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La aplicación de este derecho a reservarse el ingreso en este caso es más que discutible. En primer lugar, el derecho de admisión no se encuentra consagrado en la ley Nº 19.327, en los términos en que se lo describe en el comunicado.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el grado de desproporción permitido por el ordenamiento jurídico es distinto en el caso de los impuestos directos respecto de los indirectos.

Es falso que con el proyecto de reforma tributaria se afecte el derecho de asociación del artículo 19 nº 15 de la CPR, porque la persona jurídica creada sigue teniendo una existencia independiente de quienes concurren a crearla.

¿Qué ha querido significar el Código Civil cuando en el art. 74 establece que la existencia legal de la persona principia al nacer? Hay que destacar que el precepto emplea cuidadosamente los términos y no dice –como a veces se cree– que la persona principie al nacer.

De producirse un perjuicio patrimonial acreditable ocasionado a raíz de una sentencia que la Corte Suprema haya declarado arbitraria e ilegal, el afectado –de conformidad a las bases del Estado de Derecho– no tiene obligación jurídica de asumir el detrimento patrimonial sufrido.

Existen múltiples razones para temer que estos “pastores sin ovejas”, estos “ministros de culto sin feligreses”, terminarán tarde o temprano siendo “lobbistas”.

No es el fantasma apocalíptico de la guerra fría, aunque se ha creado una novedosa y real convivencia fría. El mundo, ha cambiado en poco tiempo, y los grandes se confrontan.

De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete de la Constitución, el alza de impuestos se halla sujeta al principio de legalidad tributaria como a una reserva legal en materia de cargas reales.

En un libro de reciente publicación, develando las “trampas” ideadas por el Prof. Jaime Guzmán para inmovilizar el régimen político-económico implantado en la Constitución de 1980 por el gobierno militar, se afirma que una de ellas habría sido el Tribunal Constitucional.

El bloqueo ha demostrado ser ineficaz para generar cambios y no tiene más consecuencia que un daño injustificable al desarrollo de la isla.

Inquieta que un organismo asesor del Congreso tome por sí y ante sí la atribución de consignar un segundo nombre oficial a las leyes con el pomposo nombre de “título ciudadano”.

La principal diferencia entre reglas y principios se debería a una característica estructural, que para algunos los separa en normas de conformación diversa y para otros es meramente una diferencia de grado

Algunos dirigentes critican el aumento del número de congresistas por el mayor gasto público que implicaría.

Curiosamente, el Código Procesal Penal, no contempla sanción procesal alguna ante la negativa del Ministerio Público a formalizar la investigación.

En las últimas semanas diversas voces provenientes tanto desde el mundo gubernamental, político como académico, han planteado la necesidad de convocar a un plebiscito.

Pareciera que en la doctrina no existe mayor discusión respecto a los fines que debe perseguir la prisión preventiva, y en general, cualquier medida cautelar.

La historia de la Constitución vigente lleva a entender la palabra amenaza como peligro inminente o mal futuro y solo supone la existencia de una o más personas determinadas que sufran la afectación en grado de amenaza para disponer medidas de protección.

En apretada síntesis, quedamos con una sensación mixta, mitad satisfechos, y mitad no.

Desde muy antiguo, la autoridad de Fe Pública que el Estado otorga a ciertos instrumentos, ha debido soportar los embates de aquellos maliciosos que, valiéndose precisamente de tal virtud, pretenden defraudar al propio Estado o a los particulares. Desde luego, los romanos ya se preocuparon de describir conductas y asignar sanciones a los atentados a la Fe Pública, con la dictación de la “Lex cornelia de falsis”.

A través de una declaración firmada por el presidente y el presidente del directorio nacional de Ancore, la entidad se refirió a la necesidad de contar con las leyes para dar cumplimiento a la reforma constitucional que entró en vigencia en 2009 [Ley 20.390] y que estableció la integración de los Consejos Regionales por “Consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva”.