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Ahora comienza el segundo tiempo de la Convención Constitucional, mandatada al efecto por el pueblo mediante un plebiscito en carácter de poder constituyente. Es de esperar que así podamos dejar atrás no solo la violencia, sino que, y especialmente, esa división existencial entre los unos y los otros cuya fractura ha recorrido el país.

En general la autonomía constitucional aleja, en razón de su relevancia, a ciertos órganos del quehacer político. Se espera así que con ella, orgánica y funcionalmente, determinadas entidades trasciendan en el tiempo y cuenten con la suficiente robustez para garantizar la necesaria estabilidad institucional, propia por lo demás de todo Estado de Derecho.

El presente comentario se efectuará con las siguientes dos prevenciones: en primer lugar, se enfocará desde la perspectiva del derecho constitucional y administrativo, y no propiamente de desde la óptica del derecho procesal penal, aunque lógicamente, el primer aspecto tiene estrecha y evidente relación con éste. El segundo alcance consiste en que, si bien se trata de encuadrar las entidades en categorías más o menos precisas, siempre es preferible el formato que facilite el cumplimiento de las funciones encargadas a dicha entidad.

Corresponde recordar que las ERM 2022 constituyen un proceso electoral de calendario fijo. Es decir, se trata de una elección cuya fecha de realización se encuentra expresamente señalada en la legislación. Así, este tipo de comicios se realizan el primer domingo del mes de octubre del año en que finaliza el mandato de las autoridades regionales y municipales.

Comunistas, socialistas y radicales, que formaban el Frente de Acción Popular (FRAP), nos ayudaron a difundir el saneamiento de las viviendas a bajo costo, la eliminación de los parásitos, la preparación de alimentos baratos y nutritivos y el mejoramiento del barrio; todo con la ayuda de los estudiantes de todas las escuelas y de los organismos de la universidad.

Por de pronto, los adultos mayores son hoy autovalentes y por lo tanto no tiene cabida en la casuística de incapacidades legales regulada en el artículo 1447 del Código Civil chileno; ni como incapaces absolutos, ni como incapaces relativos, ni como especiales. Entonces, atendamos primero a saber qué se entiende por lucidez, para luego preguntarnos si es posible al notario exigir un documento que acredite tal condición o situación para que los efectos del acto final que debe autorizar produzcan no sólo los resultados esperados por las partes, sino que aquellos que demanda el sistema jurídico e

El Estado Constitucional de Derecho es la construcción intelectual de los juristas, el cual fue acuñado como una necesidad de establecer contenidos de coherencia en razón a la validez de los derechos fundamentales, el cual es manifiestamente una teoría dominante en busca de fortalecer los derechos, deberes, principios, libertades y garantías constitucionales. Oponiéndose a cualquier manifestación contraria a la autoridad del Derecho.

Cuando se habla de celeridad legislativa, entonces, como argumento para defender al unicameralismo, la primera cuestión que surge es si puede establecerse una regla predictiva o relación directa entre dicho sistema y la mayor rapidez en la tramitación de una ley. Para dar por cierta esa afirmación, habría que demostrar que siempre -o al menos, en la mayoría de los casos-, un sistema unicameral es más rápido que uno bicameral en la formación de la ley, lo que, como ya se anunció, en la práctica no ocurre, porque los resultados son siempre relativos.

Existen muchas razones para aplaudir como se ha estructurado en tan poco tiempo un sistema de participación inclusivo y transparente. Tendremos que lamentarnos, sin embargo, de los acotados plazos para el despliegue de mecanismos complejos que requieren de una amplísima difusión y de un financiamiento adecuado para que sean realmente incidentes. Especialmente, debe lamentarse el hecho de que la Convención no haya tenido éxito en la difusión de las iniciativas populares de norma, acaso el mecanismo más relevante en cuanto a su vinculatoriedad y capacidad de incidencia.

El rol rol opositor se ejercerá en una compleja realidad puesto que no se trata de “oponerse” a un Gobierno de centro izquierda como ha ocurrido en el pasado reciente, sino a un Gobierno, que conducido por una persona inexperta y que se ha mostrado contradictoria, alberga en su interior como verbos rectores al Partido Comunista que abriga la esperanza de establecer en nuestro país una “sociedad comunista”, a sectores extremos del Frente Amplio.

