Internacional

Ordenó a la empresa desinstalar los programas instalados sin licencia en sus equipos y pagar una indemnización. El tribunal analizó la naturaleza de la compensación económica fijada en primera instancia, precisando que esta no implica la adquisición de las licencias, sino la reparación por el uso no autorizado del software. Asimismo, la sentencia destacó que la indemnización determinada tiene como parámetro el valor de mercado de los programas afectados y que ello no habilita a continuar utilizándolos sin la debida autorización.

Aprobó la Resolución 509, que establece que ninguna autoridad gubernamental debe imponer sanciones o amenazas a abogados, bufetes u organizaciones por la representación de clientes o causas específicas. El texto también reafirma el compromiso de la profesión con la libertad de expresión, el acceso a la justicia y la independencia judicial.

Resolvió rechazar la solicitud de revisión judicial presentada por la Fundación Wikimedia en relación con algunas disposiciones específicas de la Ley de Seguridad en Línea (OSA). La sentencia precisó los alcances regulatorios de la norma, el rol de las autoridades y de Ofcom, así como los límites impuestos por los derechos fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Anunció que investigará a Meta por la incorporación automática de su asistente virtual “Meta AI” en la aplicación WhatsApp. La investigación, impulsada junto a la Comisión Europea, examina posibles implicancias en el mercado de asistentes virtuales y su compatibilidad con el artículo 102 del TFUE. En el marco de las diligencias asociadas, funcionarios efectuaron inspecciones en la sede de Facebook Italy.

Ello incluso si el fabricante alega error invencible sobre la licitud del dispositivo. La sentencia precisa que ni la homologación de tipo CE efectiva ni una hipotética eximen de responsabilidad. Asimismo, se reconoce este derecho cuando el dispositivo se instala mediante una actualización de software tras la puesta en servicio del vehículo, y se admite la posibilidad de limitar la indemnización a un porcentaje del precio de compra siempre que constituya una reparación adecuada.

Rechaza recursos de queja y desestima argumentos de la defensa, incluyendo solicitud de análisis con perspectiva de género.

La orden transfiere el control operativo de la fuerza policial de Washington D.C. al gobierno federal, en virtud de la Sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. La medida plantea eventuales controversias constitucionales relativas a la delimitación de las emergencias especiales, los procedimientos de control judicial y la vigencia temporal de tales disposiciones.

Sostuvo que el tratamiento anunciado por el demandado, que consiste en intervenir el cuerpo humano mediante un instrumento, en este caso una cánula, y modificar su forma, mediante la introducción de una sustancia (ácido hialurónico o hialuronidasa) para corregir la nariz o el mentón, constituye un procedimiento de cirugía plástica en el sentido de la normativa aplicable.

Declaró inconstitucionales varias disposiciones de una ley que modifica el régimen de entrada, estancia y salida de extranjeros, al considerar que vulneraban derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. La resolución se centró en las restricciones a la reunificación familiar y en la limitación del acceso a la justicia, mientras que otras reformas en materia migratoria permanecen vigentes.

Resolvió una acción extraordinaria de protección presentada por una entidad financiera, dejando sin efecto sentencias previas que, en el marco de un hábeas data, dispusieron medidas ajenas a su finalidad. La Corte precisó que esta acción debe ceñirse a tutelar el acceso y control de datos personales, y no resolver cuestiones propias de la justicia ordinaria. Ordenó el reenvío de la causa para que un nuevo juez conozca del caso.

Resolvió sobre la constitucionalidad de diversas disposiciones relativas a la detención de extranjeros y solicitantes de asilo, en relación con diversos derechos consagrados en la Constitución y la jurisprudencia vigente. La decisión incluye censuras, validaciones y reservas de interpretación en materias como duración de la detención, efectos suspensivos de recursos y toma de huellas y fotografías.

El fallo unánime considera que los tribunales no evaluaron adecuadamente el carácter satírico y la intención crítica de la performance.

Se aplicará desde la próxima elección, con la finalidad de no entorpecer el desarrollo del actual proceso electoral que culmina este domingo.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por transparentar el proceso, los jueces han priorizado la integridad del sistema de jurados y los derechos de los acusados, manteniendo el secreto de las actas del gran jurado en este controvertido caso.

La Comisión alerta que la reciente reforma constitucional en El Salvador, que habilita la reelección presidencial indefinida, debilita la democracia, afecta la separación de poderes y se aprobó sin consulta ciudadana ni debate legislativo.

