Acciones de Amparo y Protección

“como lo ha establecido la jurisprudencia, aun cuando las partes de un contrato no hubieren cumplido sus obligaciones, no pueden tomar medidas al margen del ordenamiento jurídico vigente a fin de obligar a la otra a una determinada conducta, de conformidad al principio que nadie puede hacerse justicia por sí mismo”

“resulta que el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Yumbel no ha cometido acto alguno ilegal o arbitrario al dictar el Decreto Alcaldicio N°473 de 17 de junio de 2013”

El recurso de protección no puede ser utilizado como un juicio declarativo, ya que requiere la existencia de derechos indiscutibles e incontrovertibles

el actuar del fiscalizador recurrido ha superado las facultades que la ley otorga a la Dirección del Trabajo y a los inspectores del trabajo y sus fiscalizadores, pues los hechos reprochados al empleador, consistentes en el no pago oportuno de comisiones, y en el mal cálculo de la institución remuneratoria denominada “semana corrida”, no constituyen infracciones evidentes a las normas laborales

“la cuestión de fondo es un asunto que debe tramitarse y probarse en el pleito y no consiste en un reclamo relativo a derechos indubitados, lo que basta para desechar la acción”.

“hechos que denuncia el recurrente consistente en una serie de conductas del acusado, no es contraria a derecho y no perturba las garantías constitucionales que se dicen conculcadas”.

“atendida la naturaleza de la resolución recurrida y no siendo está la vía idónea para impugnar una resolución judicial, se rechazará el presente recurso por ser éste improcedente.”

la actuación unilateral de la recurrida, aunque sea la dueña del predio en que se encuentra ubicado el camino, se torna ilegal y arbitraria al proceder por vías de hecho, sin recurrir a la justicia para dirimir la controversia, lo que hace procedente esta acción cautelar

no observándose arbitrariedad y/o ilegalidad alguna en su actuación, lo que hace innecesario ocuparse de las garantías constitucionales que se mencionan como vulneradas, previstas en los numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 12º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República

implica que la presente acción no es el medio idóneo para atacar una sentencia, en cuya imposición no se demostró arbitrariedad o ilegalidad alguna

que los elementos de juicio precedentemente expuestos permiten concluir que la actuación del Director del Hospital San Carlos de Ancud es ilegal y arbitraria, afectando la garantía fundamental de los recurrentes consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República

La recurrente informó solicitando el rechazo del recurso, dado que aplicaron la normativa vigente sobre la materia, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad.

“no es posible atribuir a la Tesorería General de la República el despliegue de una conducta que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, por cuanto la disposición antes referida le concede expresamente la facultad para efectuar la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores de crédito solidario universitario, cuyo es el caso de la recurrente y la Tesorería ha sujetado su actuar a la autorización legal y a la información entregada por el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Técnica Federico Santa María”.

"el recurrente de protección carece de un derecho indubitado respecto de la prestación de invalidez por enfermedad profesional de la Ley N° 16.744 y que lo legitime para reclamar por esta vía cautelar..."

"para tener derecho a los beneficios de carácter previsional por gracia que establece, es menester que las personas que opten por aquellos cumplan los siguientes requisitos..."

En su fallo, el Tribunal de alzada razona que, a pesar de lo sostenido por los recurridos en orden a que las cámaras no filman ni graban imagen alguna, “no es menos cierto que ese hecho era desconocido por el recurrente, quien sólo se enteró de tal circunstancia en virtud del informe evacuado por los primeros”

“el procedimiento especial establecido por el Servicio para dar facilidades a los contribuyentes que tuvieran que pagar su impuesto a la Renta, fue previamente conocido por estos, y tan es así, que para pedir voluntariamente la postergación del pago, hubieron de utilizar un Formulario Especial para acogerse a dicho privilegio ante el Director de dicho Servicio..."

"Esta discrepancia también la presentaba la solicitud del recurrente, pero en nada influye en lo que se resolverá, puesto que el plazo de mayor extensión también estaba expirado al momento de dictarse el Decreto Municipal objeto de estos autos”.

La Corte de Antofagasta acogió el recurso, mas la Corte Suprema en alzada revocó el fallo, rechazado el recurso constitucional.

En este aspecto deberá señalarse de que arbitrario es aquello que no es razonado y es producto del mero capricho de quien incurre en él.

“para determinar a quien asiste el derecho en el presente conflicto, recurrir a un procedimiento contencioso declarativo ante el tribunal competente, el cual, previa presentación y ponderación de los medios de prueba correspondientes, formará su convencimiento razonado y ponderado sobre quien lleva la razón en cuanto a sus pretensiones, sin perjuicio de establecer, si así procediese, las indemnizaciones correspondientes derivadas de eventuales incumplimientos en que se hubiese incurrido"

"...no existe constancia en autos que el recurrente haya tomado efectivo conocimiento de que se eliminara de su condición de socio del club deportivo mencionado. Y de hecho siguió actuando junto a otros socios formando parte de comités y manteniendo correspondencia con el directorio del club".

Se dedujo recurso de protección en contra de un propietario de un inmueble colindante a la propiedad de los recurrentes, por el acto ilegal y arbitrario consistente en cercar un camino que históricamente han utilizado para acceder al camino público.

Se dedujo recurso de protección en contra del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, por cuanto este ente se negó a calificar la segunda vuelta de la elección de la directiva regional del Bio Bio.

Se dedujo recurso de protección en contra la Municipalidad de Concepción por la terminación de contrato de prestación de servicios a contrata, lo que vulneraría sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad. La recurrida informó que contaba con cuatro personas, quedando actualmente dos personas a cargo de las funciones del respectivo departamento, asumiendo la jefatura la Directora de Desarrollo Comunitario y en el mes de enero se contrató un técnico en administración para que levantara información y evaluara los distintos programas que venían desarrollándose.

Se dedujo recurso de protección en contra de empresa hidroeléctrica por los actos ilegales y arbitrarios, consistentes en una serie de maniobras en un estero, lo que ha generado turbiedad y materiales sólidos en suspensión, que han afectado la actividad de piscicultura del recurrente, lo que vulneraría su derecho de propiedad.

La recurrida informó que contaba con cuatro personas, quedando actualmente dos personas a cargo de las funciones del respectivo departamento, asumiendo la jefatura la Directora de Desarrollo Comunitario y en el mes de enero se contrató un técnico en administración para que levantara información y evaluara los distintos programas que venían desarrollándose.

“el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, señala que el plazo para interponer el recurso es de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”

Se dedujo acción de protección en contra de una empresa de retail y de la Municipalidad de La Florida, por parte de una empresa inmobiliaria y de inversiones, a fin de que se declararan ilegales y arbitrarios todos aquellos actos que perjudican en términos de comodidad y tránsito peatonal y vehicular el acceso existente en el inmueble del requirente, del que había gozado pacíficamente hasta la fecha, indicando además que las obras obligan u obstaculizan el acceso generando situaciones de peligro, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la vida e integridad física y psíquica, de

"Revisar, como pretende el recurso, las obras de pavimentación ligadas a un proyecto respecto del cual ya se pronunció la autoridad competente, implica cuestionar de manera oblicua la recepción de obras, acto administrativo terminal que se encuentra firme”.