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Dichos resultados nos dicen que la diferencia entre ambas opciones terminó siendo mucho más amplia de lo que se esperaba. Entonces, en una primera aproximación, y tomando en consideración que esta es la segunda vez que Chile rechaza una propuesta de Nueva Constitución, podemos afirmar que estamos ante un rotundo fracaso de la clase política chilena que impulsó la aprobación de una Nueva Constitución, primero desde la izquierda y ahora desde la derecha.

La principal novedad de la propuesta constitucional en materia de gobernanza judicial recae en la creación de aquel órgano encargado del nombramiento de los integrantes del Poder Judicial. En específico, el art. 162 crea un órgano encargado de la designación o nominación, según sea el caso, de jueces tanto de los tribunales superiores de justicia como de los juzgados letrados.

A diferencia de las prácticas punitivas tradicionales, la justicia restaurativa promueve procesos colaborativos centrados en la protección de las víctimas y la participación activa de los involucrados. Esta corriente ha ganado terreno en sistemas jurídicos avanzados, donde Chile parece rezagado en su implementación, a pesar de la necesidad de una transformación legal integral para abordar las complejidades de la delincuencia y mejorar la confianza en las instituciones estatales.

Una innovación en la competencia del Tribunal de la Contratación Pública, es la posibilidad para conocer de la acción de impugnación interpuesta contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos durante la ejecución de un contrato administrativo con los organismos del Estado. Esta es una de las novedades más relevantes de la reforma a la Ley Nº 19.886, por cuanto implica ampliar la competencia del Tribunal a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que ocurran durante la ejecución, esto eso, desde la suscripción del contrato totalmente tramitado hasta la extinción del mismo.

El objetivo de esta norma es algo que ya inspira a varias leyes de nuestro ordenamiento jurídico, como son la ley N° 20.380, sobre protección de animales y la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable, ambas leyes que contienen normas para proteger a los animales y promover la educación en sus propios ámbitos. Lo anterior, llega al punto que incluso, para algunos, existe en nuestro ordenamiento jurídico el principio de protección del bienestar animal. De esta forma, esta norma no presenta innovaciones frente a lo que ya existe y por algunos podría señalarse que el mandato que realiza al legisl

En el ámbito del avance de acciones de Gobierno Electrónico en Chile se desarrolló entonces en la década de los 90, y desde la Ley N°21.180 del año 2019 debe aggiornarse el sistema, una plataforma integrada de servicios ciudadanos o un sistema nacional de información ciudadana. Si el Estado debe permitir el acceso a los datos y documentos que le afectan o les interesan a los ciudadanos o gobernados, razones de economía de gestión o de costos de transacción abonan que se le pueda ofrecer una opción que les permita en un sólo ámbito conectarse con todos los servicios públicos a la vez, para evit

Una polémica decisión del Tribunal Constitucional, que lamentablemente no es la única, pone nuevamente al Perú en los ojos de la comunidad internacional que ven con preocupación cómo el Estado peruano incumple sus obligaciones internacionales, como el de acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen el carácter de ser vinculantes para los Estados – Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando evidencia de la penosa precariedad democrática e instituc

Una vez más, frente a este segundo Auto emitido por el Tribunal Constitucional que ordena la liberación de Alberto Fujimori, la Corte IDH, en el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisión de cumplimiento de sus decisiones, mediante Resolución del Presidente (Adopción de Medidas Urgentes), con fecha 5 de diciembre de 2023, le ordenó al Estado peruano que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la excarcelación de Alberto Fujimori, hasta que cuente con todos los elementos necesarios para anali

El caso más reciente es el de Star Wash, una disputa legal entre esta empresa chilena de lavado de autos y Lucasfilm, la compañía dueña de los derechos de la franquicia "Star Wars". Star Wash usó la temática de "Star Wars" en su publicidad y diseño, utilizando referencias a la saga para promocionar sus servicios. En este contexto, Lucasfilm interpuso una demanda de oposición ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante “INAPI”) en contra del registro marcario intentado por Star Wash.

