Tribunal Constitucional

El requerimiento cuestiona el régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, las indemnizaciones por autorizaciones ambientales anuladas, las restricciones al acceso de terceros a la justicia ambiental, el límite de seis meses para ciertas medidas cautelares y las nuevas reglas sobre relocalización de concesiones acuícolas. Los parlamentarios sostienen que estas disposiciones afectarían las facultades de futuros congresos, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la función jurisdiccional y la protección del medioambiente y de los pueblos indígenas.

La Primera Sala estimó que la acción no explicó de manera clara y específica cómo cada disposición impugnada de la Ley N°19.327 produciría una infracción constitucional. También advirtió deficiencias en el certificado de la gestión pendiente y una inconsistencia en la solicitud de suspensión del procedimiento.

El requerimiento sostiene que los artículos 12 a 16 del proyecto crean un estatuto privilegiado para los titulares de proyectos ambientales, limitan la defensa del Fisco y podrían debilitar la tutela del medio ambiente. También cuestiona que se impida repetir contra el funcionario cuya actuación haya originado el pago.

El requerimiento cuestiona los artículos 29 y 38 del proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, que permitirían mantener las condiciones tributarias de inversiones superiores a US$50 millones. Los parlamentarios sostienen que una ley ordinaria no puede impedir que futuros congresos modifiquen los impuestos ni establecer tratamientos distintos entre empresas comparables.

El requerimiento busca que no se aplique, en un juicio indemnizatorio contra el Fisco, la palabra “injustificadamente” del artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El demandante sostiene que esa expresión eleva excesivamente la carga de prueba, al obligar al particular a demostrar no solo que hubo una conducta errónea o arbitraria, daño y causalidad, sino además que el actuar del órgano persecutor careció de toda justificación posible.

La Primera Sala declaró derechamente inadmisible la acción presentada contra el artículo 394 del Código de Procedimiento Civil, al estimar que los requirentes formularon alegaciones generales y no explicaron concretamente cómo la citación a absolver posiciones afectaba su derecho a defensa o el debido proceso.

Los requirentes impugnan normas del Código Orgánico de Tribunales que podrían impedir que la Corte Suprema revise el rechazo de dos quejas vinculadas a un juicio arbitral. La contraparte pide declarar inadmisible la acción, al estimar que busca convertir el mecanismo disciplinario en una “tercera instancia”.

La Magistratura sostuvo que, en delitos de acción penal pública, la acusación particular debe sujetarse a las mismas exigencias que rigen al Ministerio Público, entre ellas la formalización previa de la investigación. La decisión contó con el voto en contra del Ministro Mery, quien estimó que impedir la acusación de la víctima vacía de contenido su derecho a ejercer “igualmente” la acción penal

La requirente sostiene que el artículo 75 de la Ley N°21.724 restringe sus acciones laborales por incumplimientos ocurridos antes del traspaso desde una corporación municipal al Servicio Local de Educación Pública de Elqui. Alega que la norma genera un trato desigual entre docentes y afecta la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el ejercicio del despido indirecto

Desestimó inaplicabilidad contra norma del Código Procesal Penal que limita la apelación del auto de apertura de juicio oral al Ministerio Público en ciertos casos. Tratándose de prueba excluida por impertinencia, ningún interviniente tiene derecho a apelar, por lo que no se vulneran la igualdad ante la ley ni el debido proceso. Voto en contra; qué pruebas se incluirán o excluirán del juicio oral es una decisión trascendente que incide en la estrategia de defensa y en el esclarecimiento del hecho punible, por lo que debe contar con posibilidad de revisión en alzada como parte de un procedimien

La Segunda Sala tuvo por no presentado el libelo de una imputada en causa penal por presuntos delitos tributarios, al estimar que no precisó las unidades normativas cuya inaplicabilidad solicitaba respecto del DFL N°2 de 2001 y del DL N°825

La institución sostiene que fue requerida de pago sin conocer íntegramente la demanda ni el título ejecutivo que originó el cobro, lo que le habría impedido ejercer adecuadamente su defensa. La parte requerida pidió declarar inadmisible la impugnación, alegando jurisprudencia previa sobre la constitucionalidad de la limitación recursiva. Al declarar admisible el requerimiento el Tribunal se pronunciará sobre el fondo de la impugnación.

La Magistratura rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y sostuvo que el certificado emitido por el secretario municipal no crea la deuda, sino que permite su cobro judicial bajo control del juez competente. La disidencia estimó que la norma afecta el debido proceso al permitir ejecutar una deuda discutida sin juicio declarativo previo.

