Judicial

La moción de los diputados Andrade, Araya, Auth, Carmona, De Urresti, Goic, Gutiérrez, Muñoz, Sepúlveda y Velásquez, expresa que la Carta Fundamental reconoce dos derechos fundamentales que se vinculan con la acción de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en el ámbito laboral: la libertad sindical y la autonomía colectiva (artículo 19 N° 16…

“se colige que el propósito final de las argumentaciones de la recurrente es promover una nueva valoración de las probanzas allegadas, distinta a la efectuada por los jueces del mérito, actividad que resulta ajena a la casación”.

"La Corte Suprema acogió el arbitrio procesal, luego de concluir que, dado que el ius puniendi del Estado se encuentra en el origen de la potestad sancionatoria de la administración, corresponde que ésta se sujete al principio de legalidad, concretado en el mandato de tipicidad de las infracciones y las sanciones que se impongan..."

“En ausencia de una regla específica sobre el punto, las infracciones y sanciones administrativas deben prescribir en el plazo de seis meses establecido para las faltas en los artículos 94 y 97 del Código Penal”.

"... podrá ser formalizado ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de conducción en estado de ebriedad".

"...el órgano contralor reconoció en un error en la emisión de su dictamen y que examinado el proceso no se ha dado efecto de cosa juzgada a la sentencia aludida, dictada en otros autos, sino que sólo se han considerado hechos contenidos en tal fallo para concluir que los decretos alcaldicios impugnados son nulos por carecer de causa, al quedar sin sustento fáctico."

“el sentido y alcance del instituto jurisdiccional previsto en la Ley N° 18.971 es el de amparar la garantía constitucional de la libertad económica frente al Estado empresario cuando éste, transgrediendo un principio de la esencia del Orden Público Económico Nacional, como es el de la subsidiaridad, interviene en el campo económico no acatando las limitaciones contempladas en el artículo 19 N°21 inciso 2° de la Carta Fundamental, ya sea por desarrollar esa actividad sin autorización de una ley de quórum calificado o sin sujetarse a la legislación común aplicable en dicho ámbito a los particul

“resulta jurídicamente inaceptable que la elaboración del mismo no haya contado con la participación y consulta a los pueblos originarios, según lo dispuesto por los artículos 6° y 7° del Convenio, en circunstancias que por tratarse de un acto administrativo debió contemplarla”.

En efecto, al no cumplir “con la obligación de protección genera la responsabilidad correspondiente, sin perjuicio de aquella que corresponde al autor del disparo”.

“en el caso de marras quedó establecido que la solicitud de interceptación telefónica del demandante fue hecha a sabiendas de que se trataba del abogado defensor de algunos de los imputados de la causa en que aquella se otorgaba, lo que no se hizo saber al tribunal”.

Observa que la regla general -según lo establece el artículo 9 del Código Civil- es la irretroactividad de las leyes y que la excepción la constituye el artículo 24 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, “el que se refiere que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.

El fallo concluye que “el procedimiento adoptado respecto de la detención del H. Diputado, no se ajustó a las normas constitucionales, ni legales, lo que provocó que el parlamentario haya permanecido ilegalmente privado de libertad”.

La Corte Suprema desestimó un recurso de queja interpuesto por un particular en contra de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que hizo lugar a un reclamo de ilegalidad que se dedujo respecto de una decisión del CPLT que le ordenó al Servicio de Impuestos Internos entregar al peticionario información relativa…

Se dedujo acción de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la dictación de una resolución exenta que rechazó la solicitud de visación sujeta a contrato y dispuso el abandono del país de un ciudadano colombiano; éste estima que se vulneran sus garantías constitucionales, entre…

(...)se advierte que ésta se fundó precisamente en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil y “fueron los sentenciadores quienes aplicaron un derecho diferente”.

La interposición de los recursos administrativos –antes señalados- interrumpe el plazo para el ejercicio de la acción jurisdiccional.

El recurso denunció la infracción de una serie de normas del Código Civil, referidas a interpretación de la ley y prescripción extintiva, por falta de aplicación; como también de los artículos 4° y 5° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 7° al 10° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; entre otras disposiciones de carácter internacional.

“la demanda fue rechazada porque no quedó demostrado que el daño alegado haya sido consecuencia de la actuación del Servicio de Salud".

“Incurrió en una falta personal” y dado “el contexto en que se encuentran insertos estos acontecimientos, se puede concluir que la falta personal atribuida al referido funcionario no se encuentra desvinculada del servicio, sino que se ha cometido precisamente con ocasión de aquél. Desde esa perspectiva, el Estado no puede apartarse de la falta personal que ha cometido uno de sus agentes”.

Se interpuso recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó el fallo de primera instancia .La Corte Suprema desestimó el recurso de casación en el fondo porque con dicho medio de impugnación, sólo se buscaba rebajar una determinada multa por existir disconformidad sobre su monto

“no configura la causal en que se funda”, porque la decisión de la sentencia de condenar a la demandada al pago de una indemnización “no excede lo pedido por la parte demandante en su libelo”.

“Por haber sido derogada la norma, no puede tener aplicación en el presente juicio; y los efectos de dicha derogación tienen que ser los mismos que los de la declaración de inaplicabilidad anterior”.

“las Municipalidades incurren en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio”.

La acción de amparo económico no es “un remedio eficaz disponible a favor de un particular para la protección de la aludida garantía, desde que no se entregó al órgano jurisdiccional la facultad de adoptar providencias cautelares urgentes e inmediatas para otorgar resguardo al afectado”, a diferencia de lo que ocurre con el recurso de protección.

“resulta evidente que si los demandantes eran funcionarios a contrata de una repartición del Estado y se encuentran sometidos al estatuto propio de dichos funcionarios” –la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo- no podían demandar la tutela que reconoce el Código Laboral.

“respeta y hará respetar todos los derechos que el ordenamiento reconoce a los abogados litigantes y, especialmente, el derecho al secreto profesional y estará permanentemente atenta y preocupada de evitar que se produzcan situaciones que lo afecten, sancionándolas en el evento que resulte conculcado”.

“A la fecha de la reclamación se establecía en forma perentoria que para dar curso a los reclamos deducidos en contra de las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud debía exigirse al infractor que acompañara el comprobante de haber pagado la multa, encontrándose los jueces “obligados a resolver el asunto de acuerdo a la ley”

No “contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue”, por cuanto la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica y, como tal, adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos.

“se revela una tendencia del Alcalde a pasar por sobre el ordenamiento legal sin vacilación, hábito peligroso que indudablemente influencia todo su actuar funcionario”.

“en materia de responsabilidad extracontractual del Estado existe una distinción fundamental entre los conceptos de falta de servicio y falta personal”