Ambiental

El Tribunal fue desechando las alegaciones de los reclamantes vinculadas a: una eventual ilegalidad pues el proyecto se habría iniciado antes de obtener la RCA favorable, una deficiencia en la evaluación por presencia de efectos del asbesto, una inadecuada ponderación del riesgo a la salud por emisiones de material particulado (MP10) y el eventual incumplimiento del compromiso ambiental voluntario por parte de la empresa, entre otros aspectos.

La empresa realizó una implementación deficiente de las medidas de control asociadas al manejo de emisiones en la planta Inacesa, ubicada en la Región de Antofagasta. Por este hecho, calificado como grave, el titular arriesga una multa de hasta 5.000 UTA, equivalentes a casi $4 mil millones.

El Tribunal resolvió acoger la reclamación, señalando que “la intención del Ministerio no fue la de proteger a un humedal ubicado parcialmente dentro del límite urbano, sino que a un ecosistema de humedal situado mayoritariamente fuera de los límites urbanos, respecto del cual no se advierte mayor conexión o unidad ecosistémica con aquel o aquellos humedales que podrían estar situados al interior del referido límite”.

La formulación de cargo está asociada al Centro de Engorda de Salmones (CES) Córdova 1, el cual se encuentra emplazado en la Reserva Nacional Kawésqar, por una sobreproducción respecto al ciclo 2019-2021.

Cabe recordar, que esta Superintendencia inició un procedimiento sancionatorio en diciembre de 2021, luego de constatar que la minera no estaba dando cumplimiento al Plan de Rescate y Relocalización para esta especie, conforme lo que indica su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La Superintendencia del Medio Ambiente recibió cerca de 300 denuncias por emisión de olores molestos y/o proliferación de vectores, relacionadas a la operación del Plantel Porcino de 10 Mil Madres San Agustín del Arbolito.

A partir del 19 de octubre de este año, entrará en vigencia para ciertos tipos de fuentes y en Áreas de Protección Especial, la Norma de Emisión de Luminosidad Artificial Generada por Alumbrados de Exteriores, aprobada por el Decreto Supremo N°1 del 2022 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), y que es conocida como la Nueva Norma Lumínica, la cual, se implementará de manera paulatina en el resto del país.

“A juicio de estos sentenciadores, la SMA transgredió el principio de congruencia al modificar la ponderación de una circunstancia que no se encontraba alegada por la recurrente, vicio que incide directamente en la determinación del monto total de la multa impuesta a la reclamante Áridos Cachapoal", dice el fallo.

La reclamación busca anular la resolución de la SMA que rechazó el otorgamiento de calidad de interesado en proceso sancionatorio contra Cooke Aquaculture.

La instancia decretó una inspección personal del sector donde se emplaza la iniciativa, para así obtener una mejor comprensión del entorno en cuestión y tomar una decisión informada.

El fallo recuerda que la Ley N°19.300 indica que la resolución de calificación ambiental (RCA) favorable de un proyecto o actividad caducará transcurrido 5 años sin que se haya iniciado su ejecución, mientras que el Reglamento del SEIA establece que la gestión, acto o faena mínima que dará cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente debe estar indicada en el respectivo Estudio o Declaración de Impacto Ambiental.

La sentencia ambiental centra su análisis en la controversia planteada por la empresa que acusaba un error en las notificaciones que la SMA realizó en el marco del procedimiento, lo que podría haber implicado la nulidad de la notificación de la formulación de cargos y las demás resoluciones del procedimiento.

Sentencia indica que el proyecto es compatible territorialmente y que la autoridad ambiental desarrolló correctamente el proceso de evaluación de la iniciativa inmobiliaria.

El proyecto significa una inversión de US$3.200 millones para asegurar la continuidad de las operaciones por 20 años

Lo anterior, en el marco de la medida urgente y transitoria (MUT) ordenada en enero de este año contra el titular, Casablanca Transmisora de Energía S.A., por la ejecución del proyecto “Nueva Línea 2×220 Nueva Alto Melipilla- Nueva Casablanca- La Pólvora- Agua Santa” que se emplazará en distintos puntos de las regiones Metropolitana y Valparaíso.

El proyecto tiene por objeto sanear -es decir, recuperar y limpiar- el terreno Las Salinas, el cual resultó contaminado con hidrocarburos a raíz de las actividades que se ejercieron en el lugar desde el año 1919, utilizando la técnica de biorremediación.