Bien sabemos que la Sociedad de Las Naciones de 1919, la primera organización mundial creada precisamente para preservar la paz, no evitó la segunda guerra; así como, la actual Naciones Unidas de 1945, habiendo corregido las falencias de la Sociedad, y alcanzado algunos éxitos, en la actualidad, se nos muestra prácticamente incapaz de poner fin a los principales conflictos bélicos que subsisten. Son muchas las que han pasado a ser guerras habituales, no llaman la atención, y la prensa internacional raramente consigna. Las más recientes, como la agresión de Rusia a Ucrania y los ataques terrori

La objeción de conciencia no puede reconocerse con carácter general e ilimitado, pues ello supondría negar la imperatividad de las normas y, en definitiva, el propio ordenamiento jurídico. Los límites a su regulación deben tener en consideración que ésta procede ante la presencia de una obligación jurídica concreta y una auténtica contradicción entre la norma jurídica y la norma de conciencia, donde “la exención del deber jurídico ha de responder precisamente a motivos de conciencia, lo que significa que esta última ha de jugar algún papel en el desarrollo del procedimiento jurídico conducente

Después del 17 de diciembre, si ganare el En Contra, el Partido Comunista y otros partidos y movimientos de extrema izquierda ¿respetarán la Constitución Política de 1980 o tratarán de iniciar un nuevo proceso dentro de un par de años más? Y si ganare el A Favor ¿respetarán el resultado del plebiscito —especialmente si la diferencia entre ambas opciones es muy estrecha— y la “Constitución de Boric” o realizarán movilizaciones “pacíficas” para desconocer la nueva Carta Fundamental e iniciar un tercer proceso?; proceso en el que probablemente —por no decir seguramente— no se respetarían las base

Si bien la Ley Nº 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, aboga por la protección del arrendatario mediante la irrenunciabilidad de sus derechos, no regula las consecuencias ante un escenario de desigualdad entre el valor de la renta y el valor por el uso y goce del inmueble arrendado, cuestión que sí estaba considerada por sus normas legales predecesoras, las cuales fijaban un control de rentas habitacionales y las sanciones civiles con motivo de su infracción

En el marco del actual proceso constitucional se aprobó una norma que limita al Estado en el ejercicio de sus potestades sancionatorias, consagrando una inédita reserva legal absoluta en esta materia. La discusión ha revivido viejos debates en torno a la comprensión de la administración y su rol en el ejercicio de derechos y potestades públicas, amenazando con enterrar una serie de proyectos de ley actualmente en curso.

La propuesta constitucional incluye un inciso que establece el deber del Estado de garantizar “el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”, lo que algunos han tildado como la constitucionalización del voucher. En esta columna se intenta aclarar porque dicha expresión no limitaría otras formas de financiamiento.

Son muchísimas las razones tangenciales al hecho duro de la acusación, las que conducen a sospechar que el expresidente Frei Montalva fue víctima fatal de un acallamiento político. Baste solo imaginar la capacidad extraterritorial del régimen militar para asesinar al ex ministro de la Unidad Popular Orlando Letelier en la mismísima capital de Estados Unidos o al General Carlos Prats en Buenos Aires, Argentina. Atentar contra la vida de Frei Montalva en el corazón de Santiago, no importaba mayor escrúpulo. ¿O sí?

Las economías ligadas a las drogas ilícitas aceleran los conflictos, incrementan los abusos de los derechos humanos, la impunidad y la devastación medioambiental. Supone que la sociedad en general y los pueblos indígenas están sufriendo, además de sus tierras productivas, la contaminación con mercurio de sus ríos, el despojo de sus tierras colectivas, y para los pequeños, medianos y grandes empresas la proscripción de sus derechos a la propiedad privada.

En términos prácticos el Poder Legislativo residirá en el Congreso de la República, el cual estará conformado por el Senado y por la Cámara de Diputados. En otras palabras, el Parlamento peruano tendrá una estructura compuesta por dos cámaras que presentan competencias exclusivas y otras compartidas (bicameralismo imperfecto). Por ejemplo, la presidencia del Congreso de la República recaerá de manera alternada sobre los presidentes de cada cámara. Del mismo modo, la Comisión Permanente estará conformada por igual número de senadores y diputados elegidos por sus respectivas cámaras.

El traspaso de información en términos claros por parte de la judicatura a los/las usuarios/as del sistema judicial no es otra cosa que el cumplimiento por parte del Estado de su obligación de garantizar el acceso a la justicia, sin ningún tipo de discriminación. Justamente, mediante la simplificación del lenguaje en la administración de justicia, se pretende eliminar aquellas asimetrías de poder presentes en el Poder Judicial, lo cual, a todas luces, permite a la ciudadanía recuperar la confianza en el aparataje jurisdiccional.

Se analiza la inclusión de una "Agencia Contra la Corrupción" (ACA) en la nueva propuesta de Constitución, destacando su historial de fracasos a nivel mundial. Aunque iniciativas similares en Singapur (1960) y Hong Kong (1974) lograron éxitos iniciales, la mayoría de las ACAs en otros países no han reducido la corrupción y pueden ser usadas contra opositores políticos. En el contexto chileno, se cuestiona la necesidad de una ACA, ya que el país no enfrenta una crisis de corrupción desbordada. Finalmente, se argumenta la incoherencia de incluir una ACA para coordinar lucha anticorrupción cuando