Internacional

Presentación judicial busca medidas urgentes contra la manipulación digital de imágenes y voces de candidatos.

Estimó la constitucionalidad de una ley que modifica el régimen de voto por correspondencia aplicable a las personas privadas de libertad. La norma fue impugnada por un conjunto de parlamentarios que consideraban que determinadas disposiciones del texto legal vulneraban principios fundamentales garantizados por la Constitución y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo cual fue rechazado por el Consejo.

El referéndum propuesto por el presidente Noboa avanza hacia su realización, prevista para noviembre de 2025.

El tribunal interamericano establece las bases para la protección del cuidado como derecho humano, destacando sus tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y autocuidado.

El Tribunal Constitucional y el TJUE han delineado los límites de estas medidas, que buscan reequilibrar la infrarrepresentación femenina sin convertirse en un instrumento permanente ni lesionar el mérito y la capacidad.

Confirmó que no se acreditó justa causa para el despido. La empleadora no convocó una junta médica imparcial ante la discrepancia entre profesionales. La Cámara valoró que no hubo negativa de la trabajadora a someterse a evaluaciones médicas y, además, no otorgó valor probatorio determinante a las publicaciones en LinkedIn ni a presuntas postulaciones laborales. La sentencia destaca la ausencia de un procedimiento adecuado de control médico.

Resolvió que la distribución de software que permite modificar datos temporales de videojuegos sin alterar su código fuente u objeto no infringe los derechos de autor. Así, el tribunal se pronunció sobre la legalidad del software que altera parámetros de videojuegos durante su ejecución sin intervenir en su estructura interna, estableciendo un criterio relevante en materia de derechos de autor conforme al derecho europeo y alemán.

Impuso una sanción administrativa a Giorgio Armani y otra empresa por la difusión de mensajes éticos y de responsabilidad social engañosos, conforme al Código del Consumidor. La investigación evidenció discrepancias entre los compromisos publicitados por las compañías y las condiciones laborales observadas en talleres subcontratados encargados de la producción de artículos de cuero de la marca.

Determinó que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre incumplió la Ley de Especies en Peligro de Extinción al rechazar una solicitud para proteger al lobo gris en el norte de las Montañas Rocosas. El fallo obliga a la agencia a reconsiderar la inclusión de la especie en el listado federal de protección, tomando en cuenta regiones previamente desestimadas. La decisión se dictó tras una demanda de varias organizaciones ambientalistas.

Analizó el proyecto de ley que regula la restitución de bienes culturales a Estados que acrediten haber sido despojados ilícitamente entre 1815 y 1972. El texto establece un procedimiento administrativo para autorizar la salida de dichos bienes del dominio público y su devolución al país de origen. Incluye la creación de un comité científico y la obligación de consultar a las entidades públicas propietarias cuando corresponda.

El objetivo declarado de la app era "proteger a las mujeres contra relaciones riesgosas". En la publicidad y en sus redes sociales, Tea prometía que las usuarias podrían consultar reseñas anónimas y verificadas de otras mujeres, recibir alertas sobre antecedentes negativos o comportamientos problemáticos, usar filtros inteligentes para evaluar posibles parejas, participar en una comunidad de apoyo basada en la honestidad y el consentimiento.

Acogió el recurso de casación del condenado al considerar que el acusado desconocía la edad real de la adolescente y el delito no contempla modalidad culposa.

Fallo prioriza el interés superior del niño y respeta acuerdo previo de neutralidad religiosa entre progenitores.

Pondrá en marcha un programa piloto que autoriza a los funcionarios consulares a exigir fianzas económicas de hasta 15.000 dólares estadounidenses a algunos solicitantes de visas B-1 (negocios) y B-2 (turismo), provenientes de determinados países. Esta medida, de carácter temporal y con duración de doce meses, busca evaluar la factibilidad operativa y legal de utilizar garantías financieras como mecanismo para asegurar el cumplimiento de las condiciones migratorias establecidas por la normativa vigente.

Resolvió no proceder penalmente contra la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni por la repatriación del ciudadano libio Osama Almasri Njeem, requerido por la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, prosigue la acción penal respecto de otros altos funcionarios gubernamentales. El caso plantea interrogantes sobre los deberes de cooperación con la CPI conforme al Estatuto de Roma.

Se pronunció sobre la constitucionalidad de varias disposiciones de la ley relativa a la lucha contra el antisemitismo en la educación superior. El análisis se centró en aspectos disciplinarios introducidos en el Código de Educación. Las disposiciones impugnadas fueron consideradas conformes a la Constitución, en tanto se ajustan al principio de legalidad y no vulneran otras garantías fundamentales.