En el prólogo, el exministro del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, explica como la obra tiene el mérito de “revisar con enfoque crítico las cuestiones que han generado más debate a nivel nacional en estos 10 años de funcionamiento de la justicia ambiental” y destaca como esta justicia especializada nacional es “un referente a nivel mundial”.

La iniciativa introduce modificaciones a las leyes N° 20.417, N° 19.300 y N° 20.600. La consulta recae sobre la denuncia que puede interponer cualquier persona ante la SMA, por incumplimiento de un instrumento de carácter ambiental, y sobre la fiscalización de las normas de emisión de ruidos generados por fuentes fijas y la competencia que busca entregar a las municipalidades para la ejecución de esta labor.

La reclamación contra la SMA busca anular la resolución que resolvió requerir al titular del proyecto inmobiliario “Terranova Home”, el ingreso al SEIA. “Terranova Home” es un proyecto del titular Inversiones e Inmobiliaria Plaenge Chile, ubicado en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía y contempla la construcción de 181 viviendas.

Las multas fueron aplicadas, entre otras cosas, por la no implementación adecuada y oportuna de las medidas de prevención sobre los sitios arqueológicos del área de influencia del proyecto Línea de Transmisión Eléctrica; y por la alteración no autorizada de 31 sitios arqueológicos no identificados en la evaluación ambiental del proyecto de líneas de alta tensión.

El fallo contó con el voto preventivo de la ministra presidenta (s) Sandra Álvarez Torres quien manifestó que al tratarse de una controversia que tiene relación con un Programa de Cumplimiento existirían “actos iniciales tanto para el despliegue de una fiscalización como para la formulación de cargos, correspondientes a resoluciones exentas emanadas de autoridad competente”.

Al entrar al análisis de las cifras totales, la ministra presidenta Marcela Godoy Flores explicó que “si consideramos la cantidad de sentencias dictadas y el número de conciliaciones alcanzadas, nuestro tribunal aumentó en un 11,76% la resolución de conflictos jurisdiccionales respecto del año precedente, obteniendo un alza de un 6,25% en la dictación de sentencias y pasando de 2 a 4 el número de conciliaciones celebradas. Todo ello, pese a no contar con la conformación completa de ministros titulares y suplentes, en los términos que prevé la Ley N°20.600”, expresó.

Para dilucidar la controversia, el Tribunal no solo analizó todos los antecedentes presentados en la causa, sino que también ordenó la realización de un peritaje externo, para precisar el análisis de las metodologías utilizadas en el contexto de los cargos imputados a Metro. Lo anterior, le permitió concluir que la SMA configuró debidamente el primero de los cargos, pero no lo hizo en relación con el segundo.

La iniciativa que tuvo su primera discusión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, entrega un nuevo marco institucional que permita agilizar la toma de decisiones, fijar reglas claras y dar respuestas oportunas a los incumplimientos ambientales.

La ministra presidenta de esta judicatura especializada, Marcela Godoy Flores, explica que el Tribunal determino realizar la Cuenta Pública 2023 en la región Valparaíso por la relevancia que este territorio y sus habitantes revisten para la institución “buscando además reafirmar nuestro compromiso institucional en orden a resolver los conflictos ambientales que se presentan en esta zona”.

Se rechaza reclamación de vecinos de Mejillones por lo que continuará la conversión de gas natural de la central a carbón.

La sentencia descartó los argumentos relacionados con el origen del humedal, sosteniendo que la declaratoria se ajusta a la ley.

Respecto a la importancia de la diligencia, el ministro Marcelo Hernández dijo que pudieron constatar “los elementos de contexto, la geografía, la fisiografía del terreno y la caracterización visual de los residuos que todavía están presentes en los terrenos”.

La sentencia determinó que como el método de construcción de dichas torres sería vía helicóptero no se requerirá de la construcción de caminos de acceso a las estructuras, por lo que su utilización significará una reducción de 14,2 km de caminos, equivalente a un 5% de la superficie total de intervención del proyecto original.

Judicatura especializada concluyó que el Servicio de Evaluación Ambiental realizó una deficiente evaluación de los impactos de la iniciativa en el Acuífero Santiago Central.