Columnas

Siguiendo en parte lo indicado por Eduardo Novoa Monreal, es claro que el ordenamiento jurídico de alguna forma es la expresión de las condiciones sociales que sustenta; siendo lo socialmente imperante determinado formalmente por el Derecho Positivo(1); al respecto, la propiedad no escapa de aquello en Chile, la cual tiene un acervo radicalizado sobre este derecho, fenómeno propio de los Estados liberales y de la sociedad capitalista.

El declarado “Estado de Bienestar” se conecta también con el ejercicio mismo de las libertades ciudadanas como las de emprendimiento, asociatividad, comercio y consumo y al derecho de cada persona a forjarse un mejor pasar para ellos y sus familias, y progresar hasta donde quieran y puedan llegar, aunque otros vayan más atrás.

Por mucho tiempo la aplicación de la consulta indígena en el régimen concesional minero ha sido un tema resistido tanto por la judicatura como por el Estado. Ad portas de una nueva Constitución, parece ser el momento de discutir con profundidad la aplicación de ésta en el régimen concesional minero, lo que podría significar, entre otras cosas, el fin del orden público económico minero tal como fue teorizado en su tiempo.

La modificación del artículo 40 de la Ley sigue el derrotero del artículo 39 de la misma, cuya constitucionalidad, además, nadie ha cuestionado. Por tanto, no resulta cierto afirmar -como algunos sectores han señalado- que la Autógrafa de la Ley viola el derecho al referéndum de los ciudadanos.

Si deseamos pensar en un contenido sustantivo de los llamados Derechos Fundamentales sin caer en el absurdo de justificarlo por el irracionalismo volitivo o la coerción estatal, es ineludible decir que los verdaderos Derechos Fundamentales no deberían ser tales por estar en la Constitución; son tales porque emanan de la naturaleza humana, y no es facultativo reconocerlos: es obligatorio para el constituyente o el legislador expresarlos. Como señala Cicerón, “la ley suprema es el bien del pueblo”.

Nos dice Ulpiano: “Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”. Se trata, por tanto, de una virtud que no radica en el intelecto, sino en la voluntad de cada cual; se trata del ánimo de darle al otro lo que le corresponde y esta disposición no es algo que se presente en una oportunidad determinada (algo así como un chispazo) sino que se manifiesta en forma “constante y perpetua”, de modo que propiamente es justo aquel que permanentemente y en toda ocasión da a su prójimo “lo que es su derecho”.

La manera más buscada de aceptación, es intentar que la mayor parte de las posiciones decididas formen parte de las políticas de Estado, ya que estas se consideran convenientes y necesarias, sobre todo, porque procuran representar intereses nacionales comunes por sobre las contingencias ocasionales, al coincidir con conductas exteriores permanentes y desarrolladas por cualquier gobierno.

En el escenario actual, el uso de las tecnologías y los nuevos entornos digitales suponen como características esenciales la inmediatez, masividad y viralización de las informaciones, muchas veces falsas o alejadas de la realidad, lo que nos obliga a procurar fortalecer los niveles de protección para resguardar el derecho a recibir información veraz en los contextos digitales.

Ese artículo plantea el viejo problema del carácter supraconstitucional de ciertas disposiciones materiales de una Constitución. Si bien, el problema de su respeto o violación, no debería presentarse durante los trabajos de la Convención Constitucional, siempre podrá presentarse una vez adoptada la nueva Constitución (si es que lo es, en el caso que los constituyentes logran redactarla a tiempo), cuando el constituyente derivado estará en función. Tales disposiciones no solo son antidemocráticas, sino que también ineficaces y peligrosas.

Lo que debería hacer la Convención Constitucional es llevar la discusión despojada de abstracciones y plantear para Chile el sistema de gobierno que permita de la mejor manera alcanzar la eficiencia y eficacia del Estado al ejercer la función administrativa y de gobierno, así como la concordia ciudadana, tan escasa por estos días, a partir de un sistema compatible con la cultura política, social y económica nacional.

