Cartas al Director

En el escenario mediático actual, la inmediatez de la información y la voracidad por la primicia han relegado a un segundo plano la prudencia y la responsabilidad. La mera acusación de un delito sexual, sin que medie condena alguna, es suficiente para que el señalado sufra un linchamiento público que lo margina del ámbito laboral y social. En este contexto, Campos fue condenado antes de tiempo, perdiendo respaldo de sus empleadores, auspiciadores y marcas asociadas, que se apartaron de él con la celeridad de quien huye del contagio.

Útil es recordar, estimado lector, que la mayoría de las instituciones judiciales tiene su basamento en el sentido común, en este caso en que el simple paso del tiempo extingue un derecho, responsabilidad u obligación.

Parece evidente que las nuevas generaciones buscan líderes con miras a temas nacionales que les afectan directamente, antes que temas morales que poco importan para el crecimiento de un país.

En nuestra opinión, ellas desconocían las normas de la Constitución y le dieron poder a un abogado inepto para que firmara la escritura de compraventa con el Fisco y por ello ahora será el adusto TC quien tiene la última palabra. Pero, tal como lo ha dicho el abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, los diputados de derecha denunciantes tendrán que explicarle a dicho tribunal en qué consiste el presunto acto de corrupción, "acreditando que el contrato era más beneficioso que vender el inmueble en el mercado".

Lo cierto es que el criterio de nuestro máximo tribunal de declarar que las acciones y la penas se encuentran prescritas -evitando que el Estado ejerza su jurisdicción penal- nos parece una regla correcta, no solo por el largo período de tiempo transcurrido desde los hechos y el valor supremo de la paz social, sino además, porque una aplicación estricta del principio de irretroactividad penal, haría imposible declarar esos delitos terroristas como de lesa humanidad, ya que la Ley 18.314 fue promulgada varios años antes del Estatuto de Roma y de la Ley 20.357, que recién el año 2009 incorporó a

El dilema entre seguridad y privacidad no tiene una solución sencilla, pero debe abordarse para encontrar un equilibrio que respete ambos valores. Contar con un marco jurídico sólido, con leyes claras y estrictas sobre el uso y almacenamiento de datos recolectados por cámaras enfrentaría los riesgos del uso indebido. La transparencia también es crucial: la ciudadanía tiene derecho a saber cuándo, dónde y en qué consiste la vigilancia a la que están siendo expuestos.

La corrupción en Chile no es un fenómeno aislado ni coyuntural. Su persistencia evidencia la necesidad de un cambio cultural profundo, tanto en el sector público como en el privado. La transparencia y la rendición de cuentas deben convertirse en principios básicos de cualquier organización. Lamentablemente, aún hoy sorprende encontrar empresas que no tienen controles básicos para prevenir delitos como el cohecho, pese a que esta responsabilidad existe desde 2009.

Ciertos partidos políticos insisten en reivindicar el estallido social con un romanticismo que resulta, cuando menos, irresponsable. No solo exaltan dicho episodio, sino que también promueven la movilización social como herramienta de presión para lograr por la vía de la agitación lo que no han conseguido a través de la democracia representativa en el Congreso, donde ni siquiera cuentan con el respaldo pleno de sus propias coaliciones.

Hoy, el Roto está representado por el trabajador chileno, que, con su inteligencia y sus manos, labra el progreso de Chile, en forma noble y sacrificada. Ellos representan el valor de la raza, heredada de los héroes, como Lautaro, Michimalonco, Manuel Rodríguez, los Hnos. Carrera y más, que con sus ejemplos dieron sus vidas por la Patria.

Esta distinción entre grandes áreas del derecho y la conocida especialización y especificación de las distintas ramas, hace perder la realidad: el derecho es un fenómeno complejo que mezcla tanto aspecto de una u otra área y hace interaccionar diversas ramas jurídicas.

Hoy en día, el acceso masivo a la información y las plataformas digitales permite que personas de diferentes orígenes compartan y celebren elementos culturales con fines de aprendizaje, inspiración y conexión.

El problema se ocasiona ya que al restar las 190 UTM retenidas a las 180 UTM de pensiones impagas en este ejemplo, el resultado es de -10 UTM, es decir, saldo a favor del alimentante. ¿Y qué sucede con los intereses?

Me pregunté cómo pudo su autor, un señor Francisco Ortega, que anteriormente había publicado “Logia”, imaginar con tres años de antelación lo que vendría a remecer nuestra confiada institucionalidad y proyectarla con consecuencias tan catastróficas.

La Teoría Clásica de la Mora exige, por regla general, el requerimiento o interpelación al deudor para constituirlo en mora, lo que redunda en el hecho de que no puedan cobrarse los perjuicios que se ocasionen en el periodo comprendido entre el incumplimiento de la obligación y la fecha en que se produzca efectivamente dicho requerimiento o interpelación, además de hacer responsable al acreedor de la pérdida de la cosa que se debe por fuerza mayor o caso fortuito durante el periodo antes señalado, impidiéndose la traslación de la carga de los riesgos del cuerpo cierto cuya entrega se deba, a m

La controversia se da a propósito de eventuales infracciones a los capítulos IV y V de la Constitución Política de la República, específicamente a lo dispuesto en el artículo 37 bis inc. 2, que establece la prohibición para los Ministros de celebrar o caucionar contratos con el Estado durante el ejercicio de su cargo, y también al artículo 60 inc. 2 que determina la misma limitación para Diputados y Senadores respectivamente.

El sistema de justicia que lleva operando por 24 años, en un escenario jurídico de lo más bipolar, debe convivir con el antiguo Código de Procedimiento Penal, que consagra un régimen inquisitivo que se caracteriza por su secretismo, que obra de espaldas a la comunidad y no conduce a un debate público y contradictorio en una audiencia; un sistema en que las facultades de investigación, acusación y fallo se concentran en un juez, agravando la ya precaria garantía de imparcialidad; de base opaca y deficiente desde el punto de vista de los derechos de las personas justiciables.

En la decisión el juez señaló que sentenciará al ex y futuro presidente, a lo que se conoce como descarga incondicional, en el que se mantiene una declaración de culpabilidad, pero el proceso se cierra un tiempo, sea de prisión, multa o libertad condicional.

Entre las distintas maneras en las que se presenta el ciberacoso se incluyen: la difusión de imágenes y videos íntimos, la suplantación de identidad, amenazas, insultos, desprestigio, agresiones, burlas, intimidaciones, insistencias y hostigamiento etc. Dañando la reputación de las personas, su estabilidad psíquica y emocional, su condición física incluyendo la vida y, además, pérdidas económicas. Esta realidad no solo afecta a los adultos, también tiene impacto en los niños, niñas y adolescentes.

Los supermercados y restaurantes deberán implementar procedimientos de control interno, para asegurar que sólo se emitan facturas, cuando se cumplan los requisitos establecidos en la resolución. Ante ello, surge la pregunta: ¿Los encargados de los comercios tienen el conocimiento para discernir cuando una compra es del giro o no?

Lo que preocupa no es solo la posible politización de este fallo, sino el precedente que sienta. En otras comunas del país, alcaldes han asumido sus cargos a pesar de enfrentar medidas cautelares por delitos graves, sin que esto les haya impedido ejercer su mandato.