Internacional

Equipara omisión deliberada con uso activo de la fuerza, confirmando condena de 25 años a Salvatore Delligatti. Sienta precedente que podría aplicarse en futuros casos de delitos violentos. Alegaba que un delito por omisión no implicaba "uso de la fuerza".

Falla a favor de Giuseppe Morabito, de 89 años, por aplicación prolongada de medidas restrictivas. No se encontró violación respecto a la permanencia en prisión y el tratamiento médico, pero si en relación al régimen especial carcelario del artículo 41 bis ante el evidente deterioro cognitivo de Morabito.

Se presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York en la que el gobierno de Donald Trump alega que diversas normativas estatales relacionadas con la inmigración violan disposiciones constitucionales y estatutarias federales. La acción judicial plantea una controversia en torno al alcance de la Cláusula de Supremacía y las competencias concurrentes entre autoridades locales y federales en materia migratoria.

Invocó el principio de inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio conforme al derecho internacional consuetudinario y la Convención de Viena. El fallo establece que esta inmunidad se mantiene vigente aun frente a acusaciones por crímenes de guerra o de lesa humanidad, salvo en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Estimó que la inmunidad se evalúa en función del estatus de jefe de Estado en la fecha en que se emitió la orden de arresto, no en una fecha posterior.

Dictó sentencia contra dos excomandantes de las milicias Anti-balaka, imputados por actos cometidos durante el conflicto armado interno en la República Centroafricana entre 2013 y 2014. El tribunal estableció su responsabilidad penal individual por incurrir en graves crímenes contra poblaciones musulmanas, conforme al Estatuto de Roma.

Analizó la compatibilidad de esta medida con el Derecho constitucional francés y el Derecho de la Unión Europea, especialmente con la Directiva 2001/29/CE relativa al agotamiento del derecho de distribución. El dictamen identifica limitaciones jurídicas en el marco del derecho de la Unión Europea, especialmente en lo relativo al mercado único y la libre circulación de bienes en la Unión Europea.

Confirmó la invalidez formal de un testamento otorgado en la sede consular de España en Buenos Aires por un ciudadano español. El pronunciamiento enfatiza la obligatoriedad de cumplir con las formas testamentarias previstas en el derecho interno, incluso en casos de intervención consular extranjera dentro del territorio nacional.

Dictó sentencia unánime confirmando la constitucionalidad de las disposiciones penales que prohíben la obtención de servicios sexuales y los beneficios económicos derivados de su comercialización. En su análisis, el alto tribunal concluyó que los artículos 286.2 y 286.3 del Código Penal no vulneran el derecho a la seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual, reconocido en el artículo 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. La resolución se enmarca en el objetivo legislativo de reducir la demanda de servicios sexuales y prevenir la explotación, considerando ilegítima cual

Determinó que las entidades públicas que bloquean a ciudadanos en sus páginas oficiales de redes sociales vulneran su derecho a la libertad de expresión. La decisión se dictó tras una acción de protección interpuesta por una persona a la que se le impidió comentar en la cuenta oficial de Facebook de una alcaldía. La Corte concluyó que la administración pública no justificó adecuadamente dicha limitación, y que las redes sociales institucionales deben regirse por parámetros constitucionales claros y respetuosos de los derechos fundamentales.

Resolvió descalificar a tres abogados de un estudio jurídico por presentar citas jurisprudenciales inexistentes en escritos judiciales, generadas mediante la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. La decisión fue adoptada en el contexto de un caso presentado por un interno de una prisión estatal de Alabama. La jueza dictó la sanción tras constatar que los profesionales incumplieron los estándares mínimos de diligencia profesional exigidos en litigios federales.

Acogió una medida cautelar solicitada por un progenitor que busca proteger la imagen e intimidad de su hijo menor de edad. La decisión ordena a la madre del niño abstenerse de difundir contenido audiovisual del mismo en plataformas digitales y redes sociales. La medida se fundamentó en la exposición reiterada del menor sin el consentimiento paterno, con presuntos fines promocionales.

Tras confirmar la implicación del banco Credit Suisse en una infracción del derecho de la competencia por su participación en prácticas colusorias en el mercado de divisas G10, el Tribunal General de la Unión Europea decidió rebajar la sanción económica de 83,2 a 28,9 millones de euros, al constatar que la Comisión Europea empleó datos incompletos para calcular el valor de las ventas de la entidad.

Según la investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), los fondos fueron utilizados para compras personales como corbatas, paraguas, gafas de realidad virtual y hasta 129 botellas de vino, en el periodo comprendido entre 2009 y 2018.

Aprobó el proyecto de ley GENIUS, iniciativa que establece un marco normativo federal para las denominadas stablecoins o monedas estables. Con 308 votos a favor y 122 en contra, el texto recibió apoyo bipartidista y se encamina a la firma presidencial. Introduce requisitos específicos sobre respaldo en activos y abre paso a nuevas regulaciones para el sector de criptoactivos. La iniciativa representa un precedente normativo en una materia hasta ahora regulada de forma dispersa a nivel estatal.

Confirmó una resolución que habilita el desbloqueo de un teléfono móvil mediante reconocimiento facial o escaneo del iris, pese a la oposición del acusado. El tribunal consideró que la medida no vulnera derechos fundamentales del imputado. El fallo profundiza el debate sobre el uso de datos biométricos en investigaciones penales y su compatibilidad con las garantías constitucionales como el debido proceso.