La positiva evaluación del proceso de inoculación, resultan de atención las posturas en contra de la vacunación que, de no revertirse, podrían generar un nuevo problema de salud pública a corto plazo. Esto nos enfrenta a las razones que sostienen las posturas de vacunación obligatoria versus vacunación voluntaria, en las que libertades de locomoción, reunión y el derecho de propiedad, entre otros, están implicados. La investigación acelerada que ha estado detrás de las vacunas en algunas personas ha devenido en incertidumbres y desconfianzas, que nos acercan a temas de ética en la investigació

Cuando los autores se refieren a la constitucionalización singular de un órgano de la Administración, lo hacen habitualmente como si se tratara de un dato histórico que da cuenta de una mayor importancia institucional de aquél a los ojos del Constituyente, pero sin mayores efectos jurídicos. Discrepamos abiertamente de ello, pues, en nuestra opinión, tal constitucionalización, incluso si se hace con mínima densidad (esto es, la Constitución sólo lo menciona), produce efectos jurídicos de la mayor trascendencia.

Es importante señalar que este año trae consigo dos tipos de elecciones en Latinoamérica: 1) Las Elecciones Calendarizadas; y 2) Las Elecciones No Calendarizadas. Estas últimas son aquellas cuya fecha de realización no se encuentra expresamente señalada en la legislación electoral de cada país y, por ende, son los organismos políticos y/o electorales los que, previa coordinación, definen la fecha de la jornada electoral, como es el caso chileno que dispondrán de una cédula de sufragio que contendrá la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención

Se olvida absolutamente esta sala de la I. Corte de Apelaciones del control de convencionalidad, lo que nuevamente pone en cuestionamiento a los órganos superiores del Poder Judicial y en definitiva su compromiso con un efectivo respeto de los derechos humanos de parte del estado de Chile; adicionalmente se podría suponer, respetuosamente y en estricto sentido técnico del concepto, ignorancia supina, esto es, “negligencia en aprender o inquerir lo que puede y debe saberse”.

Es un absurdo y un abuso intentar provocar forzadamente la paridad de género en órganos de representación popular elegidos por los ciudadanos, como ocurrió en la elección de constituyentes en que no se respetó la voluntad popular, torciendo los resultados, para provocar forzadamente dicha paridad, de modo que resultaron elegidos quienes no lo fueron y marginados quienes sí lo fueron.

Si bien soy consciente que son exclusivamente los constituyentes quienes tienen la trascendental tarea de redactar, compendiar y armonizar nuestro nuevo texto constitucional, también soy consciente de la tremenda presión que tienen sobre sus hombros de cumplir las expectativas de todo un país, reflejados en todos aquellos que han asistido a proponer normas iusfundamentales.

Anexar la protección, responsabilidad y el derecho fundamental al medio ambiente sano a la Constitución suena coherente porque atribuye un valor constitucional a las diversas normas jurídicas sobre la protección al medio ambiente. Bajo este razonamiento, la constitución del Estado Constitucional de Derecho establecerá: derechos, deberes, principios, prevención, responsabilidad, precaución y sostenibilidad, aspectos de información, formación, investigación, y compromiso internacional en cuando al medio ambiente

La conformación política tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, evidencia, por un lado, una disminución de los sectores moderados tradicionales (los centros) y un aumento de las fuerzas políticas más radicales (izquierda/derecha) y, por otro lado, un retroceso de las fuerzas progresistas y un aumento de los sectores liberales y también conservadores. El gobierno de Apruebo Dignidad estará frente a un Congreso Nacional con una conformación política equilibrada, totalmente diferente a la legislatura actual.

Los juzgados de policía local son tribunales especiales, que no forman parte del Poder Judicial y que dependen de la municipalidad respectiva. Justamente, la dependencia municipal es uno de los temas que más controversia ha producido, ya que se identifica como una característica que puede afectar la independencia e imparcialidad de esta judicatura y, a nuestro entender, también afectar la eficiencia y eficacia de sus procesos internos.

Si observamos los procesos constituyentes que dieron lugar a las constituciones de 1833 y 1925, podemos constatar cómo el sistema de gobierno fue un punto focal de dichas discusiones, como exponen Bertelsen, Brahm y Amunpategui “La misma Constitución de 1833 favorecía ese contrapunto, desde el momento en que ella contenía ciertos elementos equívocos…” y continúan “La disputa en torno al régimen de gobierno es el punto central en la discusión de la Constitución de 1925”.