Valga señalar que la organización administrativa del Estado chileno ha pasado por diversos procesos de modernización. Sin duda que, en el estado actual del avance científico y tecnológico, una de las más acuciantes tareas dice relación precisamente con la necesidad de estructurar un conjunto orgánico conteste con esa evolución tecnológica.

En relación con dicho proyecto de ley, considero que se puede mejorar con algunos cambios, que señaló el Centro de Estudios Constitucionales (CECOCH) al Senado en un informe en el cual tuve la oportunidad de participar, proponiendo exigir para la aplicación de la amnistía el cumplimiento de ciertos requisitos conforme lo resuelva el Tribunal, que den cuenta de la prisión política.

El origen del pronunciamiento, es una consulta realizada por la I Contraloría Regional Metropolitana en cuanto a la posibilidad de que las corporaciones municipales queden sometidas a dichos cuerpos normativos, atendido las funciones eminentemente públicas que desarrollarían, sumado a la finalidad de atender las crecientes exigencias en materia de transparencia e integridad en el ejercicio de la función pública; precaver conductas contrarias a la probidad administrativa, y resguardar debidamente los recursos públicos.

La nueva Constitución puede reconocer a la familia en sus bases institucionales mediante un concepto amplio que abarque a las diversas formas de familia existentes, o por venir, o aludiendo a un modelo de familia determinado. En ningún caso, ésta será neutral, porque es el marco para legislar y diseñar las políticas que afectan a la familia. Y esta discusión es eminentemente política, porque es la sociedad en el espacio democrático la que tiene que definir qué entiende por familia, ya que involucra a la libertad de las personas a formarla, a la vez que tensiona los derechos individuales entre

Requiere de completa capacitación, selección rigurosa y habilidades, al servicio del Estado que acredita al representante, que hoy está muy alejado del estereotipo que nos dejó el siglo XIX, y épocas pretéritas. Sus fines son múltiples en la actualidad, ya que se busca dar a conocer el país, optimizar el acercamiento mediante un conocimiento acabado del lugar de trabajo, informar adecuadamente a su gobierno, y representarlo en otro, o en los numerosos organismos.

Este desafortunado acuerdo del Consejo de la Orden -- que adhiere entusiastamente al programa del candidato del PC-FA, incluso en aquello de “democratizar las comunicaciones”, y que con un lenguaje claramente comprometido y una llamativa presentación gráfica llama a votar por él -- permite dar pie a quienes hace ya mucho rato vienen denunciando la abierta izquierdización de una buena parte del periodismo chileno, su militante compromiso ideológico con ese sector y una completa pérdida de la objetividad periodística.

El objeto de este comentario, es referirme a las modificaciones introducidas por la citada ley al procedimiento de policía local, destacando el esfuerzo del legislador por actualizar la normativa, conforme a las modernas técnicas procesales y el uso de Tecnologías de las Información y Comunicación (en adelante Tics), pero desconociendo las realidades y asimetrías de la justicia local, sin perjuicio de ello, destaco lo positivo de las modificaciones permanentes y transitorias que se introducen, con miras a modernizar el procedimiento y hacer más eficiente el acceso a la justicia local.

Que exista un domicilio digital único y obligatorio, pero no restringido en su uso a las notificaciones en procedimientos administrativos, podría ser un beneficio establecido masivamente, gratuito y con cercanía cotidiana a lo que antes se llamaba el ciudadano “de a pie”, hoy en día hiperconectado, en línea y cada día con menos brecha digital en cuanto a su conectividad.

Es importante que la doctrina siga nutriendo de contenido este nuevo delito para otorgar herramientas a tribunales que les permita mejor resolver aquellos casos que aún no han llegado a sus magistraturas respectivas, y que sin duda durante el año 2022 serán objeto de debate en los tribunales orales en lo penal de todo el país.

El presente artículo analiza la calidad que actualmente se le atribuye a las multas contractuales derivadas de los contratos administrativos regidos por la Ley Nº 19.886. Se analiza someramente tanto la jurisprudencia administrativa, judicial y la postura que tiene la doctrina mayoritaria sobre la materia.