Contraloría

Respecto de la concesión de los beneficios de atención dental, gastos de traslado y compra de artículos de estudios requeridos por la interesada, titular del beneficio de reeducación profesional que contempla la letra e) del artículo 29 de la ley N° 16.744.

Modifica el decreto Nº 1.358, de 2006, del Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por cuanto se ajusta a derecho. El documento incluye siete nuevos compuestos e incorpora en la fiscalización a la PDI y Carabineros.

La DGMN debe proponer al Ministerio de Defensa Nacional la fijación de las referidas tasas para que se dicten los decretos en los meses de enero y julio de cada año, según proceda, y de esa manera dar cumplimiento al mandato legal.

La percepción indebida de beneficios pecuniarios importa un perjuicio al patrimonio público, por lo que, en virtud de los principios de probidad administrativa, legalidad del establecimiento de remuneraciones y reciprocidad de estas, el funcionario que haya recibido indebidamente beneficios pecuniarios se encuentra en la obligación de reintegrarlos.

El informe especifica que el municipio no cuenta con manuales de procedimientos administrativos relacionados con la Tesorería, tampoco sobre pagos y manejo de cuentas bancarias, ni sobre el funcionamiento de la caja del municipio.

La SUSESO tiene la atribución exclusiva y excluyente de ejercer la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social.

Por lo anterior, cabe abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre el asunto, sin perjuicio de remitir al SII la aludida presentación, junto con sus antecedentes, para los fines que sean pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, inciso segundo, de la ley N° 19.880.

Dicha normativa permitirá aprovechar este tipo de recursos en el contexto de escasez hídrica que afecta al país.

Procede la celebración de convenios para el uso de ciertas instalaciones de establecimientos educacionales, a cargo del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, para el desarrollo de actividades comunitarias o de interés general, siempre que no se afecte la prestación del servicio educacional.

La normativa que había sido reingresada por el Ministerio de Transportes al ente contralor el pasado 2 de mayo, entrará en vigor 12 meses luego de publicarse en el Diario Oficial.

Los pagos anticipados de acuerdo al artículo 18 de la ley N° 21.549, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito, deberán ser enterados directamente en la Tesorería General de la República.

Por tratarse de servicios públicos, al momento de convenir los términos de la rebaja, la autoridad administrativa deberá respetar las limitaciones y modalidades a las que el órgano se encuentra sujeto, así como ceñirse a los principios de eficiencia y eficacia, de continuidad de la función pública, control jerárquico y probidad administrativa.

Por el acuerdo en cuestión, el ministerio, con el objeto promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia, pacta con su contraparte la mutua colaboración, a fin de facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de la criminalidad organizada.

Al no existir una habilitación legal expresa tratándose de los gobernadores o gobernadoras regionales, la Contraloría se ve impedida de determinar y hacer efectiva tal responsabilidad. Con todo, verifica que los gobernadores de regionales de Tarapacá y Biobío subsanaron sus infracciones, y el gobernador de Valparaíso, no ha cometido infracción alguna.

Tras el análisis de antecedentes, el organismo de control concluyó que es procedente suscribir este tipo de acuerdos interinstitucionales.

También se refiere a los alcances sobre los aguinaldos y otros beneficios de quienes se desempeñan en el Estado.

Presidente de la República cuenta con la atribución excepcional de establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, la que puede delegar total o parcialmente, en el Jefe de la Defensa Nacional, a través del correspondiente decreto que así lo disponga de manera previa y expresa.

Todo personal que compone la Administración del Estado está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, regla que se aplica a autoridades, jefaturas y funcionarios.

No obstante, los SLEP no podrán efectuar nuevas contrataciones regidas por el Código del Trabajo.

Si bien ambos son órganos de participación ciudadana, los Consejos Locales de Educación Pública forman parte de la organización interna de los SLEP y, además, su integración es diferente a aquella contemplada para los Consejos de la Sociedad Civil.

Señaló que el organismo direccionará sus labores a los temas que actualmente más demandan las personas, como la fiscalización a los servicios que se relacionan con temas de seguridad y delincuencia, fijando como directrices la especial preocupación por acciones como quema de drogas, incautación y control de armas.

Tras múltiples denuncias recibidas de actividades de índole sexual, consumo de estupefacientes y personas deambulando desnudas o defecando en veredas y otros espacios públicos en distintas zonas del país, el órgano contralor solicitó a una serie de instituciones públicas que informen sobre las medidas adoptadas para prevenir, evitar y sancionarlas, a fin de resguardar la seguridad, salubridad y salud públicas.

La entidad omitió la publicación de la convocatoria a través de un aviso publicado en un diario de circulación nacional, situación que infringe el citado reglamento y las bases y, por tanto, no permite adjudicar dicho concurso sin su cumplimiento.

Para desarrollar actividades de seguridad privada, las empresas deben contar con una autorización otorgada por la institución policial, previa acreditación del cumplimiento de la idoneidad cívica de todos sus socios, administradores y representantes legales, entre otros requisitos.

El registro consiste en una mera anotación material o constancia de la dictación del acto administrativo de que se trata y no configura en sí mismo un control preventivo de legalidad, por lo que el documento exento produce todos sus efectos desde su emisión, independientemente del señalado registro, debiendo concluirse que su validez y eficacia no se subordina a ese trámite.

No existe inconveniente en usar la vía electrónica para que los recursos presentados puedan ingresarse fuera del correspondiente horario de atención de público, en la plataforma contemplada al efecto.

Si el proceso penal finaliza por absolución o sobreseimiento definitivo, corresponde que se paguen dichas sumas, ya que en ese evento procede estimar que el funcionario ha estado impedido para desempeñarse en razón de un acto de autoridad constitutivo de fuerza mayor.

El secretario municipal deberá objetar la constitución de una junta de vecinos si advierte que ésta no cumple con las exigencias previstas, entre las que se encuentra que las personas que la conforman residan efectivamente en la unidad vecinal, y de no ser subsanadas en el término de noventa días, caducará la personalidad jurídica de la organización vecinal.

Si un empleado ha sido detenido o sometido a prisión preventiva durante un juicio criminal y por ello se ausenta del servicio, no puede percibir remuneración, pero si el proceso aludido termina por absolución o sobreseimiento definitivo, procede el pago de dichas sumas.

Si bien el ámbito competencial en la atención de emergencias y desastres que rige a los gobernadores regionales es el territorio de su propia región, ello no obsta para que, en caso de que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública así lo resuelva, ellos sean convocados a participar de la instancia nacional, en los términos ya anotados.