones draconianas; los utópicos dictar cursos de ética a los infractores de ley y no faltan los escépticos que citando al Manual del Pesimista arguyen "Que no hay que preocuparse porque ya viene lo peor?"

Hay muchas de nosotras que deben dejar de trabajar para ser cuidadoras de sus padres o madres ancianos, de los que el Estado tampoco parece querer hacerse cargo.

La distribución de la jornada de trabajo, en cualquiera de las modalidades planteadas, no considera que las empresas o centros de trabajo en que la presencia de los trabajadores, que prestan los servicios especiales, es indispensable durante todas las jornadas laborales.

El voto de disidencia, si bien no permite acoger en definitiva los requerimientos, entrega en cambio interesantes razonamientos, que de hecho plantean una cuestión que trasciende este juicio concreto: la constitucionalidad del requisito de "necesidad del gasto" que contiene el art. 31 de la Ley de la Renta.

La Fiscalía Nacional Económica cumple un rol vital, pero hay algunos actores silenciosos que apuntan al mismo objetivo.

Sería bueno abrir un debate público con estos seguidores de Maduro en especial con diputados que abogan por él y preguntarles, qué pensarían si el presidente Piñera desconociera la Corte Suprema de Justicia y creara una a su conveniencia para sentenciar a sus adversarios.

No resulta sencillo terminar con un régimen de veinte años, que todo controla, sólo con manifestaciones y apoyos desde el exterior, a menos que internamente, quienes detentan el poder, apoyados por las armas militares, se dividan y permitan un vuelco definitivo.

Creo que está bien que el Derecho constituya un orden, pero orden no es ni debe ser sinónimo de quietud: el Derecho que se establece por medio de la acción deliberativa propia de una sociedad democrática ha de ser ante todo dinámico.

La libertad para hacer las cosas a su gusto y obtener resultados bajo esos parámetros nos demuestra la efectividad de que ciertos conocimientos presuntamente desechables se trastocan en conocimientos útiles y prácticos.

La decisión adoptada por la Corte Suprema en el Pleno comentado es un paso en la dirección correcta, que apunta a cumplir con las obligaciones del Estado de buena fe, y de dar efectividad a la obligación convencional.

Respecto de la captura por parte de intereses privados, lo óptimo hubiese sido que el legislador innovara recurriendo a la profesionalización vía inclusión de académicos, como se reclama también en otras latitudes, o bien aumentando progresivamente los estándares de probidad.