Columnas

La mejora del prestigio ciudadano del Congreso Nacional –institución clave de nuestra República– no se resuelve con la propuesta de suprimir el Senado, medida que parece ser un tanto apresurada y populista.

Hoy más que nunca se requiere un gobierno firme y una Presidenta en primera línea, urge mejorar los canales de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía, así como entre gobierno y oposición.

Es de esperar que este instrumento, junto a otras modalidades de organización y colaboración entre colegas, sirva para que los abogados litigantes puedan también hacer uso del merecido descanso anual.

Como país debemos ser responsables, y tal como se exige respeto a los tratados suscritos, con la misma fuerza y energía debemos cumplir por nuestra parte con aquellos.

Pese a lo indispensable de esta reforma para la calidad de nuestra democracia, ésta no debe realizarse a espaldas de la ciudadanía.

En estos días, los disturbios y la reacción de las fuerzas policiales han puesto en evidencia que más allá de las buenas intenciones, el sentimiento racista y la discriminación están profundamente arraigados en Estados Unidos.

El fallo de marras, poco o nada dice (más bien lo da por supuesto: sin acudir a pruebas y aludiendo a sentencias pretéritas) de la manera en que esos actos afectan los derechos cuya protección es solicitada por los recurrentes.

Aquellos que aún pretenden jugar aquel juego de niños en que la mayoría manda, y no maduran de acuerdo a la propia madurez institucional y grandeza de Chile, no vislumbran en que por medio de los grandes acuerdos se logra el desarrollo que permite disminuir la pobreza y desigualdad de oportunidades.

Permitirle al Estado disminuir las garantías constitucionales y procesales de lo que él clasifique de terroristas, es una estrategia peligrosa por parte de la sociedad.

Durante los últimos años, hemos presenciado un notable esfuerzo legislativo tendiente a crear Tribunales Contencioso Administrativos, estructurando dicha orgánica bajo el principio de la especialidad conforme a la materia.

Como en todo juicio se corren riesgos, de ganarlo, perderlo, o situaciones intermedias. Pero hay que precisar, no habrá decisión alguna sobre el fondo, por sobre el aprovechamiento comunicacional.

En Israel se da el curioso caso de un pueblo pacífico, inteligente e industrioso dirigido por un Gobierno cruel y prepotente que no parece advertir que con sus actos abominables está provocando la repulsa y la indignación de todo el mundo civilizado.

No es la primera vez que se pretende imponer tributos sobre un hecho imponible inexistente. Lo curioso es que el actual Gobierno esté pretendiendo reeditar una Ley similar del Régimen Militar.

En relación al derecho y al acceso al agua potable, Chile, como país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, debe ajustar su legislación y sus políticas públicas a las directrices contenidas en los respectivos instrumentos y resoluciones.

Más bien y puesto que la laicidad es inherente a la república y a la democracia hay que construir una laicidad compartida y respetar los aportes de un laicismo dialogante.

La intención que encierra el proyecto de ley se comparte, pero de ser aprobado en los términos anteriores, el Tribunal Constitucional deberá jugar un rol esencial evitando que normas abiertamente inconstitucionales se transformen en ley de la República.

La Corte europea ha aprovechado otra oportunidad para pronunciarse sobre el contenido de los derechos de la Convención Europea de DDHH, respetando el progresivo avance en la comprensión de los derechos.

En el caso de los beneficios tributarios, su fundamento se halla, a juicio del Tribunal, en el deber del Estado de “propender al bien común, particularmente, a la redistribución del ingreso nacional”.

Reformas de diverso alcance se encuentran en discusión, sistema educacional, tributario, electoral, laboral, pueblos indígenas, seguridad social, aborto, derechos de agua, asamblea constituyente, gobierno interior y litigios varios.

Esta vez nos favorece el derecho internacional en el juicio, más que los argumentos políticos, que la Corte debiera prescindir, a pesar de los precedentes contrarios en sus últimos fallos.