Cartas al Director

La inteligencia artificial generativa ha demostrado grandes capacidades para producir y sintetizar información, pero aún enfrenta limitaciones para procesar de manera exhaustiva, persistente y verificable grandes volúmenes de conocimiento jurídico. El análisis advierte sobre los riesgos de confiar en resultados aparentemente sofisticados sin una adecuada trazabilidad de las fuentes y plantea la necesidad de desarrollar sistemas capaces de organizar doctrina, jurisprudencia y normativa, fortaleciendo el juicio crítico de los profesionales en lugar de sustituirlo.

A propósito del aluvión ocurrido en San Carlos de Apoquindo, la abogada Francisca Martínez Loyola analiza los alcances de la responsabilidad civil frente a desastres naturales y cuestiona que el caso fortuito pueda invocarse automáticamente para excluir el deber de indemnizar. La autora examina las eventuales responsabilidades del Estado, las inmobiliarias, las aseguradoras y los proveedores de servicios, destacando la importancia de la prevención, la previsibilidad del riesgo y la reparación de los daños sufridos por los afectados.

El diseño institucional no es neutral. Modela la conducta política y fija los límites del debate. La degradación parlamentaria en Chile no responde a fallas individuales, sino a incentivos perversos. El sistema electoral actual premia el nicho identitario y el agravio por sobre la mayoría, fragmentando la representación mientras otorga poder normativo total a lógicas de trinchera. Superar esta parálisis exige una reforma estructural —con umbrales estrictos y mayor cohesión partidaria— para erradicar el caudillismo de nicho y rescatar la gobernabilidad.

La legislación chilena no contempla mecanismos específicos para resolver disputas sobre el cuidado y los gastos de animales de compañía tras una separación. Ante este vacío legal, se plantea reformar la mediación familiar para reconocer a las familias multiespecie y resguardar el bienestar de los animales.

La sobrecarga de los tribunales civiles, las desigualdades en el acceso a la justicia y las deficiencias del diseño institucional evidencian la urgencia de destrabar la reforma procesal civil. Se plantea que su modernización debe incorporar los principios de Justicia Abierta, mediante transparencia, participación ciudadana y colaboración, para garantizar una tutela judicial efectiva y recuperar la confianza en el Poder Judicial.

A propósito de la formalización del periodista José Antonio Neme por un accidente de tránsito, se explica que la advertencia de conducción por la fuerza pública es una exigencia legal aplicable a toda citación judicial. Asimismo, se examinan las penas y las alternativas procesales que permiten resolver los cuasidelitos de tránsito mediante acuerdos reparatorios o suspensión condicional del procedimiento.

A semanas de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, esta columna sostiene que el responsable de datos personales responde de culpa leve, no por la lógica contractual del artículo 1547 del Código Civil, sino porque la ley fija un estándar de seguridad proporcional al riesgo y le impone la carga de acreditar su diligencia.

La irrupción de la inteligencia artificial plantea importantes desafíos para el empleo y los derechos de los trabajadores. Desde el mundo sindical se propone un gran acuerdo nacional entre trabajadores, empleadores, Estado y universidades, basado en la reconversión laboral, el fortalecimiento de las cooperativas y pymes, y un sistema de financiamiento compartido que permita enfrentar la automatización sin profundizar las desigualdades.

El uso creciente de inteligencia artificial en el ámbito judicial plantea desafíos éticos y profesionales. La aparición de rastros de estas herramientas en una sentencia reabre el debate sobre la necesidad de verificar sus resultados, transparentar su utilización y fortalecer la capacitación de jueces y abogados, sin sustituir el criterio jurídico humano.

El Tribunal Constitucional respaldó el núcleo del régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, reconociendo la importancia de la certeza jurídica y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. El fallo distingue entre la facultad del legislador para modificar las leyes y la obligación de respetar los derechos adquiridos mediante contratos válidamente celebrados.

Un proyecto de ley propone postergar hasta diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva normativa de protección de datos personales, sin modificar sus obligaciones sustantivas. La iniciativa busca otorgar más tiempo para la adecuación de empresas y organismos públicos, así como para la dictación de normas por parte de la Agencia de Protección de Datos Personales, por lo que se recomienda mantener y fortalecer los programas de cumplimiento ya iniciados.

A propósito del reciente aluvión en Santiago, el académico analiza las obligaciones de los prestadores de salud frente a la evacuación y traslado de pacientes durante emergencias. Advierte que los desastres naturales no suspenden los derechos establecidos en la Ley N° 20.584 y que las derivaciones deben garantizar la continuidad de la atención, la seguridad y la capacidad clínica del establecimiento receptor.

A propósito de los recientes accidentes fatales en la minería chilena, la opinión reflexiona sobre la importancia de escuchar las advertencias de los trabajadores, respaldar la paralización de tareas inseguras y evitar que las exigencias de producción prevalezcan sobre la prevención de riesgos. Asimismo, destaca la responsabilidad de empleadores, supervisores y equipos de seguridad en garantizar condiciones de trabajo seguras.

Un proyecto de ley propone bonificar el IVA pagado en la compra de pañales y determinados medicamentos a personas pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. La iniciativa mantiene el impuesto, pero contempla una compensación posterior sujeta a requisitos, límites de gasto y disponibilidad presupuestaria.

El avance de la denominada “Ley Alberto” abre interrogantes sobre su alcance y eficacia preventiva. La exclusión de conductores de transporte de carga, taxis, colectivos, aplicaciones y transporte escolar, junto con la ausencia de un registro centralizado y mecanismos efectivos de fiscalización, podría limitar el impacto de la iniciativa en la seguridad vial.

A propósito de la muerte de Juan Aliste Vega, la autora reflexiona sobre la posibilidad de que personas con enfermedades terminales o de edad avanzada cumplan sus últimos días fuera de prisión y destaca la importancia de distinguir entre indultar y conmutar una pena.

Las recientes decisiones de la Corte Suprema que han denegado el juramento a licenciados en Ciencias Jurídicas provenientes de programas de continuidad de estudios abren un debate sobre los límites de sus facultades de verificación, la autonomía universitaria y el respeto a la reserva legal. El cambio de criterio respecto de egresados del mismo programa plantea cuestionamientos sobre la igualdad ante la ley, la confianza legítima y el derecho al ejercicio profesional.

Los recientes incidentes de ciberseguridad vinculados al uso de agentes de inteligencia artificial evidencian nuevos riesgos para la protección de datos personales y la seguridad de los sistemas informáticos. En Chile, las leyes N°21.719 y N°21.663 establecen obligaciones de notificación y respuesta que exigen a las empresas anticiparse a ataques automatizados, fortalecer sus controles y coordinar sus equipos tecnológicos, jurídicos y directivos.

A pocos años de 2030, el cumplimiento de la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfrenta un problema fundamental: la falta de instrumentos para evaluar los aprendizajes en derechos humanos, ciudadanía y sostenibilidad. En Chile, pese a los avances normativos, persisten dificultades para medir los resultados de la formación ciudadana y garantizar la continuidad de estas políticas más allá de los cambios de gobierno.

El aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo vuelve a poner en discusión los riesgos de construir en zonas precordilleranas y las deficiencias de la planificación urbana. La opinión cuestiona la expansión inmobiliaria en áreas vulnerables y plantea la necesidad de proteger las cuencas hidrográficas, restringir la edificación en sectores de riesgo y reglamentar los Distritos de Conservación de Suelos, Bosques y Aguas para prevenir nuevas tragedias.