Internacional

La Corte subrayó que la carga de la prueba recae en quien dirige la relación laboral, conforme a la Ley Procesal del Trabajo. Asimismo, reafirmó la protección constitucional de la remuneración y del derecho a la jornada máxima, al considerar que el registro de trabajo es una obligación de orden público y una garantía del trabajador frente a posibles abusos de los empleadores.

El desplazamiento forzado y la crisis climática se entrelazan en un escenario cada vez más complejo. Las condiciones extremas de calor y los fenómenos meteorológicos severos amenazan la salud, la seguridad y los medios de vida de millones de refugiados. La falta de acceso a recursos básicos y la fragilidad de las zonas de acogida amplifican los riesgos. La ONU insta a los Estados y actores privados a incluir a las comunidades desplazadas en las políticas climáticas y a garantizar su acceso a la financiación ambiental.

La sentencia ratifica que la Unión puede establecer marcos generales para apoyar la mejora de los sistemas nacionales, pero no intervenir directamente en la fijación de las remuneraciones. El fallo anula solo los artículos que imponían criterios obligatorios y restricciones a los Estados con salarios mínimos legales, manteniendo vigente el resto del instrumento normativo.

La nueva regulación establece un marco nacional que limite el acceso autónomo de los menores a las redes sociales y refuerza la supervisión del entorno digital infantil. La normativa introduce el consentimiento parental como requisito para los adolescentes de 13 y 14 años, junto con medidas de control de contenido, publicidad y uso de datos personales. Además, incorpora lineamientos de la Ley Europea de Servicios Digitales para garantizar herramientas de verificación y apoyo a los menores frente a situaciones de riesgo en línea.

Dictaminó que los jueces deben valorar de manera integral las pruebas disponibles al analizar la capacidad de una persona para consentir un acto sexual. La sentencia, que aborda la relación entre intoxicación, memoria fragmentada y consentimiento, sienta directrices sobre la correcta interpretación de las pruebas circunstanciales en procesos por agresión sexual.

La enmienda introduce un marco legal más estricto para combatir el fraude digital, el acoso en línea y las amenazas contra infraestructuras críticas. La normativa refuerza las facultades de las autoridades de ciberseguridad, eleva las sanciones penales y establece obligaciones técnicas para empresas y organismos públicos. Su aplicación busca consolidar la protección de los datos y la estabilidad digital, aunque plantea retos en materia de libertad de expresión y gobernanza tecnológica.

La decisión reabre el debate sobre los límites entre la comunicación institucional y la expresión política dentro del aparato estatal. El caso plantea cómo deben resguardarse los derechos individuales de los funcionarios públicos frente a decisiones administrativas con contenido partidista. El fallo reafirma la obligación de mantener la neutralidad política del servicio civil y delimita la responsabilidad de las agencias en contextos de cierre gubernamental y tensión institucional.

El fallo enfatiza que la vejez digna requiere la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, y que el acceso al cuidado forma parte del contenido esencial del derecho a la salud. Además, la Corte exhortó al Gobierno y al Congreso a implementar una política pública nacional que regule integralmente este derecho para proteger a personas dependientes y cuidadores.

Desestimó analizar el recurso presentado por una exfuncionaria del registro civil del estado de Kentucky que se negó a otorgar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. La decisión ratifica la vigencia del fallo de 2015 que legalizó el matrimonio igualitario en todo el país. Aquella alegaba que se vulneró su libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda.

Busca proteger la privacidad mental y evitar riesgos éticos asociados al uso de dispositivos capaces de registrar o modificar la actividad cerebral. Alerta sobre la vulnerabilidad de los “neurodatos”, la exposición de niños y jóvenes, y el peligro de que la inteligencia artificial amplifique la manipulación de la mente humana.

La medida busca crear una generación libre de tabaco y refuerza las políticas de salud impulsadas por el gobierno del presidente Mohamed Muizzu.

La decisión precisa que el asegurado medio puede comprender con claridad cuándo opera la exclusión y cuál es su alcance. Además, el Tribunal reconoció el legítimo interés de las aseguradoras en limitar riesgos imprevisibles asociados a emergencias sanitarias globales. Con ello, se establece un precedente relevante en materia de contratos de seguro y protección del consumidor en contextos de crisis sanitarias internacionales.

La decisión mantiene la validez de una política que obliga a consignar el sexo de nacimiento en los pasaportes, mientras el caso sigue en instancias inferiores. La decisión prescribe que el gobierno actúa dentro de sus facultades legales y no incurre en discriminación al exigir información biográfica objetiva. La medida, cuestionada por organizaciones de derechos civiles, plantea un nuevo debate sobre los límites entre la identidad de género y las atribuciones administrativas del Estado en materia de documentación legal.

Estimó que los demandantes no lograron demostrar que las políticas de PayPal generaran un perjuicio económico directo ni una posición dominante en el mercado. La decisión judicial desestimó las acusaciones de prácticas anticompetitivas y violación de leyes estatales, aunque concedió la posibilidad de reformular la demanda antes del 12 de diciembre. El caso gira en torno a las cláusulas contractuales de PayPal con los comercios y su eventual impacto en los precios del comercio electrónico estadounidense.

