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Resultaría inconcebible que se llegase a acusar a un imputado de un delito de Administración Desleal sin tomar en consideración la información financiera, por cuanto ella es un mudo testigo de cómo ese gerente ha gestionado los recursos que le han sido confiados, y cómo ha agregado o desagregado valor mediante el rendimiento del patrimonio en un año comercial (verificable en un Estado de Pérdidas y Ganancias).

El autor comenta los problemas que surgirán si se despoja a los jueces tributarios y aduaneros de la facultad de declarar la elusión, considerando que en nuestro país no se dan los elementos que permiten que los conceptos jurídicos indeterminados produzcan jurisprudencia consistente que proporcione seguridad jurídica.

Fue un fallo trascendente que se debe tener presente. En términos deportivos, se decía que Chile ganó 8 a 0, y el Presidente Piñera, debió encarar vaticinios agoreros, y críticas por no asistir a la sentencia, o ir acompañado por Ex Presidentes que tuvieron previas y destacadas decisiones en sus mandatos. Hubo prudencia sin estridencias, pues la asistencia de autoridades de las partes, en nada incide en la Corte. En su caso, Evo Morales lo apostó todo, y perdió.

El artículo 22 de la Ley N°21.020, solicita muy poca información al momento de realizar el registro de un centro de mantención temporal de mascotas o animales de compañía, o al menos, debiera ser más especifico, y referirse detalladamente a los lugares que funcionan como hoteles para mascotas, puesto que, estos lugares al funcionar como hospedaje por un lapso de tiempo que puede ser incluso prolongado, sin duda, debiesen cumplir con mas exigencias al momento de constituirse y funcionar.

Una segunda lectura de lo modificado, la disruptiva y que no tiene lógica ni fundamento jurídico robusto, es que nada se prohibió sino que expresamente se permitió legalmente -en una norma garantista de Derechos Fundamentales de personas naturales- y de manera general y genérica, que se hicieran predicciones y evaluaciones de riesgos comerciales de personas jurídicas o empresas.

Más allá de la inconstitucional reelección de Bukele, lo cierto es que este proceso electoral constituye un golpe durísimo para los partidos de oposición, especialmente para los históricos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de izquierda y Alianza Republicana Nacionales (ARENA) de derecha, quienes a duras penas podrán mantener sus respectivas inscripciones al haber obtenido menos del 5% de los votos.

“The United States v/s Billie Holiday” comienza con una triste melodía de piano de fondo y la imagen de una fotografía en blanco y negro, donde figuran varios hombres blancos de pie, con el cadáver de un afroamericano en el suelo, con la siguiente leyenda: “En 1937, un proyecto de ley para, por fin, prohibir los linchamientos de afroamericanos fue considerado por el Senado… no fue aprobado. Billie Holiday subió a la fama, en parte, por su canción ‘Strange Fruit´, una descripción lírica y horripilante de un linchamiento.”

Columna relativa al estudio (doctrinario y programático) del rol que tienen las instituciones procesales de la Legitimación y Capacidad en dos figuras límites del Derecho de Familia: (i) la acción de reclamar alimentos en beneficio del que está por nacer y (ii) la aplicación de los principios contenidos en la Ley de Protección y Garantías de la Infancia en lo que respecta al régimen de cuidados personales, solicitados por los "abuelos aparentes", esto es, cuando la crianza de los niños, niñas y adolescentes está en manos de los abuelos cuya calidad no está determinada en función de las partida

Dentro de las novedades legislativas que se han dado lugar en el último tiempo, destaca la recientemente publicada Ley Nro. 21.554, que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta al Servicio de Tesorerías su cobro, la que tiene la virtud de dotar de un procedimiento eficiente en cuanto a la recaudación de ingresos por este concepto.

Cabe subrayar la responsabilidad que asumen los organismos electorales de la región -que en el marco de un clima de alta polarización y radicalización electoral- deben asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa, como lo señala el artículo 176 de la Constitución Política del Perú y las demás constituciones de la región.