Los demandantes argumentan que la influencer difundió afirmaciones falsas y lesivas sobre su vida privada y antecedentes personales. El caso se desarrolla en paralelo a otros procedimientos judiciales iniciados en Francia por hechos similares. La controversia incluye acusaciones relacionadas con el sexo de Brigitte Macron y teorías conspirativas sobre la carrera política del mandatario francés. Solicitan una indemnización punitiva y juicio por jurado.

Estimó que la actuación del donatario que impide el acceso a la vivienda usufructuada por el donante, mediante un cambio unilateral de cerradura, vulnera gravemente los derechos del usufructuario y revela una actitud incompatible con la gratitud exigida en una donación. El fallo reconoce el derecho del donante a revocar la donación y reafirma el valor jurídico del respeto al usufructo como límite al poder del donatario.

Confirmó la desestimación de una serie de demandas interpuestas por víctimas de atentados en Afganistán, en las que se acusaba a entidades bancarias internacionales de complicidad con grupos terroristas. La resolución se basa en la interpretación restrictiva de la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA), particularmente tras el precedente sentado por la Corte Suprema en el caso Twitter, Inc. v. Taamneh.

Se presentó un proyecto de ley que propone incorporar principios como la transparencia algorítmica, la trazabilidad y el derecho a intervención humana en decisiones automatizadas sobre manipulación de datos. El texto busca reformar la Ley de Protección de los Datos Personales en línea con estándares internacionales sobre protección de datos y sistemas de inteligencia artificial.

La Cámara rechazó la demanda presentada por una paciente que acusó de negligencia médica a una clínica y a la profesional que le practicó una ligadura de trompas, debido a que igualmente quedó embarazada por posterioridad. El tribunal sostuvo que no se acreditó conducta negligente, imperita o imprudente en la práctica quirúrgica ni vulneración al deber de información.

Declaró inconstitucional la normativa que limita el uso de baños públicos conforme al sexo asignado al nacer. La decisión se basa en la afectación desproporcionada que esta medida genera sobre los derechos fundamentales de las personas transgénero. La sentencia ordena al gobierno revisar su legislación en el plazo de un año, en concordancia con los estándares de privacidad e igualdad. La resolución se enmarca en un proceso más amplio de reformas legales sobre identidad de género en la región administrativa especial de Hong Kong.

Estados Unidos ha notificado oficialmente su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), decisión que entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2026. El Departamento de Estado justificó la medida con base en principios de política exterior y discrepancias normativas con la admisión del Estado de Palestina como miembro. Este acto marca la tercera desvinculación del país respecto a organismos de la ONU desde la promulgación de una orden ejecutiva presidencial en febrero.

Ha condenado a Turquía por violar los derechos fundamentales de 239 personas, al considerar ilegal sus condenas por presunta pertenencia a una organización terrorista, basadas exclusivamente en el uso de la aplicación de mensajería cifrada ByLock. Este fallo confirma un patrón sistemático de enjuiciamientos arbitrarios tras el intento de golpe de Estado de 2016. La decisión reitera lo ya establecido en el caso Yüksel Yalçınkaya, exigiendo una revisión profunda del sistema judicial turco. Se abre así la puerta a miles de revisiones judiciales.

Resolvió que la empresa Open Artificial Intelligence infringió la marca registrada OpenAI al utilizar una denominación marcaria casi idéntica tras el lanzamiento comercial de ChatGPT. Así, ordenó el cese del uso de la marca “Open AI” y canceló su registro por considerarlo fraudulento. La jueza concluyó que existió intención por parte de la demandada de aprovechar el reconocimiento de OpenAI en el mercado para obtener beneficios indebidos.

Ordena indemnización millonaria por captar y difundir imagen de persona desnuda dentro de su domicilio.

La normativa establece sanciones penales, económicas y administrativas a los médicos que la infrinjan. Se enmarca en un contexto nacional de reformas similares en otras jurisdicciones estadounidenses, en medio de disputas constitucionales pendientes ante tribunales locales y federales. Organizaciones civiles han anunciado su intención de impugnar la normativa ante los tribunales.

Los demandantes alegaron haber sido sometidos a trabajo forzoso en plantaciones de cacao de Costa de Marfil. La acción legal buscaba establecer la responsabilidad de diversas empresas multinacionales, entre ellas Nestlé y Hershey, bajo normativa federal relativa a la trata de personas. El fallo confirma que no se logró acreditar un nexo causal suficiente entre las demandadas y los hechos denunciados.

En el presente caso, la Corte protegió los derechos de una mujer y su hija menor de edad, quienes seguían expuestas a su agresor debido a la falta de seguimiento y ejecución de medidas de protección. La Comisaría, el Juzgado de Familia y la Policía fueron señalados por omitir su deber de actuar con diligencia y eficacia. La Corte ordenó protección permanente y medidas concretas para garantizar la seguridad de las víctimas.

Los demandantes, entre ellos tres parlamentarios británicos, alegaron que el Gobierno no investigó adecuadamente las denuncias contra Rusia ni protegió el proceso democrático. El Tribunal reconoció la seriedad del problema, pero valoró que el Reino Unido adoptó medidas legislativas y operativas suficientes. Según la sentencia, no se violó el derecho a elecciones libres.

En una opinión consultiva histórica, la CIJ determina que el cambio climático es causado inequívocamente por la actividad humana y que los países tienen la obligación legal de prevenirlo, cooperar entre sí y reparar daños. Naciones Unidas lo califica como un triunfo para la justicia climática y los derechos de las futuras generaciones.