Tribunal Constitucional

El requerimiento cuestiona la aplicación del artículo 15 bis de la Ley N° 18.216 por estimar que excluye de forma automática el acceso a la libertad vigilada intensiva, vulnerando los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad de la pena y reinserción social, al restringir la facultad del juez para individualizar la sanción conforme a las circunstancias del caso concreto

La acción de inaplicabilidad impugna el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al estimar que su aplicación permitió extender los efectos de la cosa juzgada a una persona que no fue parte del juicio anterior vulnerando el debido proceso, el derecho a ser oído y la tutela judicial efectiva

Solicitó al Tribunal Constitucional declarar inaplicable una disposición del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, al estimar que su aplicación impidió la revisión por la Corte Suprema de un fallo del Segundo Tribunal Ambiental que anuló la delimitación del Humedal Urbano Sistema de Lagunas de Llolleo Ojos de Mar

La acción de inaplicabilidad cuestiona el artículo 7 de la Ley N° 18.101 en una causa actualmente en apelación ante la Corte de Santiago, al estimar que su aplicación validaría cobros indebidos, desconocería la cosa juzgada y afectaría el debido proceso y el derecho de propiedad del requirente

Requerimiento de inaplicabilidad cuestiona la aplicación de los artículos 80 y 83 del Código de Procedimiento Civil y, en subsidio, del artículo 391 del Código Orgánico de Tribunales, al estimar que vulneraron el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho a defensa en una causa actualmente pendiente en sede de apelación

La acción sostiene que la aplicación del artículo 299 N° 3 del Código de Justicia Militar, expulsado del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional, vulnera la supremacía constitucional, el debido proceso y el derecho de propiedad en una causa civil pendiente ante la Corte de Santiago

El requerimiento de inaplicabilidad cuestiona el artículo 358 N°5 del Código de Procedimiento Civil por estimar que su aplicación, en el litigio iniciado por Inmobiliaria San Valentino, impediría a la Municipalidad de Santiago rendir prueba testimonial decisiva y consolidaría una ejecución basada en un título viciado y un sobreprecio millonario

Estimó que la improcedencia de la apelación respecto de resoluciones incidentales que difieren la decisión sobre prueba nueva no vulnera el debido proceso ni el derecho al recurso, atendida la naturaleza oral, concentrada y expedita del procedimiento de familia. Voto disidente: se vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo

Descartó vulneraciones a la igualdad ante la ley y al debido proceso en un juicio por pesca ilegal seguido en Arica. Destaca el carácter contravencional y de interés público del procedimiento. Voto disidente: regla que prohíbe el abandono del procedimiento en la gestión pendiente resulta contraria al derecho a un procedimiento racional y justo

Por mayoría, desestimó la inaplicabilidad del artículo 47 de la Ley de Mercado de Valores, al concluir que no vulnera el debido proceso ni la igualdad ante la ley, aunque registró un voto disidente que estimó afectadas las garantías de un procedimiento racional y justo.

Desestimó que la exclusión del abandono del procedimiento en procesos sancionatorios de la Ley de Pesca y Acuicultura vulnere la igualdad ante la ley o el debido proceso, destacando la naturaleza administrativa e interés público del régimen infraccional, destacando que el diseño institucional que busca proteger intereses públicos como la preservación del medio ambiente y la regulación de recursos hidrobiológicos. Voto disidente: ministros Fernández y Mery consideran que vulnera el debido proceso y la exigencia constitucional de una pronta y cumplida administración de justicia

La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial dedujo un requerimiento para que se declare inaplicable el Acta N° 302-2025 de la Corte Suprema, en lo relativo a la suspensión de la compatibilidad de cargos y la restricción de suplencias, argumentando que estas medidas afectan la carrera funcionaria, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre el empleo, generando incertidumbre y posible indefensión para miles de trabajadores del Poder Judicial.

La requirente cuestiona los numerales 2 y 3 del artículo 121 de la Ley de Insolvencia, por estimar que imponen una carga probatoria anticipada que vulnera el debido proceso y el derecho a defensa del deudor que se opone a una liquidación forzosa.

Se impugna la aplicación del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcción en un procedimiento sancionatorio seguido ante un Juzgado de Policía Local, al estimarse que permite imponer multas elevadas sin parámetros legales que distingan la gravedad de la infracción ni consideren circunstancias personales del infractor.

La requirente sostiene que esta exigencia legal restringe injustificadamente el derecho a la tutela judicial efectiva, al impedir la intervención procesal de quienes, aun teniendo un interés legítimo, no pueden acreditar un perjuicio directo e inmediato en el resultado del juicio.