Llama la atención que la ley, por un lado, proteja al propietario de una ocupación ilegal, y, sin embargo, atenúe sus consecuencias tratándose de personas desvalidas, carentes de una vivienda propia, caso en el cual, la norma sufre una relajación, es decir, no se aplica en su dureza, sino que hace justa la situación en términos socio-políticos. Ello, porque la situación socio-económica del hechor, no cumple con los fines de la norma. No la puede atenuar ni justificar, lo cual obedece a una mirada no jurídica del problema de la vivienda.

En reciente sentencia de 11 de enero de 2024, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad del Consejo de Defensa de Estado que recaía precisamente sobre las normas de intereses del DL 3500 y la Ley 17.322. Esta sentencia reviste extraordinario interés porque se pronuncia sobre la naturaleza y propósito de tales intereses bajo una óptica completamente distinta a la de la Corte Suprema.

Quizás el primer problema que asoma tiene que ver con el rol o tarea que debe cumplir el perito o la perita. Es decir, el hecho de reconocerse como un actor imparcial y, que sobre un punto determinado que ha sido puesto en tela de juicio, su dictamen favorecerá o perjudicará a alguien. Si su trabajo ha sido requerido para resolver una incógnita en el ámbito privado, esta apreciación sí o sí generará efectos; y que decir dentro de un proceso litigioso.

El concepto anglosajón “Fintech”, que por exigencia expresa de la Ley N°21.521 en Chile se ha latinizado a Fintec, alude a un mercado y a un ecosistema que resulta de la unión entre las finanzas y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones o TICs –esencialmente el uso de redes e Internet y sus aplicaciones en teléfonos inteligentes-, y se visualiza posicionado e instalado en la banca, en la industria tecnológica y en la academia como una disrupción entre los servicios financieros y la innovación digital.

Las formas complementarias de protección son herramientas que los estados han usado para regularizar la condición jurídica de personas que, no siendo reconocidas formalmente como refugiadas, su expulsión del territorio vulneraría las obligaciones del principio de no devolución contenidas en tratados internacionales de derechos humanos (por ejemplo, artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes).

Considero que resultaría adecuado un aumento en las exigencias para disuadir la presentación de acusaciones aventureras o antojadizas, que capturan la atención del sistema político sin dejar, en general, resultados concretos y fomentan la polarización. En función de esto, el aumento del mínimo de parlamentarios necesarios para la presentación me parece imprescindible, sobre todo teniendo en consideración el aumento en la cantidad de parlamentarios ocurrido a partir del 2018.

Estaba más a salvo la paz mundial, siempre que las grandes potencias no se enfrentaren directamente, cumpliendo su responsabilidad primordial de preservarla. Los conflictos de menor intensidad, podían encontrar una solución pacífica con el concurso de los más poderosos, aplicando los variados métodos o procedimientos utilizables.

Consideramos que lo aprobado por el Parlamento no es otra cosa que una contra reforma electoral que nos hace volver a un pasado marcado por la informalidad y la debilidad de las instituciones partidarias. En otras palabras, el Parlamento genera condiciones para la escasa o nula participación de la ciudadanía en el proceso de selección de candidaturas.

El presente artículo afirma la aplicación de la Ley N° 19.886, de bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, a los partidos políticos como consecuencia de la modificación introducida por la Ley N° 21.634 a su artículo primero, el que extiende su ámbito de validez a las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, de acuerdo con lo previsto por la Ley N° 19.862. La disposición tiene, en consecuencia, el carácter orgánico constitucional al imponer una nueva obligación a estas organizaciones, siendo improcedente que entregue a la potestad reglamentaria la def

El ajuste al principio de legalidad que es esencial en el Derecho Público llevaba a visualizar el alcance del artículo 33 letra m como la obligación de que, al ejercer sus funciones privativas en materia de acceso a documentos, actos, contratos o resoluciones de los OAE (y al dictar las respectivas Decisiones de Amparo) se velara teniendo presente que -de contenerse DP- debía protegerse la finalidad única y de servicio público de su recopilación, la confidencialidad o el secreto general y transversal de ellos, la necesidad de su tratamiento seguro y diligente y el considerarlos excluidos del a