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El análisis examina las consecuencias indemnizatorias derivadas del acogimiento de una tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. Sostiene que la condena al pago de las indemnizaciones y recargos previstos en el artículo 489 del Código del Trabajo deriva directamente del carácter vulneratorio del acto extintivo, sin que sea necesario que prospere una acción subsidiaria por despido injustificado.

La inmediación ha sido uno de los pilares del proceso laboral chileno y fundamento de un sistema que restringe la revisión de la valoración de la prueba. Sin embargo, el registro audiovisual, la fragmentación de los juicios, la demora entre la audiencia y la sentencia y el uso de videoconferencias ponen en cuestión que la presencia directa del juez garantice por sí sola una mejor decisión. El autor plantea revisar críticamente este modelo y fortalecer el control sobre las razones que sustentan las sentencias.

La persistencia de las guerras en Ucrania, Gaza y Medio Oriente, junto con las tensiones en puntos estratégicos como los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb, evidencia las dificultades del sistema internacional para prevenir, contener y resolver los conflictos armados. El debilitamiento del Consejo de Seguridad, las disputas entre las grandes potencias y las demandas de nuevos actores por modificar el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial plantean interrogantes sobre la vigencia y eficacia de la arquitectura internacional de paz y seguridad.

El 22 de abril de 2026 el Tribunal Superior de Quebec anuló un laudo arbitral cuya fundamentación descansaba en cinco autoridades inexistentes, generadas por la herramienta de inteligencia artificial en que se apoyó el árbitro. Esta columna analiza el fundamento escogido por la corte -la inobservancia del procedimiento arbitral- y proyecta ese razonamiento sobre el arbitraje comercial internacional con sede en Chile y sobre el arbitraje doméstico, institucional y ad-hoc, para concluir que, ante la falta de regulación, el acta de bases del procedimiento es hoy la herramienta más eficaz a dispos

El fallecimiento de Robert Alexy deja una profunda huella en la filosofía y la teoría del Derecho contemporáneas. Su pensamiento transformó la comprensión de la argumentación jurídica, los derechos fundamentales, la ponderación y la relación entre derecho y moral. Esta columna recorre su trayectoria académica, sus principales aportes teóricos y la dimensión humana de un maestro que hizo de la fundamentación racional una exigencia permanente del pensamiento jurídico.

La seguridad pública ya cuenta con reconocimiento expreso e implícito en diversas disposiciones de la Constitución, por lo que incorporarla únicamente como un nuevo principio tendría, a juicio del autor, escasos efectos prácticos. La propuesta debiera avanzar hacia su consagración como un derecho fundamental exigible, acompañado de una acción de amparo que permita reclamar judicialmente frente a omisiones graves del Estado en su deber de protección.

Chile ha ampliado el reconocimiento sustantivo de los derechos de las personas con discapacidad, pero ha dejado intacto el derecho procesal que debiera hacerlos exigibles. Este trabajo sostiene que el déficit central es la ausencia de una regla general de ajustes de procedimiento, examina las cuatro barreras que de ello derivan y propone dieciséis medidas de corta implementación.

La Constitución entrega a la Corte Suprema una facultad especial para remover a los jueces que no hayan tenido buen comportamiento. Su ejercicio exige respetar garantías esenciales del debido proceso, como el informe y derecho a prueba del magistrado afectado, además del informe de la Corte de Apelaciones respectiva cuando corresponda.

Aunque la protección de datos personales está reconocida como un derecho fundamental autónomo, la jurisprudencia todavía suele tutelarla indirectamente a través de garantías como la vida privada, la honra o la propiedad. El autor plantea que el recurso de protección debe avanzar hacia una defensa directa de este derecho frente al tratamiento ilegal o arbitrario de información personal.

El dominio, también llamado propiedad, representa el nivel de control más alto y completo que una persona puede tener sobre un bien dentro de nuestro sistema legal.

La anunciada revisión del Estatuto Administrativo reabre un debate pendiente sobre el modelo de empleo público en Chile. La columna sostiene que modernizar el Estado no puede reducirse a eficiencia fiscal, flexibilidad o reducción de costos, sino que debe abordar la estabilidad laboral, la carrera funcionaria, la precariedad de contratas y honorarios, los derechos colectivos y la participación de las asociaciones de funcionarios en el diseño de un sistema de empleo público decente.

