Tribunal Constitucional

Norma que prohíbe al órgano administrativo requerido reclamar judicialmente decisiones del CPLT cuando se invoca la causal de afectación al debido cumplimiento de sus funciones no produce resultados contrarios a la Constitución

Requerimiento sostiene que el artículo 2 letra b) de la Ley de Control de Armas vulnera la legalidad penal, la igualdad ante la ley y el debido proceso al sancionar conductas futuras, inciertas e indeterminadas

Acción de inaplicabilidad sostiene que el inciso octavo del artículo 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades impone una sanción de plano, sin procedimiento previo ni posibilidad de recurso, vulnerando el debido proceso

ANEJUD acusa que el auto acordado vulnera la igualdad ante la ley, la jerarquía normativa y derechos adquiridos, al prohibir la dualidad de cargos y restringir suplencias, con impacto directo en más de 8 mil trabajadores

Acción de inaplicabilidad cuestiona el artículo 97 del Código Orgánico de Tribunales por estimar que consagra una inmunidad procesal inconstitucional, vulnerando el debido proceso, el derecho a un recurso efectivo y la igualdad ante la ley

Se solicita declarar inaplicables antiguos artículos del Código de Procedimiento Civil, argumentando que su aplicación por la Corte Suprema vulnera el debido proceso, la legalidad procesal y el derecho al recurso

El sistema recursivo actual, incluyendo la apelación, permite una revisión integral del fallo. No se vulnera el debido proceso ni la igualdad ante la ley. La restricción del recurso de casación en la forma se aplica por igual a ambas partes. El procedimiento especial de la Ley Indígena contempla garantías adecuadas del debido proceso. Disidentes argumentaron que impedir un recurso efectivo contra sentencias sin motivación vulnera el debido proceso. La Constitución no permite privar a las partes de un control judicial mínimo sobre la fundamentación de los fallos. El derecho al recurso es un pre

Adquirió el 90% de cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport a través de sociedad relacionada. El fondo posee el 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul S.A. Sostiene que compra de cuotas no implica adquisición de acciones ni derechos políticos en Azul Azul. Alega que la interpretación de la CMF sobre "toma de control indirecta" es excesivamente amplia y la exigencia de realizar una OPA es jurídicamente imposible para cuotas de fondos privados. Sostiene que se vulnera el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el debido proceso

El requirente argumenta que avalúo fiscal no refleja el valor real del inmueble. Remate podría resultar en una venta a precio muy inferior al comercial. Vulnera el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. Afecta el debido proceso al impedir una defensa efectiva al negarse tasación por peritos. Aunque la norma pueda ser constitucional en abstracto, su aplicación al caso concreto es inconstitucional

Desestimó la acción deducida por una ex trabajadora a honorarios de la Municipalidad de San Fernando, al concluir que la presunción de legalidad de los actos administrativos no vulnera derechos fundamentales y que corresponde a la judicatura laboral resolver la procedencia del cobro de cotizaciones previsionales y sanciones asociadas

Concluyó que la impugnación contra el artículo 28 de la Ley N° 20.285 no plantea un conflicto de constitucionalidad, sino de mera legalidad, al cuestionar la interpretación efectuada por la Corte de Santiago sobre la legitimación activa del tercero afectado

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad al estimar que la aplicación de la norma que habilita fijar límites de edad en educación especial vulneró, en el caso concreto, los derechos a la igualdad ante la ley y a la educación, al impedir que personas con discapacidad visual adquirida en la adultez concluyeran un programa educativo esencial para su inclusión social.

El Tribunal Constitucional desestimó la acción por estimar que no existía una relación directa entre los preceptos impugnados y el conflicto constitucional planteado, ni incidencia decisiva de dichas normas en la gestión pendiente, atendido que el cobro de cotizaciones se rige preferentemente por el Decreto Ley N° 3.500, lo que hacía improcedente el control de inaplicabilidad solicitado.

Desestimó la acción de inaplicabilidad deducida en el marco de un juicio reivindicatorio indígena, al concluir que el conflicto era hipotético y que la limitación recursiva prevista en la Ley N° 19.253 no vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley ni el principio de proporcionalidad. Disidentes considera que se afecta de manera desproporcionada el derecho a defensa y la igualdad ante la ley.

El Tribunal Constitucional estimó que aplicar el apercibimiento de confesión ficta a una persona cuya capacidad mental es cuestionada en el mismo proceso vulnera la racionalidad y justicia exigidas por el debido proceso, al suponer una comprensión que precisamente se niega en la acción de interdicción.

El Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento al concluir que el recurso de hecho invocado como gestión pendiente ya había sido resuelto por la Corte de Apelaciones, privando a las normas impugnadas de incidencia decisiva en el caso concreto.

El requerimiento cuestiona la aplicación automática del artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.040, al sostener que obliga al municipio a asumir pasivos, obligaciones laborales y costos de cierre sin financiamiento suficiente, generando una afectación directa al patrimonio municipal y al núcleo esencial de su autonomía constitucional.