La Primera Sala declaró derechamente inadmisible un requerimiento contra el artículo 394 del Código de Procedimiento Civil, norma que permite tener por confeso a quien no comparece a absolver posiciones. La Magistratura sostuvo que los requirentes no explicaron qué razón concreta les impedía declarar en el juicio de cobro de mutuo, limitándose a cuestionar la regla en abstracto

El senador Miguel Ángel Calisto recurrió contra una frase del artículo 257 del Código Procesal Penal que exige haber solicitado diligencias durante la investigación para pedir su reapertura. Sostiene que Fiscalía cerró la causa y presentó acusación antes de entregar antecedentes relevantes y sin aclarar el alcance de investigaciones separadas lo que impidió pedir diligencias para controvertir nuevas declaraciones de coimputados. Aduce que norma resulta contraria al derecho a defensa, a la garantía de una investigación y procedimiento racionales y justos, y al derecho al tiempo y medios adecuad

El requirente sostiene que el artículo 37 inciso penúltimo del DL N°3.538 permite imponer una inhabilitación temporal sin criterios legales para graduar su duración ni ponderar su efecto conjunto con una multa de alta cuantía. Alega que esa omisión vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso, al impedir un control real de proporcionalidad sobre la sanción aplicada por la CMF.

La Segunda Sala declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 501 inciso tercero del Código del Trabajo. La requirente sostiene que la norma puede afectar el debido proceso y el derecho al recurso, al permitir que una sentencia monitoria no contenga el análisis completo de la prueba rendida.

Si bien la Magistratura Constitucional validó la revisión preventiva de mochilas y efectos personales por parte de los establecimientos, estimó que la intervención policial en colegios, ciertas restricciones de vestimenta, la sanción amplia a interrupciones de clases, la pérdida de prioridad de admisión y las limitaciones a la gratuidad vulneraban garantías como la vida privada, la libertad personal, la igualdad ante la ley y el derecho a la educación.

Rechazó, con voto en contra y prevención, el requerimiento dirigido contra el artículo 277 del Código Procesal Penal, al estimar que no produce resultados contrarios a la Constitución que la defensa no tenga apelación contra el rechazo de una solicitud de exclusión probatoria, al conservar la posibilidad de recurrir de nulidad contra una eventual sentencia condenatoria. Voto en contra; resulta contrario al debido proceso que la incorporación de prueba presuntamente ilícita quede entregada al criterio inapelable de un juez unipersonal.

La Segunda Sala declaró derechamente inadmisible el requerimiento deducido contra el artículo 5, letra b), de la Ley N°18.216, al concluir que la solicitud para cumplir la remisión condicional mediante firma consular en Suiza ya había agotado su tramitación, por lo que no existía una gestión judicial pendiente útil.

La Segunda Sala del TC estimó que el requirente ya había promovido una inaplicabilidad idéntica respecto del mismo precepto y dentro del mismo conflicto de origen, por lo que la alteración de la instancia judicial no sanea el vicio de reiteración ni permite reabrir un debate constitucional ya zanjado.

La Segunda Sala estimó que la sentencia penal ya se encontraba firme y ejecutoriada al momento de presentarse la acción, por lo que no existía una gestión judicial pendiente en la cual pudiera producir efectos una eventual declaración de inaplicabilidad.

El Tribunal Constitucional declaró conformes con la Constitución las normas sometidas a control preventivo obligatorio del proyecto sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que busca prevenir el acoso escolar, la discriminación y toda forma de violencia en los establecimientos educacionales.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional tuvo por no presentado un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, deducido en un juicio ejecutivo en que se alegaba que la norma impedía obtener una tasación comercial del inmueble antes de su remate.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 472 del Código del Trabajo, que establece la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el procedimiento ejecutivo laboral, en una causa de cumplimiento donde se discute si esa regla impide la revisión judicial de una resolución que acogió el abandono del procedimiento.

El Tribunal Constitucional rechazó dos requerimientos dirigidos contra el inciso segundo del artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas, al estimar que la norma no perjudica a los interesados, sino que fija un límite al monto del recargo aplicado a aeronaves ingresadas bajo admisión temporal y luego consideradas en presunción de abandono.

El Tribunal Constitucional descartó que las normas del DL N°2.186 que fijan el plazo para pedir el cese del acto expropiatorio vulneren la Constitución, al estimar que el requirente pudo ejercer sus derechos, recibió la indemnización provisional y tuvo oportunidad de reclamar la legalidad de la expropiación del inmueble ubicado en Chillán.

La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.

La Primera Sala admitió a trámite dos requerimientos de inaplicabilidad vinculados a demandas civiles por $1.000 millones cada una, deducidas por un abogado y ex presidente de la Federación de Tenis de Chile contra el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas y contra la propia asociación gremial. Las defensas solicitaron declarar inadmisibles las impugnaciones, alegando falta de fundamento plausible, aplicación de la exceptio veritatis y uso instrumental de la jurisdicción constitucional.

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad deducido en un juicio de cuidado personal y alimentos, al estimar que la ley puede limitar la apelación de resoluciones intermedias para asegurar una tramitación expedita. La decisión fue adoptada con voto en contra de Miguel Ángel Fernández, Héctor Mery y Marcela Peredo para quienes los preceptos impugnados si producen efectos contrarios a la Constitución.