La requirente impugna la exigencia legal que limita el beneficio solo a madres solteras o viudas, alegando que discrimina arbitrariamente a las mujeres divorciadas que dependían económicamente del causante y vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a la seguridad social.

Desestimó requerimiento contra el artículo 5° N° 3 del Código de Justicia Militar en un caso tramitado ante el Juzgado Naval de la Primera Zona Naval, tras producirse empate y no alcanzarse el quórum para acoger; cuatro ministras estuvieron por declarar inaplicable la norma y cuatro ministros por rechazar, con prevenciones. No vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso en un caso promovido por un Sargento de la Armada acusado de consumo de drogas

Acogió a trámite la acción solo respecto de normas legales del estatuto de Carabineros, declaró inadmisible la impugnación contra disposiciones reglamentarias por falta de rango legal y ordenó suspender el juicio de tutela laboral seguido por un ex funcionario dado de retiro por razones de salud. Este solicitó declarar inaplicables disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, del Estatuto del Personal y del Reglamento de Comisiones Médicas que confieren carácter definitivo a dictámenes de la Comisión Médica Central, al estimar que vulnera el debido proceso, la tutela judicia

El Tribunal Constitucional desestimó un requerimiento de inaplicabilidad deducido por una condenada por maltrato de obra a Carabineros, confirmando que la exclusión de penas sustitutivas prevista en la Ley N° 18.216 para delitos cometidos contra funcionarios policiales no vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso, por responder a una opción legítima de política criminal orientada a la protección de la función de orden y seguridad pública.

El requerimiento cuestiona la norma del Código Civil que autoriza a los acreedores del cónyuge propietario, existentes al momento de la declaración del bien familiar, a perseguir la ejecución del inmueble destinado a residencia del grupo familiar, por estimarse que vacía de contenido la protección legal de la vivienda familiar y afecta los derechos procesales del cónyuge no propietario.

Acusa que la aplicación de la Ley N° 18.101 en una causa de arriendo vulnera el debido proceso, el derecho de propiedad y la esencia de las garantías constitucionales, en un conflicto marcado por la venta del inmueble, cobros indebidos y sentencias contradictorias.

Desestimó el requerimiento de inaplicabilidad que cuestionaba la improcedencia de la apelación respecto de resoluciones incidentales en juicios de familia, concluyendo que la configuración legal del sistema recursivo no vulnera el debido proceso ni el interés superior del niño

Resolvió que disposiciones del proyecto que modifican la Ley General de Educación para prohibir y regular el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales no versan sobre materias propias de ley orgánica constitucional, decisión adoptada con voto dirimente y con una extensa disidencia.

Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de cinco artículos contenidos en el proyecto de reajuste general de remuneraciones, que introducen modificaciones en materias tributarias, educacionales, judiciales, electorales y de funcionamiento del Congreso Nacional

Solicitó declarar inaplicable una disposición de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece la suspensión automática del cargo de alcalde tan pronto le sea notificada la sentencia de primera instancia que acoja un requerimiento por notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa, al estimar que vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y el principio de impugnabilidad de los actos administrativos

Arrendatario alega que normas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, aplicadas en una ejecución hipotecaria, habrían permitido ordenar su desalojo con auxilio de la fuerza pública sin haber sido parte del proceso, vulnerando el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la inviolabilidad del hogar y el derecho de propiedad.

Impugna el inciso octavo del artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al sostener que la suspensión inmediata del alcalde tras una sentencia de primera instancia del Tribunal Electoral Regional constituye una sanción administrativa de plano, contraria a la Constitución, a los tratados internacionales de derechos humanos y a principios básicos del derecho sancionador

El organismo ambiental solicitó declarar inaplicable una disposición de la Ley de Transparencia que impide a los órganos del Estado reclamar ante tribunales decisiones del CPLT cuando invoquen la causal de afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, al estimar que vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y el principio de impugnabilidad de los actos administrativos

Declaró inaplicable la norma que impide a órganos de la Administración del Estado reclamar judicialmente cuando el CPLT ordena entregar información por la causal de afectación al debido cumplimiento de las funciones, estimando vulnerado el debido proceso y la tutela judicial efectiva en un caso promovido por JUNAEB

Cuestiona normas de la Ley de Compras Públicas y del Código del Trabajo, al estimar que imponen una sanción desproporcionada y vulneran el debido proceso, la igualdad ante la ley y la libertad económica