El requerimiento cuestiona el artículo 125 N°18 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en cuanto impide aplicar supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil sobre abandono del procedimiento, aun frente a una inactividad prolongada del órgano denunciante, lo que, según alega, vulnera la igualdad ante la ley y el derecho al debido proceso al permitir la subsistencia indefinida de un procedimiento sancionatorio.

El requirente cuestiona la aplicación de los numerales 8 y 9 del artículo 8 de la Ley N° 18.101, por estimar que la concentración probatoria y la exclusión de recursos impidieron corregir una omisión que no le era imputable, generando una situación de indefensión incompatible con el derecho a defensa, el debido proceso y la obligación de realizar ajustes procedimentales razonables en favor de personas con discapacidad.

Opera como una “sanción de plano” tras la notificación de una sentencia de primera instancia, sin regulación sobre duración ni efectos, sin resolución fundada ni vía de impugnación, y con riesgo de doble sanción y afectación del principio democrático, alega el requirente

El Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento de inaplicabilidad deducido en el marco de un procedimiento sancionatorio por infracción a la normativa pesquera, al concluir que la regla que otorga valor presuntivo a la denuncia de los fiscalizadores no vulnera el debido proceso ni la presunción de inocencia, por cuanto admite prueba en contrario y se inserta en un procedimiento que garantiza el ejercicio del derecho a defensa y la revisión judicial de la sanción.

El requerimiento cuestiona el artículo 2° del DL N° 3.516, que fija una multa equivalente al 200% del avalúo del predio vigente al momento del pago, alegando vulneración a los principios de legalidad, irretroactividad, igualdad ante la ley y proporcionalidad, en el marco de una condena dictada por un Juzgado de Policía Local y actualmente pendiente de apelación.

La Magistratura desestimó un requerimiento presentado por una universidad estatal, en el marco de un reclamo contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar una videograbación de una reunión académica, al concluir que las disposiciones de la Ley de Transparencia que consagran la publicidad, máxima divulgación y divisibilidad de la información administrativa no plantean un conflicto de constitucionalidad, sino una cuestión de legalidad que debe ser resuelta por el juez de fondo.

Empresa alega vulneración de derechos constitucionales en juicio por competencia desleal desde que Litis pendencia debiera resolverse en la sentencia definitiva, cuando entre las mismas partes se tramita un juicio sobre el mismo asunto, lo que vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo, los principios de non bis in ídem, de proporcionalidad, juridicidad y competencia

Desestimó la acción deducida por un notario de Santiago. Consideró que el procedimiento de remoción no vulnera el debido proceso ni genera indefensión. Descartó la infracción al principio non bis in idem, diferenciando entre responsabilidad disciplinaria y evaluación de idoneidad. Estimó que el auto acordado no invade competencias legislativas, sino que complementa una potestad legal. Desestimó la alegación de falta de tipicidad, señalando que la norma solo regula el inicio del procedimiento.

No existe un derecho constitucional a la revisión judicial de todas y cada una de las resoluciones dictadas en un procedimiento judicial. Aun cuando ley concursal excluye la apelación en determinados casos, permite interponer reposición conforme a las reglas generales y recurrir de casación en los casos y formas establecidos en la ley. La imposibilidad de interponer recursos ordinarios o extraordinarios, derivada de la aplicación del artículo objetado, vulnera diversos preceptos constitucionales, en relación con el artículo 8.2 letra h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al imp

El requirente sostiene que la norma vulnera los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y taxatividad, al penalizar la tenencia de un arma de fogueo que no puede disparar en su estado actual. El requerimiento apunta a impedir que el imputado sea sancionado penalmente por un hecho que no representa un peligro real para la seguridad pública y cuya eventual peligrosidad depende de actos futuros inciertos.

La Magistratura declaró inconstitucional el artículo 52 del Presupuesto 2026, que supeditaba la dictación del decreto supremo destinado a determinar los sitios prioritarios que pasarían a regirse por la Ley de Biodiversidad a la previa dictación de su reglamento, por estimar que dicha exigencia excedía las ideas matrices de la Ley de Presupuestos y alteraba indebidamente una ley permanente.

La Magistratura rechazó un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 429 del Código del Trabajo, reiterando que la improcedencia del abandono del procedimiento en la ejecución laboral persigue una finalidad constitucionalmente legítima, vinculada a la protección del trabajador y de sus cotizaciones previsionales, y no vulnera el debido proceso ni el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Norma permite a municipios cobrar por materiales extraídos de predios particulares. Alega vulnerado el "principio de legalidad tributaria", al ser un cobro sin correlación con un servicio o permiso municipal específico. Contraviene el "derecho de propiedad", al privar del goce económico sin ley expropiatoria ni indemnización. Conculca el "principio de proporcionalidad e igualdad en las cargas públicas", al ser un cobro desproporcionado y potencialmente confiscatorio