Ley de Transparencia

El Consejo para la Transparencia acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC de la Corporación.

La CPP tiene por objetivo informar a la ciudadanía sobre la gestión pública realizada por el CPLT.

La encuesta fue aplicada a 2.853 hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el territorio nacional entre septiembre y noviembre pasado.

Autoridad universitaria, quien acudió al máximo Tribunal para revertir un fallo previo de la Corte de Apelaciones, fue sancionada por no proporcionar información a un grupo de académicos desvinculados de la institución.

La U. de Magallanes, la U. de Playa Ancha y la U. de Los Lagos son las instituciones con mejor puntaje en la fiscalización realizada por el CPLT. En tanto, las casas de estudio peor evaluadas fueron la U. de Talca, la U. de Antofagasta y la recién creada U. de O’Higgins.

El CPLT expone en síntesis que la recurrente no acompañó documento alguno a su reclamación.

El Consejo explica que si lo que se busca es sólo es registrar el nombre de quién hizo la compra, entonces este dato no puede ser exigido como condición previa a ésta.

Se concluye manifestando que, en la especie, no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.

Trece compañías nacionales alcanzaron un 100% de cumplimiento, mientras que tres disminuyeron sus puntajes.

Fallo ratifica multa cursada a la autoridad universitaria, quien deberá pagar el 20% de su remuneración mensual, por no proporcionar información a docentes que habían solicitado antecedentes sobre su desvinculación.

Se dedujo amparo de acceso a la información contra la SubTel, fundado en haberse dado una respuesta "incompleta, inconsistente, imprecisa, errática, desprolija, inconexa, parcial, insuficiente, incongruente y por tanto poco confiable".

Cabe recordar que el ciudadano que solicitó estos datos a Carabineros y que no le fueron entregados, acudió al Consejo y presentó un amparo, ya que se le estaba negando su derecho de acceso a la información.

El CPLT aduce que, en relación a lo solicitado, no resulta plausible la alegación de inexistencia aducida por el órgano reclamado.

El próximo 15 de diciembre se realizará la primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Consejo para la Transparencia.

Además de información relacionada a su gestión financiera, conglomerados deben poner a disposición de la ciudadanía sus estadísticas, declaraciones de intereses y cantidad de militantes.

La iniciativa, de acuerdo al Consejo para la Transparencia (CPLT), busca promover la transparencia y la rendición de cuentas entre las instituciones públicas.

El IST dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de FONASA, el cual fue rechazado por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia.

El CPLT sostuvo que lo requerido corresponde a antecedentes referidos a la contratación y el pago con fondos públicos.

Se concluye recomendando remitir al reclamante el acto administrativo en virtud del cual se designó a la funcionaria como fiscalizadora de la Superintendencia de Educación.

El CPLT ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado.

El CPLT concluye acogiendo el presente amparo ordenando a la Universidad de Chile entregar a la solicitante la información requerida.

Puntaje arroja un aumento de 12.2 puntos respecto al año pasado.

Estos son casos de personas que no han recibido respuesta al solicitar información a organismos públicos.

El COSOC deberá colaborar y apoyar, cada vez que sea requerido por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, en las acciones, políticas y programas impulsados por esta corporación.

Candidatos a alcalde podrán transparentar su información sobre campañas y financiamiento, entre otros antecedentes.

El Consejo para la Transparencia envió un oficio a las corporaciones donde se detectaron barreras.

El estudio revela que los alcaldes (39,59%) son quienes concentran el mayor número de audiencias.

Los principales incumplimientos detectados en sus sitios electrónicos fue información inexistente o desactualizada sobre actos con efectos sobre terceros, presupuesto, contrataciones y personal.

En sus descargos y observaciones el superintendente del organismo reclamado insistió en no contar con la información.

El CPLT concluye acogiendo el amparo en este punto, y solicitó a la reclamada que informe al reclamante la identidad de quiénes fueron autorizados a emplear sus dependencias.