Consideró que las ponencias, informes y deliberaciones de los magistrados forman parte del ámbito reservado de la función jurisdiccional. El fallo precisó que estos materiales están protegidos por el “privilegio deliberativo”, una garantía destinada a salvaguardar la independencia judicial y la libertad de debate dentro del Tribunal. La resolución establece, además, criterios vinculantes sobre los límites del derecho de acceso a la información en el ámbito judicial.

La decisión de la Corte Penal Internacional marca un avance en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante el prolongado conflicto armado en Uganda. Se incluyen cargos por asesinatos, esclavitud, reclutamiento de menores y ataques contra civiles. Aunque el proceso se desarrolló en ausencia del acusado, la Corte mantiene activa su orden de arresto.

Desestimó recurso de ciudadana venezolana que denunció torturas y delitos de lesa humanidad atribuidos a altos funcionarios del chavismo. Resolución reafirma el principio de subsidiariedad y limita el alcance de la jurisdicción universal española cuando la Corte Penal Internacional tiene una causa abierta

Ratifica que internos no pueden formar gremio por no ser equiparables a trabajadores libres. Reclusos no son equiparables a trabajadores libres en términos legales. El trabajo penitenciario es un deber orientado a la resocialización, no un derecho laboral pleno. Está subordinado al Estado, no a un empleador en sentido técnico. La ley distingue expresamente entre el trabajo por imposición legal y el trabajo libre.

En caso “Lynn vs. Argentina” responsabilizó al Estado por incumplir los fines de reinserción social de la pena y por vulnerar las garantías judiciales, la libertad personal y la protección judicial de Guillermo Patricio Lynn, quien fue sancionado disciplinariamente durante su detención sin un debido proceso. Ordenó medidas de reparación y capacitación obligatoria a funcionarios penitenciarios y jueces.

Exfuncionaria de Kentucky apela por motivos religiosos, desafiando el fallo de 2015 que legalizó las uniones del mismo sexo a nivel nacional. Corte debe decidir si admite a trámite su apelación luego de que se negó a emitir licencias matrimoniales a parejas homosexuales. Alega que el fallo vulneró su libertad religiosa protegida por la Primera Enmienda.

Concluyó que la medida que les fue impuesta fue legítima, proporcionada y ajustada al Convenio Europeo de Derechos Humanos, descartando que se vulneraran sus derechos políticos ni que la decisión tuviera un propósito político

Conde-Pumpido insta a desarrollar jurisprudencia que garantice acceso equitativo a tecnologías y regule uso de inteligencia artificial. Llama a garantizar el derecho a la conectividad y acceso equitativo a tecnologías. Reconoce beneficios de la IA, pero alerta sobre riesgos para derechos esenciales. Manifiesta preocupación por la "discriminación algorítmica" y reproducción de sesgos sociales.

Reafirmó que las autoridades tienen la obligación de prevenir y mitigar riesgos que comprometan la habitabilidad de las viviendas, especialmente cuando afectan a personas vulnerables. En el caso, la Corte reconoció que la falta de respuesta ante un proceso de erosión que amenazaba la estabilidad de una vivienda constituía una vulneración al derecho fundamental a la vivienda digna.

Fallo establece que el mero acceso a un dispositivo con clave robada constituye delito de revelación de secretos. Revoca decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Establece que no es necesario acreditar acceso a archivos específicos. Considera la clave de acceso como "dato personal reservado"

Adoptó la decisión tras detectarse anuncios de muñecas sexuales con apariencia infantil. La medida busca determinar si la empresa incumplió la legislación nacional sobre protección de menores y distribución de material ilegal. El caso ha reactivado el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la moderación de contenidos y la fiscalización del comercio electrónico.

El hombre, que asistió a la vista judicial por videollamada desde el hospital sin abogado, había pedido repetidamente hablar con uno. El tribunal concluyó que las autoridades españolas no ofrecieron las garantías procesales mínimas frente a una posible detención arbitraria y ordenó indemnizar al afectado con 12.000 euros por daños y costas.

El acuerdo representa un punto de inflexión en la regulación de las plataformas digitales, al cuestionar los límites del control corporativo sobre los ecosistemas móviles. Más allá de resolver el litigio, la propuesta busca redefinir las reglas de acceso, distribución y pago en Android, abriendo espacio a una competencia más directa entre tiendas digitales y métodos de cobro.

El texto plantea fortalecer las políticas de educación, empleo y protección social como ejes centrales en la lucha contra la pobreza. El documento subraya la necesidad de colaboración entre gobiernos, empresas y organismos internacionales para generar oportunidades económicas sostenibles. Además, promueve la educación vocacional y la alfabetización digital como herramientas clave para el desarrollo humano y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Benjamín Guerrero Cruz, de 18 años, fue arrestado por agentes de inmigración de Estados Unidos tras permanecer más de dos años después del vencimiento de su visado. Su caso ha generado protestas y denuncias por las condiciones de su detención.

El fallo deja en evidencia la falta de claridad jurídica sobre el uso de material protegido por derechos de autor en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Aunque el tribunal reconoció una infracción limitada de marca registrada, descartó la reproducción directa de obras protegidas, dejando sin resolver el debate de fondo. La decisión reabre la discusión sobre la necesidad de actualizar las leyes de propiedad intelectual para adaptarlas al desarrollo tecnológico y al uso masivo de datos en sistemas de IA.