El análisis examina críticamente el paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo para enfrentar el crimen organizado, incluyendo el denominado delito de pertenencia, la ampliación de la flagrancia, la prisión preventiva automática y el endurecimiento del régimen penitenciario. El texto advierte que, aunque las medidas responden a una demanda legítima de seguridad pública, varias de ellas podrían entrar en tensión con la presunción de inocencia, la libertad personal, el principio de proporcionalidad, la reinserción social y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Una reciente sentencia de la Corte Suprema sostuvo que el encargo efectuado a un receptor judicial para notificar una resolución puede constituir, por sí solo, una notificación tácita para quien realiza la gestión. La tesis, utilizada para descartar el abandono del procedimiento, abre interrogantes sobre el inicio de plazos procesales, la certeza jurídica, el derecho a defensa y los efectos que pueden atribuirse a actuaciones extraprocesales que ni siquiera quedan registradas en el expediente.

El debate sobre el Boletín N°18.286 reabre cuestionamientos acerca de la obligatoriedad de incorporar servicios de marca o sellado de tiempo en los documentos públicos electrónicos. El autor advierte que la medida podría encarecer de manera significativa la gestión documental del Estado sin que exista, a su juicio, evidencia empírica suficiente que justifique su necesidad, y plantea además reparos jurídicos sobre interoperabilidad, firma electrónica y notificaciones digitales desarrolladas en el proceso de transformación digital estatal.

La utilización de jurisprudencia, doctrina o normas inexistentes en escritos judiciales —fenómeno que puede verse amplificado por herramientas de inteligencia artificial— ha llevado a distintos tribunales a recurrir al artículo 531 del Código Orgánico de Tribunales para sancionar a abogados. El autor sostiene que, aunque el deber de verificar las fuentes está fuera de discusión, el verdadero problema jurídico consiste en determinar si una norma concebida en 1875 para reprimir “faltas de respeto” puede extenderse a estas conductas sin una fundamentación especialmente rigurosa, y plantea que una

La anunciada revisión del Estatuto Administrativo abre una oportunidad para modernizar un régimen que arrastra problemas estructurales en materia de contratas, honorarios, carrera funcionaria, evaluación del desempeño y disciplina. El autor sostiene, sin embargo, que la reforma no puede reducirse a una lógica de ajuste fiscal: debe tener anclaje constitucional, considerar la jurisprudencia de Contraloría y tribunales, incorporar efectivamente a las asociaciones de funcionarios y abordar de manera integral las distintas tensiones que hoy presenta la Ley N°18.834.

El presente artículo tiene por objeto analizar el reciente fallo dictado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que decretó el sobreseimiento definitivo de una imputada por los delitos de apropiación indebida y maltrato animal respecto de una mascota llamada “Meli”. Dicha sentencia nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre el lugar del derecho penal en los conflictos que surgen al término de relaciones de pareja en torno a animales de compañía, realizando para tales efectos un análisis del tipo penal de apropiación indebida, redefiniendo la naturaleza del conflicto c

La anulación del laudo en el caso Australis reabre el debate sobre la estrategia jurídica en la litigación contractual. La incorporación subsidiaria de la culpa grave pudo ofrecer a las demandantes una alternativa frente a la dificultad de acreditar el dolo, al permitir alcanzar sus efectos civiles mediante la prueba de una conducta objetivamente inexcusable, sin necesidad de demostrar una intención deliberada de engañar.

El autor sostiene que la presión migratoria sobre Ceuta forma parte de una estrategia de coerción política vinculada con las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. A partir de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, plantea que España y la Unión Europea deben reforzar la defensa de su integridad territorial y que Chile debe mantener una posición coherente con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

La prohibición o restricción del acceso de menores a las redes sociales gana terreno en distintos países como respuesta a los riesgos del entorno digital. Aunque la protección reforzada de la infancia puede justificar controles de edad, límites horarios y regulaciones sobre diseños adictivos, estas medidas deben ser proporcionales, respetar la privacidad y la libertad de expresión y complementarse con educación digital, supervisión parental y cooperación internacional.