Confirmó la constitucionalidad de la ley estatal SB 613, que prohíbe a menores de edad acceder a tratamientos médicos vinculados a la afirmación de género. La sentencia aplicó el estándar jurídico de derechos “profundamente arraigados” en la tradición nacional, siguiendo precedentes recientes como US v. Skrmetti. El tribunal rechazó los argumentos de vulneración a la Cláusula de Igual Protección y a la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Reafirmó que el “peregrinaje institucional” y las dilaciones injustificadas en investigaciones por violencias basadas en género constituyen violencia institucional y vulneran derechos fundamentales. El fallo estableció la obligación del Estado de aplicar el estándar de debida diligencia en la investigación, sanción y reparación de estos casos, garantizando recursos oportunos y sin demoras, obligaciones que no se constataron en este caso.

Ha precisado que el usuario de servicios de pago puede perder el derecho a la devolución de su dinero por operaciones no autorizadas si, con conocimiento de ellas, demora su notificación al proveedor deliberadamente o por negligencia grave, incluso dentro del plazo de trece meses. La sentencia aclara que esta privación solo se aplicará a las operaciones afectadas por la tardanza y subraya que la carga de la prueba recae en el proveedor.

Resolvió dos recursos relativos a la vigilancia de telecomunicaciones y registros remotos, uno en el ámbito policial preventivo y otro en el procesal penal. La sentencia declara la constitucionalidad íntegra de la norma del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, pero dictamina parcialmente la inconstitucionalidad de disposiciones del Código de Procedimiento Penal que permiten la vigilancia para delitos de menor gravedad y que no cumplen con el requisito de citar expresamente el derecho fundamental afectado.

Hizo pública la orden de detención emitida contra Saif Suleiman Sneidel, presunto miembro de una facción de la milicia libia Brigada Al-Saiqa, acusado de crímenes de guerra cometidos entre 2016 y 2017 en Bengasi y zonas aledañas. La orden se fundamenta en la jurisdicción conferida por la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de la ONU, que remitió la situación en Libia a la CPI pese a que el país no es parte del Estatuto de Roma. La Fiscalía busca ahora promover la cooperación internacional para ejecutar la medida.

Pareja china logra acuerdo gracias a la propuesta del magistrado de compartir una última cena

Ordenó a la entidad brindar cobertura integral, inmediata e ininterrumpida a una afiliada para un tratamiento de fertilización asistida mediante transferencia embrionaria en la clínica solicitada. El tribunal valoró la continuidad del tratamiento, la relación con la médica tratante y la proximidad de una sucursal del prestador requerido, desestimando los argumentos de la entidad sobre la sustentabilidad del sistema solidario de salud.

Declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la atención de salud a personas con Enfermedades Raras y Huérfanas (ERH), tras acoger parcialmente una demanda de amparo presentada por la madre de un menor con Distrofia Muscular de Duchenne. Ordenó al Ministerio de Salud y demás instituciones competentes elaborar planes de acción para corregir las deficiencias detectadas. La sentencia dispone medidas específicas de diagnóstico, tratamiento, investigación y presupuesto.

Confirmó la legalidad de la política de la SEC que impide a los demandados en acuerdos negar públicamente las acusaciones. El tribunal consideró que la restricción es aceptada voluntariamente y que responde a un interés legítimo de la autoridad. También rechazó argumentos sobre falta de competencia y violación de la Ley de Procedimiento Administrativo. La resolución se alinea con precedentes federales y deja abierta la vía para futuras impugnaciones caso a caso.

Se presentó un estudio que examina la segregación de género en el mercado laboral australiano y sus implicancias económicas. El informe analiza datos de 688 ocupaciones, introduce una nueva escala de medición y cuantifica las diferencias salariales acumuladas en una década, con especial atención en las mujeres de las Primeras Naciones y comunidades cultural y lingüísticamente diversas.

Violó el artículo 5.1 del Convenio al privar de libertad, durante aproximadamente dos horas, a una periodista participante en una contramanifestación frente a un acto conmemorativo. El Tribunal determinó que la medida no estaba “prescrita por la ley” y que carecía de una base jurídica suficiente en el derecho interno. Además, señaló que no se acreditó la necesidad de mantener a la solicitante retenida hasta la finalización del evento principal, una vez verificada su identidad.

Jurado en California permite avanzar el caso que acusa a la empresa de acceder ilegalmente a información sobre ciclos menstruales y embarazos.

El documento establece cuatro pilares fundamentales para un uso responsable de la inteligencia artificial generativa en el ámbito jurídico.

La Audiencia Provincial de Oviedo aplica criterios del Tribunal Supremo para desestimar la acusación en un caso que dividió a la localidad de Proaza. Credibilidad subjetiva. Credibilidad objetiva. Persistencia en la incriminación.

Tribunal de Corrientes permite a una joven de 14 años suprimir el apellido de su padre femicida y adoptar el de su madre fallecida.