Confirmó la condena por un delito contra la propiedad industrial. El recurrente fue hallado responsable de comercializar productos que simulaban ser de la marca Louis Vuitton sin autorización. La Sala desestimó los dos motivos de apelación: la supuesta inexistencia de inducción al error y la presunta errónea cuantificación del perjuicio económico. Así, mantuvo la pena de prisión e indemnización dictadas en primera instancia.

Precisó que una sanción calificada como administrativa en Derecho nacional puede ser considerada penal al tenor del Derecho de la Unión si así lo exigen la naturaleza de la infracción o la gravedad de la pena. Esta calificación permite aplicar el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, incluso durante un recurso de casación, cuando este forma parte del desarrollo ordinario del proceso.

La sentencia ratifica que la falta de consentimiento es el elemento clave del delito, independientemente de la existencia de violencia o intimidación.

El incidente en Boston plantea interrogantes sobre los derechos de las personas afectadas. Que instrumentos las protegen antes las consecuencias que puede generar la divulgación de sus imágenes.

Multó con 1 millón de euros a la empresa Shein por incumplimiento de la normativa comunitaria relativa a prácticas comerciales desleales. La investigación concluyó que la compañía difundió mensajes sobre la presunta reciclabilidad de sus productos y uso de materiales sostenibles sin la debida acreditación. Esta decisión se enmarca en la aplicación de la Directiva 2005/29/CE en territorio italiano.

La Ley de Educación Superior (Libertad de Expresión) de 2023 introduce nuevas obligaciones para las instituciones universitarias, con el objetivo de fortalecer la libertad académica y establecer mecanismos sancionatorios ante su vulneración. La normativa también incluye prohibiciones sobre acuerdos de confidencialidad en casos de abuso sexual en campus universitarios y suprime una disposición que permitía demandas civiles por incumplimiento del deber de protección de la libertad de expresión.

Rechazó la acción extraordinaria de protección presentada contra la decisión de una comunidad que resolvió una controversia por la titularidad de un predio ubicado dentro de su territorio ancestral. Precisó que los conflictos que afectan la convivencia y la paz comunitaria constituyen materia de conocimiento exclusivo de las autoridades designadas por la Asamblea General de la respectiva comunidad, incluso cuando las personas involucradas no sean miembros de ella.

No pueden ampararse en una afluencia masiva e imprevisible de solicitantes de asilo para no proporcionar condiciones materiales de acogida que garanticen un nivel de vida adecuado. Incluso en situaciones de saturación temporal de los centros de acogida, las autoridades deben atender las necesidades básicas, incluidas la alimentación, la higiene y el alojamiento. La omisión de esta obligación puede constituir una infracción suficientemente caracterizada que genere responsabilidad del Estado miembro.

Interpuso una acción judicial ante la Corte Suprema estatal solicitando la destitución del representante Gene Wu, a quien atribuye la organización de la ausencia de legisladores demócratas durante una sesión sobre redistribución de distritos, la cual fracasó por falta de cuórum. Alega abandono de funciones y una posible obtención de beneficios indebidos por parte de legisladores democratas.

La Cámara Federal de Salta confirmó la decisión de mantener a la condenada en un anexo del Instituto Correccional de Mujeres, citando preocupaciones de seguridad y cuestionando la autenticidad de su identidad de género.

Se reconoció la existencia de acoso laboral colectivo en el entorno de trabajo de una empresa del sector de la moda, lo que motivó la extinción del contrato de una trabajadora y el pago de la correspondiente indemnización. El fallo estableció que la empleadora incurrió en graves deficiencias en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, en especial en lo relativo a riesgos psicosociales.

El fallo confirma tanto el veredicto de un jurado como una orden judicial permanente que impone restricciones a las prácticas comerciales de Google en su ecosistema Android por abuso de posición dominante. El tribunal consideró que Epic Games presentó un caso jurídicamente distinto al litigio anterior contra Apple, legitimando así sus alegaciones específicas sobre el sistema Android y su modelo de adquisición de aplicaciones.

Ha interpretado los límites jurídicos en la designación legislativa de países de origen seguros. Esta práctica, permitida por la normativa de la UE, requiere garantizar el acceso del solicitante de protección internacional y del órgano jurisdiccional a las fuentes que respaldan dicha calificación. La decisión responde a una remisión prejudicial relacionada con un procedimiento sumario aplicado a dos nacionales de Bangladesh en territorio bajo jurisdicción italiana.

Desestimó dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Estabilización Financiera del Seguro de Enfermedad Obligatorio (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz). Las impugnaciones apuntaban a disposiciones que imponen restricciones económicas a la industria farmacéutica, tales como descuentos obligatorios, prórrogas de moratorias y limitaciones al reembolso por medicamentos nuevos. El Tribunal concluyó que las medidas son constitucionalmente admisibles en su conjunto.